Página/12 en Francia
Por Eduardo Febbro desde París
 Si
el augusto general escapó de la red judicial que lo había atrapado en la
capital británica fue gracias a un pacto secreto. Santiago, Madrid,
París, Bruselas y Berna se habían puesto de acuerdo desde hacía algún
tiempo para que ninguno de los países europeos que había pedido la
extradición de Pinochet se interpusiera en el camino de la libertad
presentando recursos. La solidaridad europea hacia España, cuyas
relaciones con Chile son necesarias y óptimas, aparece como la espina
dorsal de un pacto en el que los contenidos fueron variando a medida que
se acercaba la fecha de las elecciones chilenas. Varios observadores
discretos señalan en París hasta qué punto era �primordial� que
Ricardo Lagos asumiera la presidencia sin el estorbo de un Augusto
Pinochet bajo arresto.
Solidaridad europea y solidaridad política entre gobiernos y candidatos
socialistas cimentaron una conducta que, sin embargo, tropezó con lo
inesperado: todo funcionó a la perfección hasta que Bélgica, por
razones de política interior, rompió los términos del acuerdo sumando
su voz a la de las víctimas y de las organizaciones no gubernamentales
como Amnistía Internacional. Las razones por las cuales Bruselas salió
del pacto están claramente expuestas en las declaraciones que hizo al
respecto el canciller belga Louis Michel: dada la situación en la que se
encontraba Bélgica en el plano internacional luego de los escándalos
ligados al paidófilo Dutroux y al escándalo de los pollos intoxicados
con dioxina, �Bélgica necesita tomar una iniciativa de envergadura�.
Doble iniciativa de hecho: la primera con Pinochet, la segunda con el
ingreso de la extrema derecha de Haider al gobierno de Austria. Bruselas
fue en ese momento el primer y único país miembro de la Unión Europea
que pidió sanciones y una �estrecha vigilancia� inmediatas contra
Viena. Casi de carambola, según aseguran hoy los observadores locales,
Augusto Pinochet le sirvió al gobierno belga para �aislar� a la
extrema derecha flamenca que tantos dolores de cabeza suele ocasionar en
el país.
Pero como las ovejas siempre vuelven al rebaño, el gobierno belga hizo
saber finalmente que no recurriría la decisión de Straw. Doble lenguaje,
doble actitud. Los defensores de las familias de desaparecidos explican
que, al igual que el francés, los Estados europeos que pidieron la
extradición de Pinochet �se apoyaron en los jueces de instrucción
dejándoles las manos libres y transmitiendo a Londres sus demandas
judiciales�... Pero nada más. Una perfecta campana con dos sonidos.
Sophie Thonon, la abogada francesa que defiende a varios familiares de
desaparecidos, no pudo ser más clara cuando declaró a Página/12 que,
�por razones políticas, lo que se hizo en realidad fue negociar la
impunidad�.
Por lo pronto, si bien el dictador chileno logró escaparse de la justicia
real, todo parece indicar que, el menos en París, Pinochet correrá la
misma suerte que el capitán Astiz, es decir, ser condenado en ausencia
por los tribunales franceses. Contrariamente a España, en Francia existe
la figura legal de la condena en ausencia y los medios judiciales de la
capital francesa destacaban ayer que �existen suficientes cargos y
pruebas como para que Pinochet sea presentado ante un tribunal francés
con los cargos de �complicidad de secuestro acompañado de torturas��.
Tal vez Augusto Pinochet pueda mirar su propio juicio por la televisión
como lo hizo Astiz en la Argentina. Libre.
REPORTAJE A REED BRODY, DE
HUMAN RIGHTS WATCH
�La voluntad de los Estados es
clave�
Por M. J.
�Estamos
decepcionados, pero han sucedido cosas que antes del arresto de Pinochet
eran inimaginables.� Reed Brody es el director de campañas de Human
Rights Watch, una de las seis organizaciones de derechos humanos que
participó desde el comienzo en el caso Pinochet. En diálogo telefónico
con Página/12, Brody analizó la decisión de Jack Straw y el impacto que
el caso tiene en el derecho internacional y en el futuro de los derechos
humanos.
�Insuficiente pero positivo. ¿No es una especie de consuelo ante la
derrota?
�La decisión de Straw es decepcionante para nosotros y aún más para
las víctimas. Pero creo que hay que rescatar lo bueno de este caso. Hay
que rescatar que Pinochet fue arrestado, que la máxima instancia de la
Justicia británica le negó dos veces inmunidad como ex jefe de Estado,
que cuatro Estados pidieron su extradición y que sus crímenes fueron
expuestos en el tribunal de extradición.
�Eso es lo positivo. Lo negativo es la fuerte sospecha de que Pinochet
no enfrentará a la Justicia y que está libre gracias a un acuerdo
político entre Gran Bretaña, España y Chile.
�Es cierto. No se puede saber si hubo o no mala fe, pero lo mejor
hubiera sido que el caso se dirimiese en la Corte para evitar toda
sospecha de falta de transparencia. Al mismo tiempo es claro que los
exámenes médicos, con los que nosotros podemos discrepar porque no nos
parecen del todo convincentes, demuestran que Pinochet sufre problemas
físicos y también mentales. Los cuatro países no están de acuerdo con
la conclusión que sacó el ministro del Interior: que Pinochet no estaba
en condiciones de ser sometido a juicio. En esta discrepancia hay margen
para pensar que el final del caso se decidió por razones políticas. Pero
vuelvo a lo que decía antes. Lo que hicieron los británicos al
arrestarlo el 16 de octubre del �98 no lo hubieran hecho muchos países.
Otros hubieran dilatado el proceso, y le hubieran dado la oportunidad de
escaparse. A la inversa, si ahora sí se está haciendo, es porque en su
momento lo hizo Gran Bretaña. Acabo de volver de Africa. El reciente
arresto en Senegal del ex presidente del Chad Hissein Habré, por
crímenes de lesa humanidad que incluyen la tortura, cometidos durante su
presidencia entre 1982 y 1990, es claro al respecto.
�¿Cómo se puso en marcha ese caso?
�La presidenta de la Asociación de Derechos Humanos del Chad estaba en
Nueva York y vino a verme para ver qué se podía hacer teniendo en cuenta
que Habré residía en Senegal, uno de los países en Africa donde sí se
podía pensar en juzgarlo. Mandamos dos investigadores a trabajar con ella
y su equipo para buscar todas las pruebas posibles, que presentamos en
enero. Sobre esta base, Habré fue acusado, está bajo arresto
domiciliario, y el juez instructor está haciendo su investigación. Esto
no hubiera sucedido de no haber sido por el caso Pinochet.
�¿Existe entonces un antes y después del arresto de Pinochet desde el
punto de vista del derecho internacional?
�Las leyes estaban pero faltaba que un tribunal las aplicara. La
Convención contra la Tortura fue firmada en 1984 y más de 100 países la
han incorporado a su legislación. Esta convención es clara: obliga a los
signatarios a arrestar a alguien acusado de tortura, sea de la
nacionalidad que fuere. A pesar de esta ley, hasta el 16 de octubre de
1998 los acusados de tortura se desplazaban tranquilamente por el planeta.
Esto ha cambiado. Y creo que de alguna manera se completó un círculo. La
represión que lideró Pinochet generó una condena internacional que
nutrió el movimiento de derechos humanos y contribuyó a la adopción de
tratados como la Convención contra la Tortura.
�Pero en última instancia, ¿no sigue dependiendo de la voluntad
política de los países?
�En derecho no se puede utilizar el derecho nacional para eludir una
obligación internacional. No se puede decir que se ha firmado un tratado
internacional, pero que la ley del estado de Nueva York, por ejemplo, no
me permite aplicarla. Ahora bien, evidentemente muchos países lo hacen,
con Estados Unidos a la cabeza. Es decir, que la voluntad política de los
estados sigue jugando un papel. Lo que pasa es que con este caso se
demuestra por primera vez que la voluntad política puede servir para que
se aplique la ley: es el coraje que tuvo España para solicitar la
extradición, Gran Bretaña para realizar el arresto y Francia, Bélgica y
Suiza para añadir sus propios pedidos de extradición.
OPINION
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