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 La Aduana levantó ayer
una ola de sospechas y comentarios en Tribunales, al retirarse como querellante
de la causa iniciada contra los directivos de la ex automotriz Sevel bajo
acusación de “contrabando agravado”. No obstante, la
causa seguirá su curso, impulsada por la Fiscalía. Lo llamativo
es que la decisión oficial se adopta apenas tres semanas después
que la Cámara Federal en lo Penal Económico, Sala B, confirmara
el procesamiento del ex titular de Sevel, Francisco Macri, y ordenara
que continúen bajo investigación otros directivos, incluido
Mauricio Macri, y a tres días de que los propios letrados de la
Aduana pidieran la ampliación de la investigación sobre
las operaciones presuntamente irregulares. El juez interviniente, el no
menos sospechado Carlos Liporaci, atribuyó al “ministro de
Economía” haber impartido la orden a la Aduana de desistir
de la querella, pese a que el organismo depende funcionalmente de la Jefatura
de Gabinete.
En un dictamen conocido ayer, Liporaci señaló que “resulta
sugestivo para el tribunal que el letrado patrocinante de la querella
solicitara tres días antes la ampliación de la investigación
a los períodos posteriores a los ya investigados para luego, siguiendo
el criterio del Sr. Ministro de Economía, desistir de la acción
en la causa”. El magistrado resaltó además que llama
aún más la atención si se tiene en cuenta que eso
“haya ocurrido luego de obtener éxito las apelaciones que
presentara respecto de las situaciones procesales de algunos de los indagados”.
Fuentes tribunalicias aseguraron que Machinea habría dado la instrucción
de desistir de la querella luego de que directivos de la firma francesa
Peugeot –que absorbió Sevel– le hicieron notar que se
verían perjudicados materialmente por un fallo desfavorable. “Hasta
ahora, lo que se está investigando es un contrabando por 14 millones
de pesos, pero ahora estaban ampliando la investigación sobre otros
períodos. Se entiende que la empresa que continúa a Sevel,
de salir condenada, tendrá que pagar multas por cientos de millones
de dólares”, indicaron las mismas fuentes.
Sevel fue cambiando de manos por etapas. Primero perdió la licencia
de Fiat, cuando la automotriz italiana decidió retornar al país.
Luego ingresó Peugeot como socio minoritario a Sevel, hasta que
finalmente Socma (Grupo Macri) se retiró del sector. Peugeot pasó
a operar con su propio nombre.
La causa que involucra a los Macri se inició a partir de la venta
de autopartes y piezas de Sevel Argentina a sus filiales Sevel Uruguay
SA y Drago SA como exportaciones definitivas, lo que la hacía acreedora
al cobro de reintegros. En el vecino país, las partes eran ensambladas
y reexportadas a Argentina como vehículos terminados –automóviles
y camionetas– bajo el régimen de intercambio compensado entre
miembros del Mercosur, por lo cual no pagaban aranceles de importación.
La información judicial señala que la operación habría
involucrado unos 1300 vehículos, pero sólo en unos pocos
meses entre 1993 y 1994.
La actitud de la Aduana implica que el Gobierno nacional desistió
de su rol de parte acusadora en una causa que significó un presunto
perjuicio económico para el erario. En el juzgado indicaron que,
de todos modos, la causa seguirá su curso ya que la lleva adelante
la fiscal María Gabriela Ruiz Morales, que asume la representación
pública y a la que las fuentes judiciales le atribuyen el carácter
de ser “la verdadera impulsora de la causa”.
Las mismas fuentes señalaron ayer que en las próximas horas
la fiscalía pediría el procesamiento de Mauricio Macri y
de otros dos ejecutivos de la ex firma Sevel, Luis Da Costa y Armando
Amasanti, y solicitará que se amplíen las investigaciones
en torno del ex titular de la Unión Industrial Argentina, Jorge
Blanco Villegas, que también formaba parte de esa empresa. Tanto
el presidente de Boca Juniors como Da Costa y Amasanti habían sido
beneficiados en primera instancia por un fallo del ex juez a cargo, Guillermo
Tiscornia, que había ordenado la “falta de mérito”
paraseguir involucrados en la causa. Pero la Cámara Federal revocó
dicho fallo a fines de octubre pasado. La figura del “contrabando
agravado” contempla penas que van de los dos a los diez años
de prisión.
REUNION
DE TIZADO CON TERMINALES
Pelea por las piezas
El secretario de Industria y
Comercio, Javier Tizado, relanzó ayer la propuesta de reducir los
impuestos internos que gravan los autos fabricados localmente, a cambio
de que posean una mayor proporción de piezas nacionales, lo que
fue mirado con desconfianza por los empresarios del sector.
“Tenemos en consideración incentivar la inclusión de
componentes locales a partir de una baja de impuestos internos, e intentaremos
acordar con los gobiernos de Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe una
acción similar en el campo de los ingresos brutos”, dijo Tizado.
El ex ejecutivo del Grupo Techint, uno de los principales proveedores
locales de chapa de las multinacionales automotrices que operan en el
país, formuló esas declaraciones luego de mantener una reunión
con el flamante titular de la Asociación de Fábricas de
Automotores (Adefa), Cristiano Rattazzi.
“Todo lo que sea desgravar me parece bien”, le respondió
Rattazzi, pero destacó que la propuesta “sólo alcanza
a algunos modelos”. El titular de Fiat Argentina relativizó
también la medida de alentar la incorporación de mayor componente
local, que en la actualidad está fijado en un 30 por ciento, al
asegurar que “regular demasiado puede generar más falta de
trabajo”. Además Ratazzi, pidió que el componente local
se mida “por proceso”, lo que le restaría peso nacional
a la producción. En tanto, insistió que sería necesario
un plazo de adecuación de tres años, mientras que el gobierno
se mostró favorable a que sean dos años para modelos que
se vienen fabricando y “algo más” para los nuevos tipos.
Finalmente, Tizado reconoció las diferencias y las dificultades
de la negociación. “Yo aspiro a que se pueda resolver, pero
es muy arriesgado hacer pronósticos”, señaló.
DEFINICIONES
DEL SECRETARIO PYME AL LANZAR SU PLAN
“Vamos a desalentar la baja salarial”
“Nosotros vamos a desalentar
públicamente todo lo vinculado a la reducción salarial como
forma de bajar los costos financieros. Debemos entender, con ustedes,
que la salvación es colectiva, o no existe”, les dijo Enrique
Martínez, flamante secretario de PyMEs a los más de 200
empresarios del sector que lo miraban absortos. A su lado, se encontraba
el ministro José Luis Machinea, su jefe, el mismo que a mitad de
año anunció una rebaja salarial del 12 por ciento para los
empleados públicos con sueldos de más de 1000 pesos.
“Muchas veces las Pymes reclaman reducción de costos financieros,
impositivos, de los servicios y también salarial, que les habilite
a reducir los períodos de vacaciones, a fraccionar vacaciones,
a recortar las indemnizaciones, a deteriorar la calidad de vida de sus
dependientes”, señaló Martínez, quien presentó
en sociedad su Plan de Fortalecimiento de las PyMEs. “Nosotros no
sólo no vamos a desaconsejar esas decisiones, sino que las vamos
a desalentar públicamente, porque nos parece que esa discusión
es de naturaleza cultural y hay que instalarla en el centro de la política
productiva”, aseguró quien hasta la semana pasada fue uno
de los diputados de la Alianza más críticos a la política
económica.
En los principales puntos del plan anunciado ayer se cuentan:
 La creación de la figura
de contribuyente eventual, que permitirá a “centenares de
miles de personas a comprar sus facturas en la Dirección General
Impositiva”. La idea es que los autónomos paguen impuestos
y cargas previsionales sólo cuando facturen, y en ese caso se hará
automáticamente al comprar la factura en la DGI, abonando un 12
por ciento de su valor.
Se presentará “una
propuesta alternativa para flexibilizar las normas de calificación
crediticia que tiene el Banco Central”.
Se ampliarán los programas
de desarrollo de proveedores (a sectores como textiles, procesamiento
de maíz, línea blanca y aluminio).
Se creará un área
de protección de PyMes, que “va a recibir denuncias de situaciones
que legalmente debieran estar cubiertas y que, sin embargo, no se cumple
con la ley”.
En ese sentido, Martínez
quiere convertirse en un “ombudsman” de las PyMEs denunciando
ilícitos aduaneros que las perjudiquen, violaciones a la ley de
compre nacional por parte de organismos públicos y hasta abusos
por parte de bancos.
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