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LA LEGISLATURA PORTEÑA APROBO LA LEY DE SALUD MENTAL
Una alternativa a los manicomios

Una ley sancionada ayer por unanimidad en la Legislatura pone en marcha la desmanicomialización en Buenos Aires. El espíritu es desmantelar, a largo plazo, el Borda y el Moyano. La norma prevé internaciones en �casas de medio camino� y en hospitales generales. Y busca evitar la permanencia crónica.

La internación de pacientes neuropsiquiátricos sólo se podrá llevar a cabo cuando �no sean posibles� otros abordajes terapéuticos.

Por Mariana Carbajal

t.gif (862 bytes) La Legislatura porteña dio ayer el puntapié inicial para la desmanicomialización de la ciudad de Buenos Aires. Por unanimidad, los diputados aprobaron una ley que impulsa la progresiva transformación de los hospitales Borda y Moyano y un profundo cambio en la atención de los pacientes neuropsiquiátricos. La norma establece que deberán privilegiarse los tratamientos ambulatorios, �procurando la conservación de los vínculos sociales, familiares y la reinserción social y laboral�. Para ello, ordena la creación de dispositivos alternativos a la internación: casas de medio camino, talleres protegidos, hogares y familias sustitutas y granjas terapéuticas, además de sistemas de atención domiciliaria. La internación sólo se podrá llevar a cabo cuando �no sean posibles� otros abordajes. Tanto las instituciones públicas y de obras sociales como las privadas deberán justificar cada mes las razones por las cuales mantienen a un paciente aislado de la sociedad. �Se hará un seguimiento exhaustivo para controlar que no hayan internaciones crónicas�, destacó la legisladora aliancista Clori Yelicic. 
�Esta ley de salud mental es el resultado de dos años de estudio y consulta con profesionales y especialistas de distintas áreas�, precisó la justicialista Juliana Marino. �Es de avanzada, muy progresista�, opinó Enrique Rodríguez, de Nueva Dirigencia. �Garantizará el derecho a la salud mental de todos los habitantes de la ciudad�, señaló Jorge Casabé, de la Alianza. 
Ninguno de los legisladores quiso definir el futuro de los grandes neuropsiquiátricos como el Borda y el Moyano, convertidos, muchas veces, en verdaderos depósitos de personas. Aunque el espíritu de la norma apunta a que, a largo plazo, sean desmantelados, nadie se atreve a anunciarlo por la fuerte resistencia que un proyecto de esta naturaleza genera en los sectores gremiales que agrupan a los trabajadores de esos hospitales. Para calmar los ánimos sindicales, la ley tiene una disposición transitoria que aclara que la desinstitucionalización se realizará a partir de los recursos humanos y la infraestructura existente. �Se mantendrán hasta que se construyan hospitales modernos�, dijo el diputado Rodríguez. �No significa la desaparición del Borda y el Moyano sino su replanteo�, respondió Marino, en coincidencia con Yelicic.
La flamante ley propone un cambio sustancial: se hará hincapié en la promoción, protección y prevención de la salud mental, así como también en la asistencia y reinserción social de los pacientes neuropsiquiátricos con la participación comunitaria. El plan será evaluado y controlado por un Consejo General de Salud Mental, que integrarán profesionales y no profesionales del sector estatal, asociaciones de familiares y asistidos, sectores sindicales, instituciones académicas, y la Legislatura.
Una de las novedades es que, a partir de su puesta en vigencia, podrán concursar para ocupar cargos de conducción en el área todos los profesionales con título de grado en disciplinas de salud mental, como psicólogos. Hasta ahora, sólo podían hacerlo los médicos.
Los puntos centrales de la ley son:
Prioriza acciones y servicios de carácter ambulatorio.
Garantiza los derechos de los pacientes neuropsiquiátricos a no ser discriminados, a la singularidad, a la atención en un ambiente apto con resguardo de su intimidad, entre otros.
Ordena la creación de nuevas modalidades de atención alternativas a la internación como casas de medio camino, centros de capacitación sociolaboral, y talleres protegidos.
Establece la implementación de un sistema de atención de urgencia con equipos móviles y otro de atención domiciliaria infanto-juvenil.
Amplía a los hospitales generales la atención en salud mental. 
Las personas que en el momento de la externación no cuenten con un grupo familiar que las reciba deberán ser albergadas en lugares que disponga el área de Promoción Social.
Deberá realizarse una supervisión y un seguimiento de las personas externadas para garantizar la continuidad de la atención.
La internación sólo se llevará a cabo cuando no sea posible otro abordaje alternativo, pero deberá justificarse mensualmente (ver aparte).
Experiencias de desmanicomialización se han desarrollado en distintos lugares del mundo. La más célebre es la de Italia, país que en 1978 suprimió por ley toda nueva internación en los neuropsiquiátricos, que así poco a poco fueron despoblándose. España, Inglaterra, Francia y Suiza también han puesto en marcha desinstitucionalizaciones y el acercamiento a la comunidad. En la Argentina, la provincia de Río Negro y San Luis ya llevaron a cabo la desmanicomialización.
La ley aprobada ayer llevó dos años de estudio en la Comisión de Salud, presidida por Yelicic. Los diputados consultaron a especialistas extranjeros y locales, entre otros, a miembros del Foro de Instituciones de Profesionales de Salud Mental de la ciudad de Buenos Aires que reúne a 27 entidades, entre ellas la Asociación de Psicólogos, la Asociación Psicoanalítica Argentina, la Asociación Sistémica de Buenos Aires.

 

 

Contra la cronicidad

No habrá internaciones mayores a 30 días. Este es uno de los conceptos medulares de la ley de salud mental que prescribe renovaciones de las estadías en hospitales cumplido ese lapso. El criterio barre así con el principio tácito de cronicidad padecido por gran parte de los internos psiquiátricos. Existen en la ley indicaciones precisas como, por ejemplo, que dentro de las 24 horas de internación el paciente tendrá un diagnóstico presuntivo, evaluación y plan de tratamiento con las causas que justiquen su continuidad. El examen lo hará un equipo de salud mental interdisciplinario. Para corregir estadías innecesarias, el nuevo mecanismo prevé una evaluación a los 15 días del ingreso y, luego, al menos una cada mes. El chequeo cotejará datos anteriores, hará constar las incorrecciones y evoluciones del paciente en su historia clínica. Se reglamenta, también el tratamiento en instituciones privadas y de la seguridad social: deberán elevar a la autoridad de aplicación el mismo tipo de informes relevados en hospitales públicos. Explicarán allí causas y condiciones que motivan la continuidad del tratamiento.

 

 

 

�Más que bienvenido�
Hugo Vezzetti (investigador, autor de �La locura en la Argentina�): 

�Los viejos hospitales psiquiátricos necesitan una transformación. Es un tema en el cual cualquier modificación despierta mucha resistencia, porque afecta los intereses consolidados de este tipo de instituciones y depende del grado de voluntad política. Hay resistencia de los operadores, profesionales y no profesionales, porque lo que se quiere es desplazar el eje de la institución hospitalaria a la comunidad. A veces, este tema también pone en danza los criterios privatistas, y se teme que en la transformación el Estado esté deslindando responsabilidades. Una política de transformación debe comprometer a todos los sectores de la salud mental, necesitamos una política integradora. El cambio en la salud mental es más que bienvenido. Las internaciones prolongadas carecen de eficiencia terapéutica. Se dice que los pacientes muchas veces se quedan en los neuropsiquiátricos porque no tienen adónde ir y eso evidencia la necesidad de construir redes alternativas y que debe dejarse de despersonalizar a los pacientes, que en el viejo sistema ven igualadas sus diferencias�. 

�Depende de los recursos�
Emiliano Galende (titular de la Maestría en Salud Mental Comunitaria de la Universidad Nacional de Lanús):

�Es un hecho significativo, porque la ciudad carecía de una ley de salud mental. Es una ley progresista porque la pone al mismo nivel que las legislaciones de países desarrollados como Inglaterra y España: su orientación coincide con la política adoptada por la OMS y la OPS. El marco de normas aprobadas genera el compromiso del Estado en un ámbito sumamente descuidado como es la salud mental y en el cual hay muchos recursos profesionales. Una ley no es en sí misma una política, eso depende de los recursos económicos. Entre los tres hospitales psiquiátricos que hay en la ciudad se gastan unos 60 millones por año, mucho más de lo que necesita el sistema comunitario. Además, el asilo comunitario que propone la ley tiene como ventaja la participación del paciente y la familia, porque ahora serán ellos quienes tendrán que dar consentimiento para la internación y los tratamientos. Y es de suma importancia que la esencia de la ley devuelva a estas personas sus derechos�.

�Un avance enorme�
Oscar Taver (director del Hospital de Emergencias Psiquiátricas Alvear):

�Me parece de un avance enorme que quiera dársele un lugar diferenciado al ámbito terapéutico del social. Hay muchos pacientes recuperados que podrían integrarse a la vida social y que por falta de recursos permanecen en los hospitales psiquiátricos, porque padecen de otras carencias. Estas pueden ser, entre otras, económicas o habitacionales. Lo cierto es que en el Borda y el Moyano hay gran cantidad de pacientes que una vez que superan la etapa asistencial en la cual recibieron el apoyo terapéutico que necesitaban, precisan del apoyo social para dejar el hospital psiquiátrico. La ley distingue entre estos dos ámbitos y eso es positivo. También hay que decir que, en su implementación, la ley va a precisar de la adecuada coordinación del área médica, social y legal en consonanciacon el uso de los recursos. La salud mental cuenta con profesionales altamente capacitados de sobra para conducir este cambio�.

 

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