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LA
JUSTICIA CONFIRMO SU PROCESAMIENTO
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El empresario Francisco Macri continuará procesado por el presunto
delito de contrabando, en tanto que su hijo Mauricio perdió la falta
de mérito dictada, por la misma causa, en primera instancia. Así
lo dispuso la sala B de la Cámara Federal en lo Penal Económico,
que confirmó el procesamiento de Doménico Ferraris y también
revocó la falta de mérito de Luis Da Costa y Armando Amasanti,
otros ex directivos de la ex Sevel. En cambio, fue confirmado el desprocesamiento
de Jorge Blanco Villegas, otro ex directivo de la automotriz y también
ex titular de la UIA, por no hallarse en el país al momento de los
hechos. En adelante, la causa será llevada por el juez Carlos Liporaci,
quien seguramente deberá llamar a declarar al actual presidente de
Boca Juniors.Según determinó la investigación judicial, los hechos que se imputan a la cúpula de la ex Sevel –hoy Peugeot y con otros dueños– se originaron en una compleja operación de triangulación de comercio exterior. A principios de la convertibilidad, la filial argentina de la entonces automotriz de los Macri, exportó a dos empresas controladas de Uruguay -Sevel Uruguay y Drago– automóviles de la Marca Fiat, modelos Uno y Duna, y en menor medida Peugeot 505 rural, pero con la característica de estar desarmados, por lo que salieron del país como piezas y autopartes. Estos vehículos fueron luego ensamblados en Uruguay y vueltos a ingresar a la Argentina. En principio la triangulación parecía ociosa, a no ser porque al salir del país las partes, declaradas como “exportaciones definitivas”, se hacían acreedoras a un reembolso del 20 por ciento de su valor FOB y al reingresar como “vehículos terminados del Mercosur”, sólo pagaban un arancel del 2 por ciento. La terminal evitaba así los pagos internos de IVA, Ganancias y del resto de los impuestos propios de la actividad. Sólo durante 1993 estas operaciones involucraron un tráfico de 1400 vehículos. Además, la investigación encargada a la justicia uruguaya por el juez original de la causa, el hoy suspendido Guillermo Tiscornia, demostró que a los vehículos también se les agregaron autopartes de terceros países, que así se reexportaban a la Argentina con un arancel inferior. En algunos casos, la red montada para la triangulación habría servido para la importación de vehículos que abastecían supuestas demandas de las concesionarias Sevel. La sala B de la Cámara Federal en lo Penal Económico, integrada por los magistrados Carlos Pizzatelli, Marcos Grabivker y Roberto Hornos, ya había ordenado, frente al primer fallo del juez Guillermo Tiscornia, que se profundice la investigación. El suspendido magistrado de la aduana paralela dictó inicialmente la falta de mérito, no sólo de Mauricio Macri, sino también de Francisco. Finalmente fue la orden de la Sala B la que decidió a Tiscornia a procesar al jefe del Clan Macri. La respuesta dada a Página/12 desde el entorno de los Macri fue sencilla. “Se trató de una operación perfectamente legal y encuadrada dentro del acuerdo Cauce, el régimen de intercambio existente en aquel momento con Uruguay, el que establecía una serie de ventajas para el comercio. Era un momento que la capacidad de producción local no alcanzaba para satisfacer la demanda interna y debió recurrirse a las plantas de Uruguay”. Sin embargo, no fue esto lo que los Macri explicaron a la Justicia. En sede judicial deslindaron responsabilidades y afirmaron que el directorio de Sevel Argentina sólo aprobaba los proyectos en general, fundamentalmente los aspectos financieros que ya tenían detrás el visto bueno jurídico. Sin embargo, estos argumentos fueron rechazados de plano por la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, quien detalló la imposibilidad de que la cúpula de la empresa desconozca la naturaleza de estas operaciones, perspectiva que fue compartida por el fallo de la Sala B. La causa, antes de recaer en Tiscornia, había sido iniciada en Córdoba en 1991 por el también cuestionado juez Ricardo Bustos Fierro –célebre por su singular interpretación sobre las reelecciones presidenciales– einvolucró además a otro empresario paradigmático de la era menemista, el entonces presidente de Renault, Manuel Antelo.
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