Es un hecho completamente inédito en la historia reciente de Chile, esa que estuvo y sigue estando marcada por la figura del ex dictador Augusto Pinochet. El ex mayor del Ejército chileno, Carlos Herrera Jiménez admitió su culpabilidad en el asesinato del líder sindical Tucapel Jiménez, ocurrido en la mañana del 25 de febrero de 1982. �Fue una decisión personal, para cooperar en la investigación�, declaró el abogado de Herrera Jiménez, Roberto Puelma. El ex mayor, en aquel entonces integrante de la Central Nacional de Informaciones (CNI, ex DINA), está actualmente bajo prisión en la cárcel alta seguridad de Punta Peuco (50 km al norte de Santiago) por el asesinato del dirigente del gremio del transporte Mario Fernández, que murió torturado el 18 de octubre de 1984 en un cuartel de la CNI (Central Nacional de Informaciones), la policía secreta del régimen militar. El sindicalista Tucapel Jiménez era uno de los principales impulsores de un amplio frente gremial para exigir la restauración de la democracia en el año 1982. En aquel entonces, la dictadura de Pinochet se enfrentaba por primera vez con lo que se conoce en Chile como �las protestas�, esto es, una oposición que luego de nueve años de exterminios masivos, desarticulaciones varias y una crisis económica que se estaba haciendo cada vez más profunda, había logrado que dentro mismo del régimen comenzaran a abrirse ciertas grietas, más allá de que en los años posteriores el mismo Pinochet demostrara que las podía cerrar con puño de hierro. En todo caso, el camino de la represión seguía igual que en los años anteriores. En el caso de Tucapel Jiménez, él había salido de su casa a las 9.30 de la mañana justamente hacia una reunión del frente sindical en cierne. Nunca llegó. En la noche del mismo 25 de febrero de 1982, hallaron su taxi Datsun en un camino, abandonado. El cuerpo de Jiménez tenía cinco impactos de bala de bajo calibre y tres heridas punzantes inferidas con un cuchillo, que no tenían otra explicación que �rematarlo�, según advirtieron peritos del Servicio Médico Legal. Pinochet se aseguró la impunidad de los crímenes de su dictadura. Hizo sancionar una Ley de Amnistía en 1978, pero el detalle es que dicha ley no cubría lo que ocurrió después de ese año. Esto es lo que hizo que el ex jefe de la DINA, general Manuel Contreras, y su segundo, el brigadier Pedro Espinoza, que el mismo Herrera Jiménez y muchos otros pudieran ser juzgados. En los tiempos finales de Pinochet y aún en los primeros años de la democracia bajo la Concertación, esto permaneció sólo como posibilidad. Sólo Contreras y Espinoza fueron condenados por el asesinato del ex canciller socialista Orlando Letelier en Washington. La historia de Pinochet en Londres trastrocó todo. Ahora es el mismo ex dictador quien está a punto de ser juzgado luego de que le retiraran los fueros como senador vitalicio. En el último avatar del largo proceso legal (el juicio de desafuero en la Corte de Apelaciones y luego en la Corte Suprema), Pinochet vio cómo incluso algunos de sus ex subordinados declaraban que tenían órdenes del entonces dictador para hacer lo que hicieron. Ahora, directamente, algunos admiten ser culpables de delitos que para Pinochet obedecían al supremo interés de la Patria. Sin dudas, el �Tata� debe estar revolcándose en su impresionante casa en el no menos impresionante barrio santiaguino de La Dehesa.
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