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Los documentos bajo la lupa
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 La Justicia allanó la Universidad Nacional de La Rioja en busca de los documentos originales que probarían que durante el gobierno de Carlos Menem se desviaron más de 60 millones de pesos para la construcción de su ciudad universitaria, se pagaron sobreprecios millonarios y se benefició a los encargados de la construcción con �premios� y honorarios extra. Si los papeles secuestrados corroboran los datos manejados por la Oficina Anticorrupción y la Sigen, tanto el rector Enrique Tello Roldán como los ex ministros de Educación Jorge Rodríguez y Susana Decibe serán llamados a indagatoria, anticiparon a Página/12 fuentes judiciales.La delegación judicial se presentó en la administración de la Universidad por la mañana, acompañada por un grupo de policías de Defraudaciones y Estafas. El allanamiento cumplía así un exhorto enviado por el juez federal Gustavo Literas a su par riojano Alfredo Rojas. El rector Tello Roldán, que ha sido reiteradamente acusado de tener un manejo arbitrario para con el claustro docente y declarado �persona no grata� por la Conadu en febrero de 1999, no hizo ningún esfuerzo por ocultar su malestar. En agosto del año pasado, cuando la Sigen iniciaba su investigación sobre los manejos cuestionados, se puso al frente de un grupo de manifestantes que echó a los auditores de la Sindicatura a insultos y empujones. Ayer, cuando terminó el allanamiento, llamó a una conferencia de prensa en la que habló del �barbarismo que se comete con frecuencia, aun valiéndose de los medios judiciales�. Sus abogados ya presentaron un pedido de eximición de prisión con carácter preventivo, que todavía no fue resuelto. Lo hicieron en los tribunales de La Rioja, con lo que dejaron en claro que su cliente no acepta la competencia de Literas y prefiere que toda la investigación se ventile en su provincia. La megaciudad universitaria terminó de edificarse a fines de 1998, después de dos años de trabajo que insumieron 61.635.858,12 pesos del presupuesto nacional. Pero todo ese dinero, sostuvo primero la Sigen y más tarde la Oficina Anticorrupción al elevar el caso a la Justicia, estaba destinado a otros fines. La denuncia que ahora investiga Literas también señala que:  Se habría pagado un sobreprecio de más de 4 millones de pesos en equipos de aire acondicionado y un 15 por ciento más en muebles y equipos informáticos. Se le entregó a la empresa constructora (una Unión Transitoria de Empresas entre cuyos propietarios figura el intendente riojano Luis María de la Cruz Agost Carreño y en cuyo directorio estuvo la esposa del ex ministro de Justicia Raúl Granillo Ocampo) un �premio� de dos millones y medio de pesos por adelantar la terminación de las obras, aunque nunca se justificó la necesidad de hacerlo. Por las cifras en juego, se debería haber llamado a una licitación pública. En cambio, para la dirección de la obra se convocó a tres empresas �no especificándose mecanismo de selección alguno. El beneficiado fue el ingeniero Jaime Lande, cuya cotización fue cercana a los cuatro millones de pesos. La Oficina Anticorrupción planteó que el Estado hubiera podido conseguir un precio considerablemente menor de haber seguido los procedimientos tradicionales para seleccionar al contratista. Según sus cálculos, aplicando las normas arancelarias correspondientes al caso se llega a un honorario mínimo de 2.184.381 pesos. Es decir, casi la mitad.
CRUCHAGA RENUNCIO A SU BANCA
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