El ministro del Interior británico Jack Straw liberó a Pinochet. Pensará que en materia de �razones humanitarias� uno tiene más que muchos otros. Este ex izquierdista se ha permitido además advertir que �toda tentativa de proceso a una persona en el estado en que se encuentra el senador Pinochet no sería equitativa en país alguno�. Es decir, tampoco en Chile. No se ha escuchado hasta el momento protesta alguna del gobierno chileno ante esta nueva intrusión del principio de extraterritorialidad que tanto combatió en aras de regresar al dictador a Chile. Los próximos genocidas no tendrán problema: bastará que se descuiden y dejen agarrar sólo cuando están viejos, y que tengan �o finjan tener� un Alzheimer para eludir a la Justicia.
Se ha visto que Pinochet está bastante menos enfermo de lo que afirmó y reiteró Jack. También se ha visto que la gravemente enferma es esta clase de democracia que solemos padecer. Los muy democráticos gobiernos de Francia, Bélgica y Suiza, que habían pedido asimismo la extradición de Pinochet para juzgarlo, �se decepcionaron�, �deploraron�, pero declinaron cuestionar la decisión de Straw. Lo mismo el gobierno español, claro está. Y todos propinaron a las víctimas del general frases de compasión tintas en una hipocresía íntima amiga de la obscenidad. Straw es autor de otra frase conspicua: �Un proceso contra el senador Pinochet, por muy deseable que fuera, no es posible�. Hace mucho que los democráticos gobiernos del Cono Sur que supimos conseguir han llevado a la práctica esta idea y el justo castigo a los represores locales no es posible. Como se observa, la globalización no es una cuestión meramente económica que bajó del Norte. Se ha producido una globalización de la impunidad que subió del Sur.
El presidente electo de Chile, Ricardo Lagos, ha sostenido la necesidad de que Pinochet sea juzgado en Chile. Al día siguiente, el canciller en ejercicio, Juan Gabriel Valdés, consideró que, si el supuesto atacado de Alzheimer se retirase de la vida política, �es muy probable que no sea enjuiciado�. El 1º de marzo último, el nuevo presidente del Uruguay, Dr. Jorge Batlle, pronunció palabras alentadoras para los familiares de los conciudadanos desaparecidos. Al día siguiente, su ministro de Defensa, Luis Brezzo, hombre siempre del ex presidente Sanguinetti, reiteró que el tema está laudado por la amnistía y que lo mejor es �dar vuelta la página�. Es una página difícil de voltear: está cargada de torturas, asesinatos y robos de niños. Este también ex izquierdista �combativo dirigente gremial en las huelgas bancarias de 1968/69 y cofundador del Frente Amplio en 1971 antes de emigrar al Partido Colorado gobernante en 1982� fue ministro en los dos gobiernos del Dr. Julio María Sanguinetti y tal vez crea que no hay razones para conocer la verdad sobre los desaparecidos porque las leyes perdonadoras promulgadas por los gobiernos democráticos han absuelto a los culpables de esos crímenes. En ese pensamiento, muy extendido en el Río de la Plata, subyace una ignorancia jurídica: la desaparición forzada de personas es un delito que sólo cesa cuando la persona secuestrada aparece. Y también un desdén por la verdad,ese que sigue castigando a los familiares de los desaparecidos y es sordo a toda razón humanitaria.
Uno de los primeros actos de la Revolución Francesa de 1789 fue proclamar la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, según la cual derechos humanos y derechos políticos son partes inescindibles de un mismo tejido universal. Para nuestras democracias, ya no: han desterrado a los derechos humanos de la esfera de los derechos ciudadanos y poco se cuidan de proteger el más elemental de los derechos: el derecho a la vida. El Dr. De la Rúa dijo no hace mucho que el Estado argentino, cuya gestión heredó, no sirve para nada. Un Estado democrático que abriga la impunidad de los genocidas que atentaron contra la democracia tampoco sirve para nada y deposita una capa de inutilidad sobre otra. Los gobiernos democráticos entregados a ese ejercicio son hoy responsables ante miles de dolores. Mañana, ante la Historia.
Cabe preguntarse de qué calidad es una democracia cuyos gobernantes se empeñan en preservar a los genocidas de todo castigo. Antes se acostumbraba a decir que la revolución se devora a sí misma. Hoy se podría decir lo mismo de esta clase de democracia. Pinochet goza de más derechos humanos que sus víctimas. El general Cabanillas y sus camaradas represores de Orletti gozan de más derechos humanos que sus víctimas. El teniente coronel José Nino Gavazzo, jefe del personal uruguayo que en el marco del Plan Cóndor secuestró, torturó y desapareció a decenas de sus compatriotas en Orletti, goza de más derechos humanos que sus víctimas. Así va la cosa.
Cabe además preguntarse de qué habla esa urdimbre íntima, hasta ahora irrompible en el Cono Sur, hecha de represores y de líderes políticos que los encubren. ¿Del autoritarismo de castas dirigentes civiles que ha ido contaminando al estamento militar? ¿Al revés? ¿Se alimentan mutuamente? ¿Se trata del carácter mismo de estas democracias, cuyos ciudadanos carecen totalmente de la capacidad de controlar paso a paso �y no cada 4, 5, 6 años� la realización de las promesas que han votado, lo que extiende las tentaciones y el espacio del autoritarismo civil? ¿Acaso ocurre la continuidad civil del pensamiento militar? ¿O viceversa, según?

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