Enrique
Gorriarán Merlo, el líder del Movimiento Todos por la Patria
(MTP), llegó en camilla al Hospital Fernández. Junto a él
fue trasladado Carlos Motto, otro de los detenidos por el ataque al cuartel
de La Tablada en huelga de hambre desde hace 66 días. Los familiares
de los presos se reunieron con el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga,
y el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, para
reclamar garantías sobre la salud de los huelguistas.
Según transmitieron personas cercanas a Gorriarán Merlo,
el dirigente del MTP presentaba signos de extrema debilidad, síntomas
de descompensación cardíaca y deshidratación.
La internación de Gorriarán y Motto se sumó ayer
a la de Miguel Aguirre y Claudio Rodríguez, que están desde
el jueves en el Hospital Fernández. Hasta ahora, los ayunantes
perdieron más del 20 por ciento de su peso real y, en muchos casos,
han presentado cefaleas, vómitos, dolores musculares y arritmia.
Ante la delicada situación de los presos, sus familiares se presentaron
ayer por la tarde en el Ministerio de Justicia y pidieron una entrevista
con el viceministro. Cruchaga los atendió y luego derivó
parte de las inquietudes a Ciafardini.
Pedimos que haya un médico del Ministerio en la cárcel
porque las internaciones las resuelve un médico del Servicio Penitenciario
y no nos inspira confianza, manifestó Dora Molina, del grupo
de familiares, al salir de la reunión. La mujer relató que
ayer a las tres de la mañana levantaron a los presos de Devoto
diciéndoles que tenían que ir al juzgado y a las seis se
excusaron y manifestaron que había sido una equivocación.
Para nosotros es una provocación. Con estos presos no hay
equivocaciones, argumentó Molina.
Es una situación difícil y los familiares se llevan
la peor parte, vamos a hacer lo que podamos para ayudarlos. La posición
del Ministerio respecto de los presos es brindarles la atención
en el marco de la decisión que han tomado, aseguró
a Página/12 Ciafardini. El secretario informó además
que evaluará con el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa,
la posibilidad de enviar un médico a Devoto.
Los detenidos en huelga de hambre exigen su libertad en base al reclamo
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El
organismo internacional pidió, entre otras cosas, que se les conceda
una segunda instancia judicial, que les fue negada por haber sido juzgados
por la Ley de Defensa de la Democracia.
El jueves, el ministro del Interior, Federico Storani, recibió
a un grupo de intelectuales que reclamaron una solución desde el
Ejecutivo para los presos de La Tablada. Pero el ministro reiteró
que el Gobierno no firmará un indulto. Como los intentos de tratar
en el Congreso sucesivos proyectos de ley que podrían beneficiar
a los detenidos no dieron resultado, la mayor expectativa está
puesta ahora en la Cámara de Casación. Los familiares de
los asaltantes al cuartel de La Tablada y el Gobierno esperan una rápida
decisión de ese tribunal.
La semana pasada la Cámara Federal de San Martín, que juzgó
a los miembros del MTP, afirmó que era necesario cumplir con las
recomendaciones de la CIDH pero derivó el problema a Casación.
De cualquier manera, una revisión del fallo que condenó
a los asaltantes de La Tablada en 1989 no garantiza la libertad de los
detenidos. Si se expide a favor de la revisión de la causa, el
tribunal deberá resolver si otorga o no la excarcelación
de los huelguistas.
OPINION
Por Miguel Bonasso
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Diálogo al borde del
precipicio
Un grupo de intelectuales y artistas (que tengo el honor de integrar)
viene reuniéndose desde hace un mes con funcionarios y políticos,
en un esfuerzo hasta ahora vano para que se cumplan
los compromisos internacionales de la Nación y se otorgue
una reparación a los presos de La Tablada, antes
que la huelga de hambre los lleve a la muerte o la discapacidad.
En ese peregrinar por el Congreso, la Rosada y el Comité
Nacional de la UCR, distintas personalidades de nuestra cultura
como Osvaldo Bayer, Noé Jitrik, Tito Cossa, David Viñas,
Eduardo Pavlovsky, Tununa Mercado y Vicente Zito Lema; pastores
como José de Luca; sacerdotes católicos como Luis
Farinello, para citar solamente algunos nombres, han debido moverse
en un delicado equilibrio entre la necesidad de discutir con el
poder y lograr un principio de compromiso por parte de los poderosos
que destrabe la situación y permita levantar una huelga de
hambre que ya lleva 66 días.
Anteayer, jueves, este grupo fue recibido en la Casa Rosada por
el ministro del Interior Federico Storani, a quien acompañaba
la flamante viceministra Nilda Garré y la subsecretaria de
derechos humanos, Diana Conti. Elementales razones éticas
me impiden hacer una crónica detallada de ese encuentro que,
para muchos de nosotros, fue altamente significativo. Fui recibido
como parte de un grupo de ciudadanos que iban a ejercer su derecho
constitucional de peticionar ante las autoridades y no como periodista.
Pero nada me impide, creo, dar mi opinión sobre esta reunión
tensa y en muchos momentos ríspida, que abre sin embargo
una pequeñísima hendija por donde podría llegar
a pasar la luz.
Las posiciones resultaron inconciliables en relación con
el aspecto central: el cumplimiento por cualquiera de los tres poderes
del Estado argentino de la recomendación formulada por la
CIDH en relación con un nuevo juicio esta vez justo
para los presos de La Tablada. Storani, como él mismo lo
ha hecho saber, rechazó de plano la posibilidad de un indulto
presidencial o una conmutación de penas e insistió
en la vía legislativa para arribar a una reforma de la ley
de defensa de la democracia que conduzca a un reprocesamiento y
la eventual libertad (en un plazo obviamente largo) de los presos
mal condenados, que llevan once años de prisión rigurosa.
Y no retrocedió un milímetro de esa postura, en la
que lo secundaron con mayor o menor cortesía Nilda Garré
y Diana Conti, quien por su talante agresivo hacia los presos y
quienes los defienden ya va mereciendo el mote de Diana Cazadora.
De nada sirvieron nuestros argumentos: el proyecto enviado por el
Ejecutivo no garantiza en modo alguno que se aplique el dos por
uno en el caso de La Tablada; el bloque justicialista de Diputados
seguirá oponiéndose perversamente al tratamiento de
esta solución parlamentaria y algo mucho más terrible
y evidente: no hay tiempo para debates porque en cualquier minuto
de estos días críticos, alguno de los ayunantes puede
sufrir un paro cardíaco o un derrame cerebral. Y si uno de
los trece muere, los otros se dejarán morir en cadena. El
gobierno argentino, en ese caso, le guste o no al doctor Storani,
pagaría un costo internacional muy semejante al que debió
abonar Margaret Thatcher a causa de la muerte de Bobby Sands y sus
desdichados compañeros. Y eso que era Dama, de Hierro, y
estaba en su apogeo; tres condiciones ajenas al doctor Fernando
de la Rúa.
Sin embargo, a pesar de la posición cerrada del ministro
político, se abrió una pequeña instancia para
evitar la tragedia que no debe desaprovecharse. En primer lugar,
el diálogo mismo, que por momentos fue muy duro, resultó
también positivo: ambas partes expusieron sus argumentos
con brutal franqueza y al cabo el ministro se comprometió
a solicitar una audiencia con el Presidente de la República
y a seguir bregando (con el consabido respeto por la división
de poderes) para que haya un rápido tratamiento legislativo.
Si este pequeño compromiso se puede sumar a otros (como el
que adquirió ante este mismo grupo Raúl Alfonsín),
puede decirseque el diálogo no está cortado ni es
inútil. Y tal vez lo que haga falta, ahora, sea que esta
agrupación informal de intelectuales y artistas (de muy distintas
posiciones políticas, ideológicas y confesionales)
se institucionalice y agrupe junto con los representantes de todos
los organismos humanitarios para conformar lo que sugería
ayer mismo el médico Antonio Santamarina, de la Liga por
los Derechos del Hombre: una comisión oficial que supervise
y haga cumplir los acuerdos a que se pueda llegar, para que los
presos de La Tablada puedan levantar la medida de fuerza sin temor
a ser defraudados como ocurrió con el primer ayuno, en julio
pasado.
Y esto debe hacerse ya. Porque Bobby Sands murió en el sexagésimo
sexto día de huelga y los presos argentinos están
pisando esa línea roja.
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