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Por Adriana Meyer
Fue procesado Alderete, pero no Víctor sino Carlos, que también
fue interventor en el PAMI. Según afirman, el ex funcionario fue
designado por error cuando Carlos Menem terminó echando a Matilde
Menéndez y pidió que nombraran a “Alderete”. Se
refería a Víctor, pero le llevaron a Carlos, el ex ministro
de Trabajo de Raúl Alfonsín y ex secretario general de Luz
y Fuerza. La Cámara Federal porteña revocó la falta
de mérito que había dictado el juez Jorge Ballestero, y
lo procesó por defraudación y administración fraudulenta,
aunque sin dictarle la prisión preventiva, en la causa sobre irregularidades
detectadas en la remodelación del Hogar Viamonte. El PAMI otorgó
la obra por contratación directa a una empresa en 3,5 millones.
El caso fue investigado por el fiscal federal Miguel Angel Osorio.
Los camaristas Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín Irurzun
indicaron en la resolución –tomada a partir de la apelación
de Osorio a la medida dictada por Ballestero– que Alderete no justificó
la “urgencia” que invocó para soslayar la vía
de la licitación. “Valiéndose abusivamente de los canales
administrativos, se implementó un mecanismo que permitió
la contratación directa de Obrinter SRL, comprometiendo a la obra
social de los jubilados en la suma de 3,5 millones”, escribieron
los jueces de la Sala II del tribunal. Según ellos, esto se encuadra
en los delitos de defraudación y administración fraudulenta,
pero indicaron que los hechos también podrían estar comprendidos
en el delito de negociaciones incompatibles con la función pública.
Alderete manifestó en su descargo que “la decisión
de utilizar la infraestructura del Hogar Viamonte como un modelo de futuras
contrataciones de geriátricos fue política”.
La Sindicatura General de la Nación (Sigen) señaló
que “el método adoptado de contratación directa y la
adjudicación de la obra a la empresa Obrinter violó el Reglamento
de Contrataciones”. A través de la resolución 499/94,
dictada el 5 de julio de 1994, Alderete ordenó la realización
de los trabajos de remodelación con carácter de “urgente”,
es decir, en 90 días. El edificio, ubicado en Ituzaingó,
llevaba un abandono de más de 10 años, pero contaba con
los servicios básicos necesarios, incluyendo consultorios médicos,
sala de asistentes sociales y farmacia. El proyecto tenía previsto,
además de su reparación y adecuación integral, la
realización de obras nuevas: la ampliación de las playas
de estacionamiento, preparación de sectores destinados a una biblioteca,
un gimnasio y un conjunto de piscinas para pacientes ambulantes y semidependientes,
depósitos, una capilla y áreas destinadas a actividades
recreativas exteriores.
El ex gerente de Prestaciones Sociales del PAMI, Omar Roque Roccia, definió
al proyecto como “muy ambicioso y de características poco
usuales en el país”, y consideró que el sistema de
contratación “no resultaba el más adecuado”. La
subgerencia de Sumarios e Investigaciones cuestionó al director
de obra, Ricardo Kehiayan, por convocar a seis arquitectos, “ya que
el instituto tenía un plantel de profesionales especializados”.
La jefa de Estudios y Proyectos de la Subgerencia de Recursos Físicos,
Ana María del Huerto Nazar, declaró que fue presionada para
firmar el expediente, ya que habían modificado su planteo de utilizar
profesionales del PAMI. “¿No lo vas a firmar?”, contó
la funcionaria que le dijo su jefe, Mario Rossi. “No es lo que yo
redacté”, respondió ella, pero su superior insistió:
“Vos lo tenés que firmar”. El ex interventor del PAMI,
Antonio Maldonado, ordenó la instrucción de un sumario administrativo
por las “presuntas irregularidades en las obras realizadas”.
El otro procesado fue el director de obra, Ricardo Kehiayan, mientras
que los camaristas le confirmaron la falta de mérito al codirector,
Daniel Bascoy. Además ordenaron profundizar la investigación
para determinar la responsabilidad que tuvieron “todos aquellos funcionarios
que intervinieron en las diversas etapas de la tramitación del
expediente” de la polémica remodelación del Hogar Viamonte.
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