Por L.B.
 Apenas
despegó de Londres el avión que traía de regreso a Pinochet, los
abogados Hugo Gutiérrez, Eduardo Contreras, Carmen Hertz, Alfonso
Insunza, Hiram Villagra, Boris Paredes y el diputado socialista Juan
Bustos presentaron ante el juez Juan Guzmán Tapia el pedido de desafuero
del ex dictador de su cargo como senador vitalicio. �La realización de
este juicio servirá para demostrar si los poderes institucionales pueden
más que los poderes de facto en Chile, luego de tantos años de
transición�, explicó a Página/12 Hugo Gutiérrez, el abogado que
lleva la causa de la Caravana de la Muerte y que es el argumento puntual
para la solicitud contra Pinochet que será elevada el lunes a la Corte de
Apelaciones de Santiago. �La forma en que llegó el viernes Pinochet a
Chile demostró que no fue liberado por razones humanitarias, sino por una
negociación política entre el gobierno chileno y los gobiernos europeos,
porque de lo contrario tendría que estar preso. Que haya sido así es una
verdadera pena porque demuestra que lo político se superpuso a la
vigencia de los derechos humanos�, sostiene.
�¿Usted piensa que las instituciones de Chile están en condiciones de
llevar a juicio a Pinochet?
�Yo creo que el Poder Ejecutivo, y estoy hablando del gobierno que
asumirá la próxima semana, es decir, fundamentalmente Ricardo Lagos,
deberá transformarse en un garante de la autonomía y la independencia
del Poder Judicial, porque sin lugar a dudas de parte de los poderes de
facto, principalmente del Ejército de Chile, se hace todo lo posible para
darle impunidad a Pinochet en los crímenes que cometió. En consecuencia,
si el Poder Ejecutivo no tiene voluntad para enjuiciar a Pinochet, se
confirmará la impunidad de sus crímenes.
�¿Cuánto puede durar el proceso de desafuero?
�Yo creo que se va a demorar más o menos unas cuatro semanas. Estas
semanas son las más trascendentales para la justicia chilena y para la
transición democrática, porque demostrará a otros tribunales que ellos
están para proteger los derechos de las personas y sancionar a todos
aquellos que infringen la normativa que se ha dado en todo el país.
�Luego de esas cuatro semanas, si se aprueba el desafuero, ¿el juez
pedirá el encarcelamiento de Pinochet?
�No, después que Pinochet sea desaforado, el juez Juan Guzmán tendría
que tomar las decisiones en cuanto a si lo somete a proceso o no, pero esa
ya es una decisión del juez Guzmán. Lo que es importante y hay que
recalcar es que no se trata solamente de una prueba de fuego para el Poder
Judicial sino también para nuestra transición democrática, para ver si
en definitiva se va a construir o no en nuestro país una democracia, si
el Poder Ejecutivo, los poderes establecidos, son capaces en nuestro país
de frenar a los poderes de facto.
�¿En qué consiste la acusación por la Caravana de la Muerte?
�Es por 19 secuestros calificados atribuidos a la comitiva militar que
encabezó el general (R) Sergio Arellano Stark, por orden de la Junta
Militar en los poblados de Cauquemes, La Serena, Copiapó y Calama.
�¿Por qué se eligió esa causa para el desafuero, pese a que hay otras
59 contra Pinochet donde se lo responsabiliza por torturas, desapariciones
y ejecuciones?
�En principio porque es donde tenemos antecedentes más sólidos para
juzgarlo, Arellano Stark actuó en calidad de oficial delegado de la Junta
Militar y ello tiene expresión dentro del Ejército Chileno y por lo
tanto es fácil demostrar que actuaba por mandato expreso de Pinochet. En
el escrito planteamos que los jefes de plaza de esos poblados vieron el
oficio firmado por Pinochet, por lo que pueden testimoniar su
participación criminal en las muertes y secuestros atribuidos a la
comitiva.
LOS CASOS QUE SIRVEN PARA
PEDIR EL DESAFUERO
La Caravana hacia los tribunales
Por L.B.
Por el caso de la
Caravana de la Muerte se encuentran en prisión preventiva el general (R)
Sergio Atrellano Stark y otros cinco oficiales, en tanto que hay otras 60
causas abiertas contra el dictador Augusto Pinochet después de que ayer
se presentara la querella número 61 en la capital chilena por el
secuestro y desaparición de dos estudiantes de Sociología de la
Universidad de Santiago en 1974. Todas estas querellas se presentaron a
partir de 1998, después de que Pinochet fuera detenido en Londres en
octubre de ese año, y están a cargo del magistrado Juan Guzmán.
La primera de ellas fue presentada por la secretaria general del Partido
Comunista, Gladys Marín, por el secuestro de su esposo Jorge Muñoz y
otros militantes de esa agrupación. En esta causa que debió sortear
numerosas dificultades hay en este momento siete ex oficiales de la
disuelta Dirección Nacional de Investigaciones (DINA) sometidos a proceso
por el delito de secuestro calificado. La tercera causa fue presentada por
la Asociación de Familiares de Desaparecidos, e incluye los casos de 1196
detenidos desaparecidos durante la dictadura.
La querella número 59 fue presentada en enero del año pasado por el
abogado Eduardo Contreras, y se refiere a la aplicación de torturas a 643
presos políticos durante la dictadura. Esta acusación estaría cubierta
por la Ley de Amnistía e incluso por la prescripción y no hay detenidos
ni citados. La querella número 40 fue presentada en setiembre de 1999 por
el abogado Fernando Bravo. Fue la primera que habló de asociación
ilícita genocida con respecto de Pinochet y otros jefes militares, y se
refiere a la llamada Operación Colombo que sirvió para encubrir el
asesinato de 119 presos políticos. Los presos murieron por torturas en
Chile, y en 1975 se los hizo aparecer como muertos en Argentina en
enfrentamientos internos, gracias a la colaboración de agentes argentinos
que actuaban con la Triple A.
OPINION
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