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Por Miguel Bonasso  Es
un libro gordo y pesado (1142 páginas), del que apenas existen en este
momento 20 copias encuadernadas a mano. Seguramente no será leído por el
gran público, pero es probable que desate una intensa polémica en el
ámbito jurídico. Se llama El Caso Cabezas. Análisis crítico de las
imputaciones contra Gregorio Ríos y Alfredo Yabrán y su autor es Marcelo
Sancinetti, un profesor de la UBA y la Universidad Torcuarto Di Tella, al
que se reconoce en el foro y en la academia como uno de los principales
teóricos del país en materia de derecho penal. El jurista fue contratado
por la familia Yabrán, para emitir un dictamen acerca de la etapa de
instrucción que condujo el juez José Luis Macchi y la Cámara Federal de
Dolores que luego tuvo a su cargo el juicio oral. El contrato incluyó una
cláusula de salvaguarda para ambas partes: el profesor Sancinetti exigió
trabajar con �absoluta independencia�, (lo que suponía la posibilidad
de un fallo adverso) y los contratantes se reservaron el derecho de
mantener oculto el dictamen en caso de que resultara negativo para los
hombres que pretendían reivindicar. Aunque la obra descarta las
habituales �conclusiones�, de su desarrollo se desprende que el
empresario y su custodio fueron procesados sin pruebas valederas. Por lo
tanto se publicará, como parte de una estrategia de bajo perfil
emprendida por la familia, para demostrar la inocencia de Yabrán y Ríos
en el asesinato de José Luis Cabezas. Página/12 tuvo acceso exclusivo al
trabajo, entrevistó al autor y reconstruyó la historia secreta de esta
guerra de baja intensidad.Después de que Alfredo Enrique Nallib Yabrán se pegó el escopetazo, el imperio que había creado se removió hasta los cimientos. Comenzó la lucha entre los procónsules y algunas 
miradas críticas se dirigieron hacia la misteriosa �Central�, el
núcleo oculto de las decisiones jurídicas, donde campeaban algunos
abogados que estuvieron preservados de la luz pública, como Pablo �El
Petiso� Medrano, ex fiscal del fuero penal-económico, que sucedió a
Rodolfo �El Duque� Balbín, muerto en un extraño accidente de moto.
Los viejos amigos del Duque sostuvieron que Medrano no tallaba a su altura
y que, de haber estado vivo el sobrino de Ricardo Balbín, las cosas
habrían terminado de otro modo. Le reprochaban al sucesor haber nombrado
defensor a Guillermo Ledesma, ex camarista del Juicio a las Juntas que, al
igual que otros ex jueces, sabía más de lobby que de estrategia y
cuidaba más su prestigio que la salvación del cliente. Preferían al
más frontal y combativo Pablo Argibay Molina, que la Central relegó y la
familia Yabrán olvidó, a pesar de que fue la cara visible (y solitaria)
en el escenario de la muerte. Esos mismos críticos sospechan que Medrano,
debilitado por la catástrofe judicial y deseoso de una revancha, elaboró
y propuso a la familia una estrategia tendiente a reivindicar la memoria
de Yabrán y lograr la libertad de Gregorio Ríos, hoy condenado a cadena
perpetua por el tribunal de Dolores.El primer paso consistía en �destrozar� la investigación judicial llevada a cabo por el juez José Luis Macchi y la propia Cámara Federal que luego conduciría el debate oral. Ese paso era importante porque conjeturaban que la Cámara (como finalmente ocurrió) ratificaría en su sentencia lo que había adelantado al confirmar la preventiva de Ríos. Medrano propuso entonces que se contratara a un jurista del país y a otros dos del extranjero, a los que nadie pudiera objetar su imparcialidad y su jerarquía profesional, para que analizaran la instrucción del Caso Cabezas. En el país fue elegido Marcelo Sancinetti, un estudioso del derecho penal que alcanzó notoriedad al oponerse a la ley de Obediencia Debida y al primer proyecto de ley del arrepentido que impulsó Eduardo Duhalde a raíz, precisamente, del Caso Cabezas y el atentado contra la AMIA. Un garantista que ha escrito sobre derecho penal y derechos humanos y no vaciló en elaborar otro dictamen crítico sobre el proceso seguido contra el ex gobernador de Córdoba Eduardo Angeloz, porque se opone a losjuicios sobre enriquecimiento ilícito de los funcionarios que, a su juicio, violan el estado de derecho. Sancinetti es profesor de derecho penal y procesal penal en la UBA y en la Universidad de Torcuato Di Tella y ha publicado diversos trabajos, varios de los cuales han sido traducidos al alemán. En Alemania, precisamente, llevó a cabo etapas fundamentales de su formación como becario de la fundación Alexander Von Humboldt. En el foro se lo considera un hombre ético, aunque difícil y no pocas veces irascible, al que no le importa quedarse en absoluta soledad por defender sus convicciones (ver entrevista). Medrano llegó a Sancinetti a través de un abogado que era amigo de los dos. Se reunieron y le propuso llevar a cabo el trabajo en un plazo de seis meses que luego se extendió a trece. Hubo algunas diferencias sobre la forma de pago, porque Sancinetti suele cobrar sus honorarios por hora con un reloj de ajedrez que las contabiliza, y propuso como garantía un mínimo y un máximo de horas. Medrano, en cambio, ofertó una cifra fija que el jurista aceptó y se fue liquidando en cuotas mensuales adelantadas. Ni Sancinetti ni las fuentes del grupo Yabrán que consultó este cronista quisieron revelar el monto que, según el profesor, fue menor al de los honorarios tarifados por hora. Después de trece meses, en los que navegó a lo largo de 46.600 fojas, correspondientes a 232 cuerpos de la causa, con la ayuda de un abogado y un pasante, Sancinetti entregó su dictamen que fue parcialmente utilizado por el defensor de Ríos, Jorge Sandro, en su alegato ante la Cámara de Dolores. El Caso Cabezas está dividido en dos partes. La primera analiza en 386 páginas El hecho principal y su significación jurídica y la segunda (que abarca el resto hasta la página 1142), la imputación a Gregorio Ríos como instigador. Esta segunda parte, a su vez, está dividida en dos �secciones�. La primera desmenuza las resoluciones de prisión preventiva dictadas sucesivamente por el juez Macchi y por la Cámara y la segunda se pregunta �¿Qué es lo que queda de la imputación contra Gregorio Ríos?�. A un lector lego en materia de derecho penal se le escaparán seguramente muchos aspectos doctrinarios, pero podrá valorar el rigor lógico del análisis que examina, hasta la minucia, testimonios, pruebas materiales e imputaciones, con argumentaciones que no pocas veces difieran con las de la defensa ejercida en su momento por Ledesma. Aunque sería imposible �en una lectura transversal y acuciada por el tiempo periodístico� dictaminar a fondo sobre este dictamen, al autor de esta nota le ha quedado la impresión de que la segunda parte es más elocuente que la primera. Especialmente el tramo referido al rechazo del hábeas corpus de Ríos, dictado por la Cámara, con fundamentos accesibles al sentido común, como la crítica a los jueces que convierten en instigador a todo aquel que no demuestre, por ejemplo, que las conversaciones que sostuvo con un sospechoso de homicidio (Gustavo Prellezo) �se debieron a un contenido distinto de la concertación del homicidio�. Lo que viola el principio de inocencia y la garantía del artículo 18 de la Constitución que exime al acusado de pronunciarse en causa propia sin ser tenido por culpable. La crítica se torna implacable en el análisis de las irregularidades más graves de la instrucción, como el interrogatorio a Prellezo por parte de los peritos psiquiátricos, y no disimula la ironía al cuestionar el voto emitido por el juez Raúl Begué, para dictar la preventiva a Ríos. Allí el magistrado enumera 29 �indicios� desconectados entre sí y tan ajenos al hecho principal como el viaje que Alfredo Yabrán hizo a Mar del Plata con su esposa, el 25 de enero de 1997, cuando fue asesinado en Pinamar José Luis Cabezas. El dictamen, concluido antes del juicio oral, sostiene categóricamente que no hubo ningún fundamento serio para encarcelar a Ríos y a Yabrán (�que fue conducido a su autodestrucción�) y vaticina lo que finalmente ocurrió, que el juicio oral convalidaría �las arbitrariedades ya cometidas�. Pronto una editorial de temas judiciales publicará el libro y entonces tendrán la palabra los especialistas.
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