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EL ROL DE EMILIA MARTA GARCIA, AHORA JUEZA, EN LOS NEGOCIOS DE MASSERA
La jueza que trabajaba para el almirante

En 1977, la Armada secuestró a tres empresarios mendocinos. Antes de asesinarlos en los sótanos de la ESMA, se creó una red de falsedades para robarles sus bienes. La ahora jueza García participó en la operación. Es la misma que ahora autorizó al mayor Olivera a usar los archivos de la Conadep.

 

Por Susana Viau
y Eduardo Tagliaferro

El 19 de este mes la jueza correccional Emilia Marta García dio el visto bueno para que el mayor de Ejército Jorge Olivera, acusado de intervenir en el asesinato de la joven Marie Anne Erize y recientemente liberado en Italia merced a un ardid documental, pudiera acceder a los archivos que la Conadep reserva sólo para aquellos que funden su consulta en un “interés legítimo” o tengan “derechos subjetivos” que defender. La historia de Olivera, abogado y defensor de Carlos Guillermo Suárez Mason, responsable del mayor número de desapariciones y del mayor número de niños apropiados, es interesante pero no más que la de la jueza. Emilia Marta García fue empleada del escribano Ariel Sosa Moliné y junto a él colaboró en el desapoderamiento de los bienes del empresario mendocino Victorio Cerutti, del contador Horacio Palma y del abogado Conrado Gómez, secuestrados y desaparecidos en la ESMA junto a Omar Masera Pincolini, yerno de Cerutti. Esas propiedades, tras sucesivos y falsos cambios de titularidad en los que también tuvo participación Emilia Marta García, fueron a parar a manos del ex almirante Emilio Eduardo Massera, o mejor dicho, a las de su hijo Eduardo, su hermano Carlos y Pedro Añón, representante del masserista Partido para la Democracia Social.
Secuestros S.A.
El 10 de enero de 1977, el abogado Conrado Gómez fue secuestrado de un edificio de la avenida Santa Fe al 1700 donde tenía su vivienda y su despacho. Conrado Gómez formaba parte del aparato de finanzas de Montoneros y según el testimonio de la sobreviviente Rosario “Lula” Quiroga, el 7 de ese mes había sido detenido el responsable del sector, Juan Gasparini. Al día siguiente, en la localidad bonaerense de Hurlingham, fue allanado el domicilio del contador Horacio Palma, también ligado a las finanzas montoneras. El 12, en un amplio operativo, fue violentada en Mendoza la casa del empresario Victorio Cerutti, un anciano de 75 años, ex bodeguero, propietario de terrenos en Chacras de Coria valuados en unos 20 millones de dólares y padre de un dirigente de la organización. Esa madrugada fue capturado también Omar Masera Pincolini, yerno de Cerutti. Gómez, Palma y Cerutti habían formado la sociedad Cerro Largo luego de que las dificultades financieras de Cerutti lo llevaran a aceptar un aporte de capital hecho por los dos primeros. Los tres (junto a Masera Pincolini) fueron trasladados a la Escuela de Mecánica de la Armada. Allí, en los sótanos de la ESMA, en la zona reservada a “los Jorges”, donde actuaban los contadores navales Jorge Radice, Mario Cédola, Hugo Berrone (conocido como “el Alemán”), al mando del brutal capitán de la Armada Jorge “Tigre” Acosta, comenzó a urdirse la maniobra de despojo de los secuestrados. Al abogado Gómez se le “recuperaron” caballos de carrera, un campo en San Juan, una fuerte suma de dinero depositada más tarde en la cuenta bancaria del Tigre Acosta, y también un automóvil Ford Fairlane que usó siempre el teniente Berrone, un individuo “alto, rubio, de cara redonda, que se jactaba de haber ido a Mendoza con documentos falsos a nombre de Pascual Gómez”. Pocos días después, la “patota” de la Armada regresó a las oficinas de Conrado Gómez para robar los títulos de propiedad de Cerro Largo.
La fe pública
Olivera logró salir de Italia con documentos truchos.Aunque parezca mentira, ya secuestrado, el anciano empresario Victorio Cerutti firmó una carta de pago a favor de Cerro Largo S.A. por el precio de los terrenos. La firma había sido registrada por Oscar Jorge Maglie, notario de la Prefectura Naval. De acuerdo al testimonio de varios sobrevivientes, no fue Cerutti quien acudió a la escribanía de Maglie sino Maglie, quien se trasladó a los sótanos de la Escuela de Mecánica. Allí Cerutti fue conminado a rubricar el registro de firmas y el recibo. Entre otras falsificaciones ideadas por los contadores navales, se fraguaron dosasambleas, se incluyeron accionistas inexistentes (Federico Williams, Juan Héctor Ríos y Marcos Hers) y se dio un poder general a nombre de un tal Pascual Gómez. Tras ese nombre se escudó “el Alemán” Berrone para viajar a Mendoza y comenzar los “trámites” que transferirían los terrenos de Chacras de Coria al patrimonio de Massera.
El poder
El poder que exhibió Berrone en la provincia fue otorgado por la escribanía de Ariel Washington Sosa Moliné, titular del Registro Notarial 306 de la capital, miembro del Consejo Directivo del Colegio de Escribanos porteños y profesor del colegio del Salvador. El respetable escribano es el mismo que intervino en el hurto de los bienes del desaparecido Fernando Branca, testaferro de Massera y marido de su amante, Martha Rodríguez Mc Cormack, amante posteriormente del castigado polista Huberto Roviralta. En los términos de la dictadura, Branca se “ausentó para siempre” durante un paseo en barco al que fue invitado por Massera. La noche anterior, Branca y el ex almirante habían comido en el Hostal del Lago mientras en una mesa vecina los hombres del grupo de tareas encargados de la faena prevista para el día siguiente identificaban a su blanco.
Los terrenos de Chacras de Coria fueron puestos a nombre de una nueva sociedad: Wil-Ri S.A. La escritura constitutiva fue firmada otra vez por Sosa Moliné. Como síndico titular figuraba el teniente de fragata contador Mario Cédola. Como su suplente había sido designada la actual jueza Emilia Marta García, por entonces adscripta a la escribanía de Sosa Moliné. En Wil-Ri, la jueza García ascendió paulatinamente de categoría y siempre de acuerdo a las necesidades del ex almirante. De suplente saltó a síndico titular y de ahí a accionista de la firma con el 5 por ciento del paquete, “en forma figurada”, según declaró en sede judicial tiempo más tarde. Para justificar la compra y las inversiones que permitirían la construcción de un lujoso barrio privado en los terrenos robados, Cédola y Emilia Marta García dijeron haber solicitado y obtenido un crédito por 160 mil dólares de la filial panameña de la Banque Nationale de Paris. El crédito era en verdad tan inexistente como buena parte de los personajes de la historia: se trataba de un dibujo que posibilitaba el reingreso del dinero que el almirante tenía depositado en sus cuentas del exterior.
Emilia Marta García explicó su gestión en la sociedad y lo hizo en la causa penal que, a raíz de estos hechos, instruyó al finalizar la dictadura el juez de instrucción Rodolfo Ricotta Denby: “El escribano (Sosa Moliné) anunciaba que se iban a hacer las reuniones. Las comunicaciones a Williams, Hers y Ríos (los inexistentes accionistas) las hacía el escribano o el personal de la escribanía. Al señor Cédola sí recuerdo haberlo llamado yo... Williams, Hers y Ríos eran personas de la city, empresarios que hablaban de dólares, ejecutivos, no sé sus domicilios, pero puede suponerse que eran de la Capital. Tenían trato respetuoso...”. La actual jueza hacía gala de una frondosa imaginación, al menos toda la necesaria para corporizar a tres individuos desconocidos para todos los registros oficiales.
Emilia Marta García, como el resto de los declarantes y ante la llamativa apatía del juzgado, abundó en detalles inespecíficos. “Sosa Moliné había hecho un curso superior sobre defensa y me recomendaba la posibilidad de hacerlo porque comentaba que daba muchas vinculaciones. Recuerdo que él era el encargado de unas reuniones de camaradería que se hacían mensualmente (...). Ahora trabajo en la Justicia”, concluyó sin más precisiones. Wil-Ri fue el eslabón imprescindible de la cadena que condujo a Misa Chico, la sociedad con la que Massera blanqueó en su favor los terrenos de Chacras de Coria arrebatados a los secuestrados, torturados y desaparecidos Cerutti, Gómez y Palma.
Una historia masserista
Este diario trató de comunicarse en vano con la jueza correccional Emilia Marta García. Pese a ello, Página/12 pudo reconstruir otro costado de la historia que liga a la magistrada con los sótanos de la ESMA. Así constató que la doctora García es la hermana mayor de Graciela García Romero, secuestrada por la Marina a poco del golpe militar de 1976. La Negrita García muy pronto pasó a integrar el “ministaff”, el grupo de sobrevivientes que se plegó a la organización ilegal del ex almirante. García fue en esa integración una de las pioneras. Su actitud respondía a dos razones: el deseo de salvar su vida y la relación sentimental entablada con su verdugo, el capitán Jorge “Tigre” Acosta. La detención rigurosa de Graciela García en la ESMA duró, por eso mismo, menos que para el resto. En poco tiempo se hizo acreedora a una especie de libertad vigilada y se la autorizó a regresar a su domicilio.
La Negrita –relataron otros ex prisioneros– participó además del tejido económico-financiero que se elaboró en los subsuelos del edificio de avenida del Libertador. Como parte de su “recuperación”, los marinos le asignaron destino en la Cancillería, donde ocupó un cargo de importancia en esa estructura de sombras, un contingente al que los empleados de planta del Palacio San Martín veían llegar por la cuesta de la calle Esmeralda, el trayecto que recorrían diariamente los transportes de la ESMA que trasladaban a los secuestrados para realizar tareas administrativas en un cuarto del subsuelo del Palacio, muy próximo a las oficinas del jefe de prensa, capitán de navío Pérez Froio. En esos años -’76-’78–, la Cancillería había quedado bajo jurisdicción naval en el reparto de las áreas del poder.
Cuentan que La Negrita García Romero se presentaba en los distinguidos círculos de Cancillería con el más tranquilizador y sonoro doble apellido de García Bonpland. Su conchabo terminó abruptamente cuando la diplomática Elena Holmberg fuera secuestrada a plena luz del día después de haberse entrevistado con el entonces canciller, contraalmirante Oscar Montes, a quien la diplomática le había confiado algunas de las andanzas del Centro Piloto de París.
Al margen de su labor extraoficial en la Cancillería, La Negrita García participaba en distintos emprendimientos “comerciales” compartidos con los marinos. Entre ellos, recuerdan algunos sobrevivientes, se destacaban la venta de archivos, documentación gráfica y fílmica cuyo origen se desconocía. Quienes transitaron el infierno de la ESMA dan cuenta de que en el centro ilegal de detención estaba depositado, por ejemplo, el archivo completo del diario Noticias.
El acopio de documentos devino en medio de vida. La Negrita García Romero fue con el tiempo una de las proveedoras de material histórico que proyectaba el programa televisivo “Siglo XX Cambalache”, conducido por la ex modelo Teté Coustarot y el presentador Fernando Bravo. Su aporte constaba en los propios títulos de la emisión. Por una extraña coincidencia, Teté Coustarot había sido la propietaria del departamento de la calle Darregueira, comprado por Massera y utilizado en sus aparatosos encuentros amatorios con Marta Mc Cormack.
Resulta obvio que la situación de Graciela García no fue ajena al rol que, por chantaje o por convicción, jugó su hermana, la actual jueza Emilia Marta García, en los negocios inmobiliarios del Almirante Cero. Lo sorprendente es que, después de ellos, la ex socia de Wil-Ri ocupe un lugar en la magistratura.

 

Claves

La Marina secuestró en enero de 1977 a los empresarios mendocinos Victorio Cerutti, Horacio Palma y Conrado Gómez. Todos fueron asesinados en la ESMA.
Las propiedades de las víctimas fueron traspasadas en una venta simulada a testaferros del entonces almirante Massera. Para 1981, estaban en manos de su hijo mayor y de su hermano.
Cuando las familias de las víctimas reclamaron judicialmente, en 1983, los Massera
simularon varias ventas sucesivas de los bienes.
Jorge Radice y Jorge “el Tigre” Acosta son dos nombres que aparecen a lo largo de los testimonios y expedientes de esta historia de saqueo.
El otro nombre es el de la ahora juez correccional Emilia Marta García.

Un ejemplo de ingeniería financiera y jurídica

Jorge Acosta, el Tigre, cómplice de Massera en el negocio y en la ESMA.

Por S. V.

En el verano de 1977, cuando fueron secuestrados sus titulares, el directorio de Cerro Largo, la sociedad propietaria de los valiosos terrenos de Chacras de Coria, tenía como presidente a Horacio Palma, como vicepresidente a Victorio Cerutti y como gerente general a Raúl Masera Pincolini, yerno de Cerutti. Pocos días después del secuestro, los contadores y escribanos de la ESMA fraguaron una carta de pago firmada por Cerutti a favor de Cerro Largo S. A. El recibo fue urdido ante el escribano Oscar Jorge Maglie, quien se desempeñaba como notario de la Prefectura Naval Argentina en el Registro Nacional de Buques. En otra fraguada reunión de directorio hicieron figurar como presidente de la asamblea a Cerutti, quien sin embargo no firmó las actas de la misma. Comparecían como nuevos accionistas Felipe Pagés y Mario Rodríguez, ambos inexistentes, según informarían con los años el Registro Nacional de las Personas y la Cámara Nacional Electoral.
Los ficticios directores resolvieron encomendar la gestión de los negocios sociales a Pascual Gómez, otorgándole para tal fin un poder general amplio confeccionado ante el escribano capitalino Ariel Washington Sosa Moliné. Dos días después, el 13 de abril de 1977, el inexistente Gómez nombró a su vez como apoderado de Cerro Largo S. A. al abogado mendocino Manuel Campoy, otorgándole facultades para administrar y/o vender los terrenos de Chacras de Coria sustraídos a los prisioneros de la ESMA. El fantasmagórico Gómez (en realidad, el capitán de navío Hugo Berrone) “vendió” las tierras de Chacras de Coria a Federico Williams, otro nombre sin correspondencia alguna con una persona real. El supuesto Williams dijo efectuar la operación “con dinero y para la sociedad Wil-Ri S.A., en formación”.
Wil-Ri S.A. fue constituida el 1º de julio de 1977 y quedó asentada en la escritura 1142, fojas 1970, del protocolo del escribano Sosa Moliné. Además de Williams, esa sociedad de sombras estaba integrada por Juan Héctor Ríos y Marcos Adolfo Hers. Los únicos personajes de carne y hueso eran en Wil Ri los síndicos Mario Alberto Cedola y la actual jueza Emilia
Marta García. Cédola era teniente de fragata retirado de la marina y compañero del ex almirante Emilio Massera en el Colegio Nacional de La Plata. También mantenía vinculaciones con el vicealmirante Rubén Chamorro, jefe de la ESMA en los días del secuestro de Cerutti, Palma, Gómez y Masera Pincolini. El contador Cedola era, asimismo, profesor de la Escuela Naval. En la declaración testimonial que realizó a mediados de los ‘80 ante el distraído juez instructor Rodolfo Ricotta Denby, Cedola dijo que al saber que existían restricciones al dominio de las tierras “recurrí al escribano Sosa Moliné, manifestándole mis temores en el sentido de que pudieran ser tierras no habidas correctamente o malhabidas y el escribano desestimó mi inquietud”. Para entonces el teniente de fragata y contador Cedola podía cargarle todo el peso de la responsabilidad a Sosa Moliné: el escribano había muerto el 15 de marzo de 1981. No obstante, simulando una defensa caballeresca, echó otra palada de tierra al cadáver: “...si el escribano actuó maliciosamente y no fue sorprendido en su buena fe, me defraudaría profundamente. Lamento que haya fallecido”, se condolió.
Recién en 1981 salieron al campo de juego los ocultos beneficiarios del negocio de Chacras de Coria. Wil-Ri vende los terrenos ya urbanizados a Misa Chico, la sociedad que, según se blanquearía un año más tarde, conformaban Eduardo Enrique Massera y Carlos Alberto Massera, respectivamente hijo y hermano del ex almirante. El domicilio social de Misa Chico era Cerrito 1136, es decir, el lujoso piso propiedad de Massera donde funcionó la sede del Partido de la Democracia Social. En los primeros meses de 1983, los descendientes de Victorio Cerutti regresaron al país e iniciaron las acciones legales tendientes a la recuperación de sus propiedades.
En paralelo, Massera comenzó a urdir la ingeniería comercial que lo impidiera. Lo hizo mediante sucesivas ventas de los terrenos a sociedadesintegradas por hombres del grupo peronista de derecha Guardia de Hierro, socios políticos del ex almirante. Recién el año pasado la Justicia de Mendoza comenzó a dar los pasos dirigidos a la restitución de los bienes de los desaparecidos. La historia que involucra a la jueza García es paradigmática del despojo que enriqueció a Massera a expensas de sus víctimas y al amparo del aparato del Estado.

 

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