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LOS PRESOS DE LA TABLADA LLEVAN 66 DIAS DE HUELGA DE HAMBRE
Internaron a otros dos detenidos

Enrique Gorriarán Merlo fue trasladado al Hospital Fernández. Ni la egislatura, ni el Gobierno ni la Justicia resuelven el caso.

El líder del MTP, Enrique Gorriarán Merlo, antes de iniciar el ayuno.

t.gif (862 bytes) Enrique Gorriarán Merlo, el líder del Movimiento Todos por la Patria (MTP), llegó en camilla al Hospital Fernández. Junto a él fue trasladado Carlos Motto, otro de los detenidos por el ataque al cuartel de La Tablada en huelga de hambre desde hace 66 días. Los familiares de los presos se reunieron con el viceministro de Justicia, Melchor Cruchaga, y el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini, para reclamar garantías sobre la salud de los huelguistas.
Según transmitieron personas cercanas a Gorriarán Merlo, el dirigente del MTP presentaba “signos de extrema debilidad, síntomas de descompensación cardíaca y deshidratación”. La internación de Gorriarán y Motto se sumó ayer a la de Miguel Aguirre y Claudio Rodríguez, que están desde el jueves en el Hospital Fernández. Hasta ahora, los ayunantes perdieron más del 20 por ciento de su peso real y, en muchos casos, han presentado cefaleas, vómitos, dolores musculares y arritmia.
Ante la delicada situación de los presos, sus familiares se presentaron ayer por la tarde en el Ministerio de Justicia y pidieron una entrevista con el viceministro. Cruchaga los atendió y luego derivó parte de las inquietudes a Ciafardini.
“Pedimos que haya un médico del Ministerio en la cárcel porque las internaciones las resuelve un médico del Servicio Penitenciario y no nos inspira confianza”, manifestó Dora Molina, del grupo de familiares, al salir de la reunión. La mujer relató que ayer a las tres de la mañana levantaron a los presos de Devoto diciéndoles que tenían que ir al juzgado y a las seis se excusaron y manifestaron que había sido una equivocación. “Para nosotros es una provocación. Con estos presos no hay equivocaciones”, argumentó Molina.
“Es una situación difícil y los familiares se llevan la peor parte, vamos a hacer lo que podamos para ayudarlos. La posición del Ministerio respecto de los presos es brindarles la atención en el marco de la decisión que han tomado”, aseguró a Página/12 Ciafardini. El secretario informó además que evaluará con el ministro de Justicia, Jorge de la Rúa, la posibilidad de enviar un médico a Devoto.
Los detenidos en huelga de hambre exigen su libertad en base al reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA. El organismo internacional pidió, entre otras cosas, que se les conceda una segunda instancia judicial, que les fue negada por haber sido juzgados por la Ley de Defensa de la Democracia.
El jueves, el ministro del Interior, Federico Storani, recibió a un grupo de intelectuales que reclamaron una solución desde el Ejecutivo para los presos de La Tablada. Pero el ministro reiteró que el Gobierno no firmará un indulto. Como los intentos de tratar en el Congreso sucesivos proyectos de ley que podrían beneficiar a los detenidos no dieron resultado, la mayor expectativa está puesta ahora en la Cámara de Casación. Los familiares de los asaltantes al cuartel de La Tablada y el Gobierno esperan una rápida decisión de ese tribunal.
La semana pasada la Cámara Federal de San Martín, que juzgó a los miembros del MTP, afirmó que era necesario cumplir con las recomendaciones de la CIDH pero derivó el problema a Casación. De cualquier manera, una revisión del fallo que condenó a los asaltantes de La Tablada en 1989 no garantiza la libertad de los detenidos. Si se expide a favor de la revisión de la causa, el tribunal deberá resolver si otorga o no la excarcelación de los huelguistas.

 

OPINION
Por Miguel Bonasso

Diálogo al borde del precipicio

Un grupo de intelectuales y artistas (que tengo el honor de integrar) viene reuniéndose desde hace un mes con funcionarios y políticos, en un esfuerzo –hasta ahora vano– para que se cumplan los compromisos internacionales de la Nación y se otorgue una “reparación” a los presos de La Tablada, antes que la huelga de hambre los lleve a la muerte o la discapacidad. En ese peregrinar por el Congreso, la Rosada y el Comité Nacional de la UCR, distintas personalidades de nuestra cultura como Osvaldo Bayer, Noé Jitrik, Tito Cossa, David Viñas, Eduardo Pavlovsky, Tununa Mercado y Vicente Zito Lema; pastores como José de Luca; sacerdotes católicos como Luis Farinello, para citar solamente algunos nombres, han debido moverse en un delicado equilibrio entre la necesidad de discutir con el poder y lograr un principio de compromiso por parte de los poderosos que destrabe la situación y permita levantar una huelga de hambre que ya lleva 66 días.
Anteayer, jueves, este grupo fue recibido en la Casa Rosada por el ministro del Interior Federico Storani, a quien acompañaba la flamante viceministra Nilda Garré y la subsecretaria de derechos humanos, Diana Conti. Elementales razones éticas me impiden hacer una crónica detallada de ese encuentro que, para muchos de nosotros, fue altamente significativo. Fui recibido como parte de un grupo de ciudadanos que iban a ejercer su derecho constitucional de peticionar ante las autoridades y no como periodista. Pero nada me impide, creo, dar mi opinión sobre esta reunión tensa y en muchos momentos ríspida, que abre –sin embargo– una pequeñísima hendija por donde podría llegar a pasar la luz.
Las posiciones resultaron inconciliables en relación con el aspecto central: el cumplimiento por cualquiera de los tres poderes del Estado argentino de la recomendación formulada por la CIDH en relación con un nuevo juicio –esta vez justo– para los presos de La Tablada. Storani, como él mismo lo ha hecho saber, rechazó de plano la posibilidad de un indulto presidencial o una conmutación de penas e insistió en la vía legislativa para arribar a una reforma de la ley de defensa de la democracia que conduzca a un reprocesamiento y la eventual libertad (en un plazo obviamente largo) de los presos mal condenados, que llevan once años de prisión rigurosa. Y no retrocedió un milímetro de esa postura, en la que lo secundaron con mayor o menor cortesía Nilda Garré y Diana Conti, quien por su talante agresivo hacia los presos y quienes los defienden ya va mereciendo el mote de Diana Cazadora. De nada sirvieron nuestros argumentos: el proyecto enviado por el Ejecutivo no garantiza en modo alguno que se aplique el dos por uno en el caso de La Tablada; el bloque justicialista de Diputados seguirá oponiéndose perversamente al tratamiento de esta solución parlamentaria y algo mucho más terrible y evidente: no hay tiempo para debates porque en cualquier minuto de estos días críticos, alguno de los ayunantes puede sufrir un paro cardíaco o un derrame cerebral. Y si uno de los trece muere, los otros se dejarán morir en cadena. El gobierno argentino, en ese caso, le guste o no al doctor Storani, pagaría un costo internacional muy semejante al que debió abonar Margaret Thatcher a causa de la muerte de Bobby Sands y sus desdichados compañeros. Y eso que era Dama, de Hierro, y estaba en su apogeo; tres condiciones ajenas al doctor Fernando de la Rúa.
Sin embargo, a pesar de la posición cerrada del ministro político, se abrió una pequeña instancia para evitar la tragedia que no debe desaprovecharse. En primer lugar, el diálogo mismo, que por momentos fue muy duro, resultó también positivo: ambas partes expusieron sus argumentos con brutal franqueza y al cabo el ministro se comprometió a solicitar una audiencia con el Presidente de la República y a seguir bregando (con el consabido respeto por la división de poderes) para que haya un rápido tratamiento legislativo. Si este pequeño compromiso se puede sumar a otros (como el que adquirió ante este mismo grupo Raúl Alfonsín), puede decirseque el diálogo no está cortado ni es inútil. Y tal vez lo que haga falta, ahora, sea que esta agrupación informal de intelectuales y artistas (de muy distintas posiciones políticas, ideológicas y confesionales) se institucionalice y agrupe junto con los representantes de todos los organismos humanitarios para conformar lo que sugería ayer mismo el médico Antonio Santamarina, de la Liga por los Derechos del Hombre: una comisión oficial que supervise y haga cumplir los acuerdos a que se pueda llegar, para que los presos de La Tablada puedan levantar la medida de fuerza sin temor a ser defraudados como ocurrió con el primer ayuno, en julio pasado.
Y esto debe hacerse ya. Porque Bobby Sands murió en el sexagésimo sexto día de huelga y los presos argentinos están pisando esa línea roja.

 

 

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