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DENUNCIA POR UN DEPOSITO DE AUTOS EN VILLA LUGANO
Un cementerio de alto riesgo

La Defensoría del Pueblo advirtió que el cementerio de autos de la Policía Federal provoca una contaminación ambiental que pone en riesgo la salud de los vecinos. Ya hay un caso fatal.
t.gif (862 bytes)  El barrio de Villa Lugano alberga un polo de contaminación que está poniendo “en riesgo la vida y la salud” de los habitantes de la Villa 20.
Se trata de un cementerio de autos de la Policía Federal, que linda con casas de la villa, donde se apilan alrededor de 12.000 vehículos abandonados, de los cuales se desprenden “elementos cancerígenos como el plomo y el mercurio”, que al acumularse en el sistema nervioso central pueden causar retardo mental y trastornos neurológicos y renales. Así lo determinó una investigación de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. Su titular, Alicia Oliveira, denunció que las ratas que abundan en el predio causaron ya la muerte de una mujer, de 34 años, y advirtió que en las aguas estancadas se detectó la presencia de mosquitos transmisores del dengue. En una extensa resolución, la ombudsman responsabilizó al gobierno porteño y al Estado nacional por “la suciedad y la acumulación de residuos peligrosos” en el terreno.
Los resultados de la investigación forman parte de la resolución firmada por Oliveira. La ombudsman recomendó al jefe de Gobierno, Aníbal Ibarra, que “descontamine la zona, repare el daño causado, haga cumplir la Ley 342 (que ordena la compactación y disposición de vehículos abandonados), tome las medidas necesarias para erradicar el depósito de chatarra y otorgue a los vecinos (afectados) subsidios o indemnizaciones en relación con los planes de vivienda iniciados o futuros” en el área. La recomendación de “erradicar el depósito de rodados” alcanza también al jefe de la Policía Federal, Rubén Santos.
“El estado de situación es vergonzoso. Más allá de la solución que se plantee al problema, el impacto ambiental que se ha producido es de dimensiones alarmantes y el daño ecológico es irreparable”, señaló ayer la ombudsman a Página/12. El problema –advirtió– radica en que un sector del cementerio de autos se superpone con una franja de la villa, “sin que exista división de ninguna especie: ni muro, ni cerco, ni nada”. La villa 20 tiene más de 13 mil habitantes. La playa policial se encuentra en una fracción de terreno que linda con las avenidas Fernández de la Cruz y Escalada y tiene una superficie aproximada de 9 hectáreas. Allí se acumulan los vehículos abandonados en la vía pública y aquellos incautados en investigaciones judiciales. “Los 12 mil automóviles producen, por los menos, contaminación con la pintura de sus chasis, los líquidos de freno, la nafta y las baterías”, describió Oliveira.
El informe de la defensora del Pueblo alertó también sobre la falta de “elementos de infraestructura, por ejemplo, para prevenir incendios (que se producen frecuentemente)”. La ausencia de desagües, sumado a los desniveles del suelo y las montañas de basura –sigue la resolución– producen acumulación de aguas que “permanecen estancadas durante meses y generan un ambiente propicio para la aparición del dengue, dato confirmado por los mosquitos transmisores detectados en las ovitrampas instaladas en la zona del depósito”.
“Este año llovió mucho, se inundó toda la villa. En el desarmadero de autos se hicieron lagunas, por eso las ratas salieron corriendo e invadieron el barrio. Ahora hicieron cuevitas en nuestras casas, hay varias en la que vivía Nélida”, relató una vecina de la villa 20 a Oliveira. Nélida Beltrán murió a fines de julio, a los 34 años. Según precisó a este diario la ombudsman, análisis de sangre realizados en el Hospital Muñiz constataron que la mujer falleció de leptospirosis, una de las pestes que contagian los roedores. “La muerte de habitantes de la ciudad producida por invasiones de ratas es una cruda realidad de los porteños que constituye la otra cara de esta ciudad que pretende, en su zona norte, espejarse en Europa, en tanto que en la zona sur la vida se manifiesta con las imágenes más patéticas del tercer mundo”, reflexionó Oliveira.
La ombudsman señaló que la Policía Federal recibió el predio en cuestión del Gobierno de la Ciudad en 1981, a través de un boleto de compraventa, pero nunca se formalizó la escritura traslativa del dominio.

 

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