CONFIRMAN EL PROCESAMIENTO DE EX MILITARES POR EL ROBO DE BEBES
Nuevo juicio, quince años después

La Cámara Federal abrió el camino para que vayan a juicio oral Massera (condenado en 1985 y después indultado), Nicolaides, Bignone, Franco, Vañek, Suárez Mason, Sasiaiñ, el �Tigre� Acosta y Héctor Febres.

Por Adriana Meyer

Los nueve jerarcas de la dictadura que el juez Adolfo Bagnasco encarceló en la causa sobre la práctica sistemática de apropiación de bebés, hijos de desaparecidos, seguirán presos. Tal como anticipó Página/12 hace un mes, así lo determinó ayer la sala I de la Cámara Federal porteña al confirmar lo resuelto por el magistrado. De este modo, a 15 años del juicio a los ex comandantes, acaba de quedar despejado el camino para la elevación de la causa a juicio oral. Emilio Massera, Cristino Nicolaides, Reynaldo Bignone, Rubén Franco y Antonio Vañek, Carlos “Pajarito” Suárez Mason y Juan Bautista Sasiaiñ continuarán cumpliendo arresto domiciliario mientras que Jorge “Tigre” Acosta y Héctor Febres, permanecerán detenidos en unidades penales castrenses, hasta que todos deban sentarse otra vez en el banquillo del proceso público.
Los camaristas Luisa Riva Aramayo y Horacio Vigliani ratificaron lo esencial de la medida dictada por Bagnasco en setiembre y no se apartaron del criterio que establecieron hace un año cuando rechazaron todos los argumentos de los ex jefes militares, que pretendían que los delitos por los cuales se los acusa fueran declarados prescriptos y ya juzgados durante el Juicio a las Juntas. En aquella oportunidad, habían hecho algunas observaciones al juez con respecto a la forma en que fueron indagados los ex jefes militares. Por eso, Bagnasco –asistido por sus secretarios Olga Chaves y Gustavo Russo– los volvió a interrogar y ahora sus superiores se mostraron conformes.
Los camaristas analizaron los 38 casos de apropiación de menores que el juez utilizó para fundamentar la existencia de una práctica sistemática de robo de bebés de desaparecidos. Concluyeron que en once de ellos los testimonios que hay en el expediente se limitan a la privación ilegítima de la libertad, y en otro la menor habría fallecido pocos días después de su nacimiento. Por lo tanto, y tal como anticipó este diario, redujeron la cifra de casos que integran el plan sistemático (ver recuadro).

“La investigación ha logrado demostrar que durante el período señalado (1976-1980) se trasladó a algunas mujeres embarazadas provenientes de distintos centros clandestinos de detención a la ESMA a fin de que dieran a luz, separándolas posteriormente de sus hijos, y sin asentar formal y verazmente en los registros oficiales los nacimientos”, describe la resolución. Y agrega que “para instrumentar su cometido las más altas autoridades se valieron de los mandos inferiores”. Como autores mediatos de estos hechos fueron imputados Massera, ex comandante en jefe de la Armada y ex miembro de la primera Junta Militar; Vañek, ex comandante de Operaciones Navales; Acosta, jefe de Inteligencia de la ESMA; Héctor Febres, oficial de enlace entre la Prefectura y la Armada; Rubén Franco, Nicolaides y Bignone, integrantes de la última Junta Militar.
A Massera se le imputa la responsabilidad por la sustracción, retención y ocultación de diez menores nacidos en la ESMA durante el cautiverio de sus madres. La ESMA dependió operativamente de Vañek y los testimonios de los médicos navales Jorge Magnacco y Alberto Arias Duval señalaron la asistencia que prestó a los partos que tuvieron lugar “dentro de la clandestinidad de la ESMA”. Además, el “Tigre” Acosta refirió en su indagatoria que las órdenes emanaban de Vañek.
En su declaración, el ex marino Adolfo Scilingo indicó que Acosta era quien decidía el destino de los menores, y los testimonios de los sobrevivientes de la ESMA –Juan Gasparini, Lila Pastoriza, Sara Osatinsky, Ana Martí y Graciela Daleo, entre otros– también dieron cuenta de su capacidad de decisión. Esas y otras declaraciones indicaron que Febres era el encargado de comprar ropa para bebés y el que más trato tenía con las embarazadas. Osatinsky dijo que se ocupaba de separar a los hijos de las madres y sabía del destino de los niños. En el caso de Cecilia Viñas habría coordinado su traslado. Gasparini relató que lo vio salir con niños en brazos. A Franco, Nicolaides y Bignone se les imputa, como integrantes de la última Junta Militar y presidente de la Nación de facto, haber otorgado la garantía de impunidad que necesitaba el plan mediante la ley 22.924, más conocida como Ley de Autoamnistía, y el llamado Documento Final que determinó la muerte de todos los desaparecidos. Asimismo, a Nicolaides se lo acusa de haber ordenado la destrucción de documentación.
La resolución también da cuenta de los nacimientos clandestinos ocurridos en los centros Pozo de Banfield, comisaría V de La Plata, Automotores Orletti, Arana y La Cacha. Y, al igual que en el caso de la ESMA, el entonces comandante del Cuerpo I de Ejército Carlos Suárez Mason, también se valió de los mandos inferiores para “instrumentar su cometido” porque “esos centros clandestinos dependían funcionalmente del imputado”. En tanto, Juan Bautista Sasiaiñ, ex comandante de la Brigada de Infantería Mecanizada, también tuvo responsabilidad sobre esos campos como jefe de la subzona 11 del Ejército.
Los camaristas ratificaron la detención de los represores por “la particular gravedad de los hechos que se les imputan y la magnitud del daño causado”, por haberse valido para realizarlo de su condición militar, por la prolongación y permanencia de sus efectos en el tiempo y por la imposibilidad de reparación a las víctimas. Además, consideraron que si fueran excarcelados intentarían eludir la acción de la Justicia.
El fiscal del caso, Eduardo Freiler, expresó ante Página/12 su satisfacción por la resolución y aseguró que “es un paso importante hacia la pronta elevación a juicio oral”. Si bien aún están pendientes algunos recursos planteados ante la Corte Suprema por los represores, el Juzgado concluirá el estudio del capítulo referido al Ejército (posiblemente con la indagatoria de Santiago Riveros) y le dará vista al fiscal para que concrete el requerimiento de elevación a juicio oral.

PRINCIPAL