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EL TITULAR DE LA OFICINA ANTICORRUPCION HABLA DE LA CRISIS DEL SENADO
�Buscamos de dónde salió la plata�

José Massoni cuenta qué hizo y qué está haciendo su organismo en la investigación de los supuestos sobornos. Dice que le sorprende que hasta ahora no haya elementos probatorios contundentes. También dice que no tiene presiones y revela un informe sobre falencias en el actual gobierno.

José Massoni, titular de la OA, dice que irá tan a fondo con el Senado como lo fue con Alderete.

Por Irina Hauser

t.gif (862 bytes) �Es notorio que no hubo nada relevante�, dice el titular de la Oficina Anticorrupción (OA), José Massoni, al hablar de la investigación sobre el supuesto pago de coimas a senadores para que votaran la reforma laboral. Asegura que en este caso su repartición está esmerándose tanto como lo hizo para mandar a Víctor Alderete a la cárcel, aunque esta vez no se haya presentado como querellante. Ahora, señala, están buscando de dónde pudo haber salido el dinero de las sobornos. �No tuve nunca ninguna presión externa�, subraya para ratificar su independencia de acción. Aunque admite que se sintió en una �situación incómoda� cuando recibió una denuncia del abogado Luis Moreno Ocampo contra funcionarios del Gobierno entre los que estaba el ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra. En esta nota anunció que les enviará a los ministerios los resultados de una investigación que muestra falencias graves en cuestiones tales como los sistemas de compras y los de selección de recursos humanos.
�¿Cómo hace la OA para mantener su independencia, teniendo en cuenta que depende del Ministerio de Justicia?
�Es uno de los puntos en los que nos podemos sentir absolutamente satisfechos. El compromiso de lucha contra la corrupción es del país y sobrepasa al interés coyuntural de un gobierno determinado. Más allá de las suspicacias que pudo haber habido, el contenido jurídico de la oficina no puede ser sino independiente, de lo contrario no debería existir. 
�¿Qué cuestiones concretas garantizan esa independencia?
�El fiscal de control administrativo tiene independencia funcional, decide la apertura o cierre de las investigaciones. Su única obligación es, al terminar una averiguación, darle noticia al ministro de Justicia. 
�¿Usted tiene reuniones periódicamente con el presidente Fernando de la Rúa o con el vice, Carlos �Chacho� Alvarez?
�No con ellos, sí lógicamente con el ministro de Justicia. 
�¿No se reunió o conversó con De la Rúa cuando estalló el escándalo de los supuestos sobornos en el Senado? 
�No, ni me reuní ni me llamó. 
�Uno de los aciertos de la OA fue la investigación sobre los negociados en el PAMI que llevó a acusar a Alderete como jefe de una asociación ilícita y lograr que un juez lo mandara a la cárcel. ¿Están yendo igualmente a fondo con el caso del Senado? 
�Absolutamente sí. 
�En la investigación del Senado, ¿qué han hecho, por dónde han buscado más allá de tomar testimonios a figuras públicas? 
�Voy a ser escueto en la respuesta. Esto es algo que está en plena averiguación. Es notorio que no hubo nada relevante, contundente, desde el punto de vista probatorio. Lo que habíamos acopiado se lo mandamos al juez, y con respecto a los caminos de averiguación que todavía están transitables, no voy a caer en la imprudencia de decirle cuáles son. 
�Contra lo que usted dice el juez Liporaci afirmó que hubo sobornos.
�Lo dice Liporaci y lo piensa la mayoría de la población. Yo sólo hago afirmaciones si tengo pruebas. Digo que es notorio que no ha salido a la luz nada trascendente. Esto no quiere decir que renunciemos a conseguirlo.
�¿Y por qué la OA no se presentó como querellante en este caso?
�Primero tendríamos que tener relativamente dilucidado que ha habido miembros de la administración nacional involucrados. Y que hayan afectado al patrimonio nacional. Ninguna de esas cosas está delimitada todavía. No veo la necesidad de presentarnos como querellantes aún. 
�¿En este momento qué está haciendo la OA para esclarecer este tema? 
�Estamos buscando lugares de donde haya podido salido dinero. 
�¿Le han pedido balances de gastos a otro organismo además de la SIDE?
�Bueno, ha habido diversas presentaciones de cuentas, se los dimos al juez. Pero no quiero hacer precisiones sobre esto.
�¿Por qué cree que el juez ha dado �un valor relativo�, según sus palabras, a las pruebas recolectadas por la OA como el testimonio de los choferes que podrían conocer los sobornos?
�Me llamó la atención, no entiendo qué quiso decir con eso. Para mí los testimonios fueron muy claros y precisos y tomados con aptitud técnica. 
�¿Cuánta gente está investigando este tema acá en la OA? 
�Un pequeño grupo... varía, eso lo decide el director de investigaciones.
�¿Qué hipótesis sobre este tema maneja la OA hasta ahora?
�Esas hipótesis son las que nos están suscitando caminos a recorrer y las que tenemos que comprobar. No las voy a decir. 
�Cuando el abogado Luis Moreno Ocampo denunció a varios funcionarios del Gobierno (incluido Gil Lavedra) por su supuesta intromisión en una causa por administración fraudulenta, algunos de sus compañeros comentaron que usted dijo que, si no lo dejaban investigar, renunciaba...
�Ese chisme debe haber sido una buena opinión mía de alguien que creyó que yo podía tener alguna dificultad. Yo no llegué a pensar eso, porque no tuve nunca ninguna presión externa. En todo caso, la presión la daba la calidad moral del denunciante. Moreno Ocampo es un hombre que está bien conceptuado. Y claro, una denuncia hecha por él contra funcionarios entre los que estaba el mismo ministro era un problema particularmente delicado. En todo caso, la presión provenía por los personajes que se movían en la denuncia. En este oficio constantemente se producen situaciones incómodas. 
�En efecto, la denuncia involucraba no sólo a Gil Lavedra sino también al titular de la SIDE, Fernando de Santibañes, al ministro de Economía, José Luis Machinea, y también a la subsecretaria de Derechos Humanos, Diana Conti, en un supuesto intento de influir en las decisiones de la Justicia. Lo llamativo fue que usted cerró el expediente en sólo seis días.
�Quería cerrarlo rápidamente porque desde el primer momento tuve la convicción de que no estaba ante un hecho relevante en el que hubiera habido corrupción, según mi criterio jurídico. 
�¿Cómo hizo para separar los tantos siendo que el titular de Justicia, a quien usted dijo que reporta, estaba denunciado?
�Le informé sobre la denuncia, le pregunté qué tenía que decir, como a cualquier imputado. No le quepa dudas de que investigamos los hechos. 
�¿Qué presupuesto tiene la OA? 
�No sé (risas). 
�¿Y cuánta gente integra la oficina?
�En total son 42 personas. 
�¿Es suficiente? 
�Sí, es lo que siempre quisimos: que esta oficina no tuviera nada de burocrática, que trabaje con celeridad y dedicación.
�¿En qué se diferencia la OA de otros organismos judiciales?
�No es un órgano judicial ni tiene la condición de comisión especial que se le ha querido endilgar. No juzgamos a nadie. Desde una óptica muy específica, que es la de la corrupción, tratamos de acopiar información que le llevamos a la Justicia. Tenemos facultades investigativas amplias, pero no tenemos el poder de promover la acción pública. 
�¿La Fiscalía de Investigaciones Administrativas no tiene razón de ser?
�No quisiera hacer una afirmación de tal magnitud. 
�Tiempo atrás se contempló la posibilidad de implementar un sistema por el cual los funcionarios deberían poner su patrimonio en una suerte de fideicomiso, a disposición del Estado. ¿En qué quedó ese plan? 
�Lo estamos trabajando, viendo las posibles formas de mejoramiento de la administración pública. En este sentido hicimos un trabajo de investigación realmente importante que pronto se conocerá. El caso del fideicomiso es uno de los proyectos destinados a prevenir los hechos de corrupción que tendría como objetivo evitar que se produzcan conflictos entre el interés público y el particular de un funcionario. 
�¿En qué consiste esa investigación sobre la administración pública?
�Es un estudio sobre el estado de la administración nacional y sus falencias de funcionamiento. Encontramos cosas muy interesantes y que serán muy útiles para los funcionarios.

 

 

Gil Lavedra y Liporaci

El ministro de Justicia, Ricardo Gil Lavedra, advirtió ayer que sobre el juez federal Carlos Liporaci pesan �imputaciones serias�, como �mal comportamiento�, que �hay que aclarar�. Liporaci está a cargo de la investigación judicial de las presuntas coimas en el Senado. Ayer, en declaraciones a Radio Mitre, Gil Lavedra subrayó que el magistrado �forma parte de los cuestionamientos que se están realizando�. �Las denuncias que él tiene, de mal comportamiento y de enriquecimiento ilícito, son serias�, analizó. Además, aseguró que Liporaci �tiene una misión delicada�, por lo que �debe dictar medidas y seguir adelante�. �Nada impide que el juez llame a los senadores, los indague, dicte medidas y siga adelante�, afirmó. El senador Pedro del Piero (Alianza-Frepaso), por su parte, se ocupó también de la situación de Liporaci: manifestó su oposición a que aumenten las presiones sobre el juez, quien está imputado por enriquecimiento ilícito. �Si acá aparecen presiones más intensas que las habituales uno empieza a sospechar�, advirtió.

Evaluaciones y balance

Por I.H.
�¿Cuántas denuncias ha recibido la OA desde su creación en diciembre?
�Hay un porcentaje importante que derivamos a los lugares que corresponde porque se hacen aquí equivocadamente: como es lógico, la gente no sabe que nuestra competencia es sólo nacional y para la administración pública. Entonces nos llegan denuncias sobre hechos de municipalidades o que involucran a funcionarios de otros poderes. 
�Por ahora según los índices de Transparencia Internacional la posición de Argentina en el ranking de corrupción, aunque ha mejorado un poco sigue dejando bastante que desear.
�Pero esa encuesta no se puede tomar como un criterio importante porque abarca la administración anterior y sólo una parte de ésta, así que realmente ni siquiera podemos concedernos el mérito de la mejoría. 
�¿Cuál es su balance de lo que hizo la OA hasta ahora?
�Estamos conformes con lo que hemos hecho. Hemos avanzado en términos que tal vez no se corresponden con las expectativas de celeridad que tiene toda la sociedad. Sobre todo hablo de la cantidad y calidad de prueba que hemos conseguido en muchísimos asuntos difíciles de investigar, que implican a gente con poder.

 

 

opinion
Por Eduardo Aliverti

Sabor a nada

Cuántas hipótesis de resolución tiene el affaire del Senado?
Una, que como lo indica la inmensa mayoría de los antecedentes las cosas se difuminen hasta extinguirse sin responsables. Dos, que algunos perejiles operen como chivos expiatorios para calmar fieras y conciencias mentirosas. Tres, que el estallido institucional sea completo en sus variables de renuncias masivas, cabezas rodantes de apellidos lustrosos y hasta elecciones anticipadas. Esta última la más improbable, supondría frescura moral; �aire� institucional. Pero salvo eso, ¿cuál de las tres tendría relación directa con la vida y las expectativas cotidianas del conjunto de los argentinos? ¿Están dadas las condiciones para el surgimiento de una diferencia nueva, honesta y progresista?
Echese una mirada la sociedad a sí misma, a propósito. ¿Quién votó a estos tíos que hoy y hace tanto provocan vergüenza ajena? ¿Una delegación marciana? ¿Los salteños no tienen nada para decirse a propósito de Cantarero; o los formoseños en torno de Branda; o los entrerrianos sobre Alasino, y así hasta que se quiera? En definitiva, aun cuando las generalizaciones sean injustas, ¿el grueso popular no debe reprocharse que esta gente ocupe los espacios dejados libres por afirmar que �la política no me importa�, o que �me da asco�?
Es una conclusión aceptable, que en el Senado no termina de pasar nada importante. Sí como muestra, pero no como corrección. En cambio, pasa demasiado con otras informaciones que el escándalo relega. Por ejemplo, que ingresó al Parlamento un proyecto de Economía que reduce de 200 a 150 pesos la jubilación básica (cobrada tanto por los afiliados al sistema privado como al estatal). O que se mantiene el recorte de los sueldos públicos durante todo el 2001. O que rebajan de 200 a 160 pesos los montos de empleos transitorios del Plan Trabajar.
La percepción de esta realidad, sin perjuicio de la aludida responsabilidad popular respecto de los �representantes� que se supo conseguir, es lo que genera esa sensación o certeza de hastío, creciente, frente al caso de las coimas. Mucho antes que estar en juego el destino de un perfil de Nación, o algún elemento ligado a las condiciones de vida de la sociedad, se percibe que hay en danza la suerte individual de senadores, ministros o funcionarios varios. Solamente eso.
Y �eso�, como la mayoría de las andanzas dirigenciales, es lo que no tendrá solución mientras se carezca de protagonismo popular en la construcción de la política. Lo cual está lejos de la realidad presente. Más bien lo contrario: el escándalo es acompañado por el quietismo social, y nada mejor para que quede sólo en escándalo.

 

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