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MIGRACIONES Y FUERZA AEREA SE CULPAN POR EL CASO MIRASSE
Una detención que no ordenó nadie

Después de que Página/12 revelara que un funcionario de Mozambique fue arrestado y maltratado en Ezeiza, Migraciones aseguró que lo entregó a la Policía Aeronáutica sin pedir la detención y esa fuerza respondió que lo encarceló por orden de Migraciones. Hoy el Inadi presenta una denuncia penal.

Por Horacio Cecchi

t.gif (862 bytes)  Después de que este diario publicara en exclusiva ayer la denuncia presentada por el Banco Mundial ante el Inadi, contra las autoridades migratorias de Ezeiza por discriminación y maltratos a un funcionario del gobierno de Mozambique, los responsables de la Dirección de Migraciones y la Fuerza Aérea terminaron trenzados en una polémica. El director Nacional de Migraciones, Angel Roig, aseguró que su personal “estuvo sólo una hora en contacto con Mirasse y después se lo entregó a la Policía Aeronáutica; nadie les pidió que lo detuvieran”. Por otro lado, un vocero de la Fuerza Aérea sostuvo que el pedido de detención “surgió de boca de la gente de Migraciones”, negó que a Mirasse le hubieran negado alimentos, agua y teléfono, y reconoció que fue mantenido en una celda porque “recién hace 30 días se puso una oficina sin rejas”. El Banco Mundial presentó la denuncia el 27 de setiembre pasado. Al día siguiente, el Inadi giró el expediente a Migraciones, pidiendo explicaciones y advirtiendo por las derivaciones penales que configuraba el caso. Hoy, pasado un mes sin respuesta, el titular del Instituto Contra la Discriminación, Eugenio Zaffaroni, presentará una denuncia ante la Justicia federal del fuero criminal para que se investigue el posible delito de abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. En la mañana de ayer, el ministro del Interior, Federico Storani, pidió el expediente y aseguró que “ya se está investigando”.
El caso de Antonio Mirasse cambió ayer de color y de tono. El solo hecho de que tomara dimensiones de escándalo internacional y que el denunciante fuera nada menos que el Banco Mundial en representación de uno de sus invitados movió a urgentes desmentidas del Poder Ejecutivo: más específicamente, del ámbito de Migraciones y de la Policía Aeronáutica Nacional, dependiente de la Fuerza Aérea.
El director Nacional de Migraciones, Angel Roig, aseguró a este diario que los oficiales a su cargo “hicieron lo que marca la ley: recibimos una persona que llegó en un vuelo de la empresa South African en tránsito hacia Bolivia. Como el vuelo llegó atrasado, perdió su combinación. Se le pidió a South African que obtuviera un vuelo inmediato, pero no había. El señor Mirasse no tenía visa para entrar a Argentina, pero tampoco para entrar a Bolivia. Lo que corresponde es que sea enviado de vuelta a su país de origen. Tuvimos contacto con Mirasse sólo durante una hora. Después, directamente procedimos a entregarlo bajo custodia a la PAN a las 18.30.”
–¿Por qué pidieron su detención si no había cometido ningún delito? -preguntó este diario.
–Nosotros no tenemos atribuciones para custodiar ni detener a nadie -respondió Roig.
–¿Y quién dio la orden?
–No sé. Nosotros se lo entregamos a la PAN y recién volvimos a tomar contacto cuando lo trajeron para el viaje de regreso, al día siguiente. En el interín no sabemos qué pasó. Además, según el informe del supervisor de turno Carlos Edgardo Volpatti, nunca dijo que era del Banco Mundial.
Siguiendo la lógica del informe migratorio, de haber chapeado, Mirasse habría evitado las consecuencias de su color de piel. El mozambiqueño, en su denuncia, insistió en que no había sido escuchado, y que los funcionarios “fingieron hacer un llamado”.
Tampoco la Policía Aeronáutica se hizo cargo de los maltratos. Aunque el comodoro Avelino A. Menéndez, director general de la PAN, y su segundo, Oscar H. Spat, prefirieron guardar silencio, un vocero de la Fuerza Aérea salió al cruce de los descargos de Roig: “La PAN es un auxiliar de Migraciones. Salvo en un delito in fraganti, no tiene atribuciones para detener a nadie, y menos en un caso de visas. El pedido vino de Migraciones y nosotros lo cumplimos. Y no es cierto que no le hayan dado comida, agua y derecho a hacer un llamado”.
–¿Cuál es el trato que se debe dar a una persona que no cometió ningún delito y no tiene visado?
–Se lo debe colocar en una sala, con custodia, hasta que parta el vuelo que lo devuelva a su país de origen.
–Pero Mirasse fue encerrado en una celda.
–Es que recién hace treinta días se abrió una oficina sin rejas para estos casos.
Mientras la polémica por las responsabilidades sobre el caso amagaba con instalarse en el lugar común del “yo, argentino”, la diputada aliancista Marcela Bordenave presentó un pedido de declaración “del más absoluto repudio” por el hecho y un pedido de investigación y sanción de los responsables.
Por otro lado, el interventor del Inadi, Eugenio Zaffaroni, consideró como “gravísimo un hecho semejante. Estoy indignado con este acto y espero que luego de las explicaciones y de las sanciones a quienes correspondan, no sucedan más estos hechos”, sostuvo. “En el pedido de explicaciones, que giramos al director de Migraciones al día siguiente de recibir la denuncia del Banco Mundial, le advertimos que podría surgir responsabilidad penal. De configurar delito, hay abuso de autoridad y privación ilegal de la libertad. Pero no obtuvimos ninguna respuesta de Migraciones. Hoy voy a presentar una denuncia en un Juzgado Penal Federal, como es la obligación de cualquier funcionario en un caso semejante”.
De prosperar el caso en la Justicia, los responsables del maltrato a Mirasse se las verán bien negras: les correspondería una pena de 1 a 5 años.

La odisea de Mirasse
El ingeniero Antonio Mirasse es miembro de la Dirección Nacional de Agua de Mozambique. El 23 de junio partió hacia La Paz para participar de una reunión sobre Provisión de Agua y Saneamiento organizada por el Banco Mundial. El avión en el que viajaba se dirigía a Buenos Aires: aquí tomaría otro vuelo hacia Bolivia. Pero por complicaciones climáticas perdió la combinación. En el aeropuerto fue interceptado por personal de Migraciones. Allí empezó su odisea: sin permitirle hablar con nadie, fue encerrado en un calabozo del sótano del aeropuerto, incomunicado, sin alimentos ni agua. Durante un día y medio fue maltratado, insultado por oficiales que lo apodaron “Saddam Hussein” y que hasta le cobraron para ir al baño. Finalmente, fue deportado hacia Johannesburgo. Luego presentó su queja: “Quiero dejar en claro que el trato recibido en Buenos Aires por parte de la oficina de Migraciones es una grave ofensa moral a mi persona y a mi dignidad. Llegué a la conclusión de que fui tratado de ese modo por el color de mi piel, y no por formalidades de ese país”. La titular del Banco Mundial en Argentina, Myrna Alexander presentó una denuncia en el INADI por discriminación.

 

OPINION

Por Juana Kweitel *

El extranjero como amenaza

El CELS ha denunciado reiteradamente la arbitrariedad con la que actúa en nuestro país la Dirección Nacional de Migraciones. La ley que rige el régimen migratorio en Argentina ha sido sancionada durante la última dictadura militar y refleja la doctrina de la seguridad nacional asimilando al extranjero a una amenaza. Esta ley viola normas constitucionales fundamentales y compromisos asumidos por nuestro país en materia de derechos humanos.
La ley Videla faculta a las fuerzas que actúan como auxiliares de la Dirección de Migraciones (Policía Federal, Gendarmería, Policía Aeronáutica) a detener sin orden judicial. Como en el caso del Sr. Mirasse los detenidos son alojados en comisarías u en otros lugares sin intervención de un juez que revise la legalidad de la medida. Generalmente las personas detenidas no son informadas de las razones de la detención, ni cuentan con abogado para defenderlas.
En escasísimos casos alguien presenta una acción de hábeas corpus en favor de la persona detenida, pero la Dirección de Migraciones ejecuta las expulsiones antes de que la Justicia resuelva. De esta forma la Corte Suprema en el caso De la Torre entendió que era abstracto analizar la legalidad de este tipo de detenciones, desperdiciando una oportunidad única para declarar la inconstitucionalidad de esta ley y poniéndole un límite a la facultad de detención.
Esta ley es una de las pesadas herencias que nos dejó la dictadura. Su modificación es una de las principales deudas de nuestra democracia. Sin embargo los proyectos presentados ante la Comisión de Población han perdido sucesivamente estado parlamentario. Este es el momento de que nos demos cuenta de que este tipo de normas debilita nuestra democracia, aunque para ello haya hecho falta que se afectaran los derechos de un funcionario del Banco Mundial.

* Coordinadora del Programa de Derecho Económico, Social y Cultural del CELS.

Historias de una Argentina en la que ser negro no es nada fácil

 

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