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Por Diego Schurman
 El Gobierno y la CGT oficial
buscarán alcanzar hoy un acuerdo que permita implementar “de
hecho” la desregulación del sistema de obras sociales que
el presidente Fernando de la Rúa dispuso por decreto para el 1º
de enero de 2001. Durante toda la jornada de ayer, la ministra de Trabajo,
Patricia Bullrich, y el sindicalista Rodolfo Daer discutieron sobre aspectos
“técnicos” de la iniciativa, aunque todavía no
llegaron a un acuerdo.
La reunión entre la funcionaria y el líder cegetista se
realizó en la sede de la cartera laboral. Allí estuvieron,
por más de tres horas, el secretario de Trabajo, Anselmo Riva,
el superintendente de Servicios de Salud, Rubén Cano, los miembros
del directorio de ese organismo, Luis Ceriani y Angel Expósito,
y los abogados de la CGT, Alberto Tomassone y Federico West Ocampo, entre
otros.
Bullrich debió confirmar a Daer que el decreto ya había
sido firmado, pese a declaraciones previas del vocero presidencial, Ricardo
Ostuni, en sentido contrario. El propio De la Rúa debió
interceder anoche para despejar dudas. “Sí, he dejado firmado
un decreto. Y lo que ese decreto establece es darle facultades al organismo
correspondiente para la reglamentación”, señaló
desde México, donde se encuentra de gira.
No se trata de la reglamentación del decreto sino de los “procedimientos
para el ejercicio del derecho de opción”, una tarea en la
que también intervendrán los representantes de la Administración
Federal de Ingresos Públicos (AFIP).
Los principales temas de discusión de ayer, y que volverán
a abordarse en debate durante esta jornada, son:
 El financiamiento de las prestaciones
de alta complejidad. El decreto establece el aporte de un peso por beneficiario.
Ayer se barajó la creación de un nuevo fondo para que administre
ese dinero –unos 11 millones de pesos mensuales– y al cual puedan
acudir las obras sociales para pedir reintegros.
Las ofertas por encima de los
20 pesos. Los beneficiarios tienen garantizada una prestación básica
(establecida en el denominado Programa Médico Obligatorio) por
20 pesos mensuales. Las obras sociales podrán ofrecer servicios
complementarios a cambio de un aporte mayor. Pero esa oferta estará
acotada a mayores prestaciones de salud y no podrá contemplar,
en cambio, ofertas adicionales como las de seguros de vida, cuentas bancarias,
etcétera.
Nuevo empleo. El Gobierno considera
nuevo empleado a quien se incorpora por primera vez al mercado laboral.
La CGT quiere que se incluya en esa denominación a aquellos que
cambian de trabajo. La diferencia no es menor porque el decreto obliga
a cada nuevo trabajador a quedar afiliado automáticamente –y
por un tiempo aún no definido– al gremio de la actividad donde
se incorpora. Así, las obras sociales sindicales, que representan
a distintas actividades, cuentan con ventajas respecto de las empresas
de medicina prepaga que no representan a ninguna actividad.
Evasión. Ante el reconocimiento
del alto nivel de evasión (cerca del 40 por ciento), se discute
la manera de asegurar la continuidad de la prestación a cada beneficiario
aun si las empresas en las que trabajan no realizan los aportes correspondientes.
Este es un viejo reclamo de la CGT desde donde se asegura que cuando una
empresa evade aportes, las obras sociales sindicales igualmente atienden
al trabajador, mientras que no sucede lo mismo con las empresas de medicina
prepaga.
Consolidación de deudas.
Para que la competencia se dé en términos de igualdad, el
Gobierno busca “consolidar” las deudas que el Fondo Solidario
de Redistribución mantiene con las obras sociales sindicales y
las que el Estado, a su vez, mantiene con ese fondo. No son monedas. Los
sindicalistas aseguran que al Fondo Solidario de Redistribución
–que administra el 10 por ciento de los aportes de las obras sociales–
les adeuda 200 millones de pesos y que a ese fondo el Estado le debe 500
mil dólares.
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De la Rúa,
Fox, Cardoso y Lagos
El presidente Fernando de la Rúa llegó de visita
a México para participar hoy de la asunción del presidente
electo Vicente Fox. En su actividad más importante de ayer,
almorzó junto a Fox y los presidentes de Brasil y Chile,
Fernando Henrique Cardoso y Roberto Lagos (todos en la foto). “Reafirmamos
el sentido latinoamericanista y de vínculos fuertes con el
Mercosur que, apenas elegido, afirmó Fox”, evaluó
De la Rúa sobre lo conversado en el almuerzo de los cuatro
mandatarios en el hotel Presidente Intercontinental. De la Rúa
–quien hoy se encontrará con la secretaria de Estado
norteamericana, Madeleine Albright– se reunió después
a solas con Lagos. Durante ese encuentro, el chileno se confirmó
su firme intención de avanzar en la firma de un tratado de
libre comercio con Estados Unidos.
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LA
CAUSA CONTRA EL HIJO DE MARY SANCHEZ
Los errores del juez
La Cámara Federal porteña
declaró nula una resolución mediante la cual el juez Rodolfo
Canicoba Corral negó el beneficio de la eximición de prisión
a Héctor Giamperi, imputado en la causa por presuntas maniobras
de corrupción que involucra también a Rodrigo Aleman, el
hijo de la ex titular del Inaes, Mary Sánchez. Según los
camaristas federales Horacio Cattani, Eduardo Luraschi y Martín
Irurzun, el juez Canicoba cometió una serie de errores formales,
por lo que deberá resolver nuevamente, en el plazo de 24 horas,
la situación de Giamperi.
De acuerdo con la resolución, Canicoba habría afectado garantías
constituciones de Giamperi “tales como tener conocimiento de los
hechos por los cuales se le deniega su derecho a presentarse en libertad
de estar a derecho, y en consecuencia defenderse adecuadamente”.
De ahí se desprende que Giamperi solicitó ser eximido de
prisión ante el riesgo de ser detenido en el marco de la investigación
por supuestos pedidos de coimas a mutualistas. En este mismo expediente
está imputado Rodrigo Aleman. El 31 de octubre pasado, Aleman se
negó a responder en la indagatoria, pero efectuó un descargo
en el cual atribuyó las imputaciones en su contra a una “campaña
de desprestigio” para perjudicar a su madre.
La causa que instruye Canicoba se originó por una denuncia radicada
por el ex jefe de Gabinete, Rodolfo Terragno, sobre presuntos pedidos
de soborno a mutuales para evitar inspecciones. Giamperi formaría
parte de la red de responsables de las maniobras y habría actuado
desde las propias oficinas de la Jefatura de Gabinete.
Por otra parte la Asociación Mutual “13 de Mayo” denunció
mediante un comunicado de prensa que “no obstante haber presentado
su renuncia, Mary Sánchez continúa concurriendo cotidianamente
al organismo y aún preside las reuniones de directorio”. Según
la denuncia, Mary Sánchez aún asiste al Inaes “argumentando
que el presidente Fernando de la Rúa debe aceptar su dimisión
al cargo. Sánchez no abandona el cargo y continúa firmando
resoluciones con fecha posterior a su renuncia”.
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OPINION
Por Eduardo Aliverti
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Sangres de pato
José Luis Machinea confiesa que hacen todos los deberes,
pero que a la luz de la reacción de los “mercados”
–débilmente favorable o directamente nula, según
quiera verse– es como si no hicieran ninguno. ¿Ingenuidad
o cinismo?
Esa pregunta ronda por la cabeza de muchos analistas, pero, sobre
todo, en la porción que de eso que se llama “la gente”
se interesa por eso que se llama “la realidad”. ¿Son
o se hacen?, vendría a ser la traducción callejera
aunque, a esta altura del oficialismo, la balanza popular ya estableció
que hay la misma hijaputez de siempre en estos políticos
que gobiernan, antes que impericia. Porque si no, interroga “la
gente”, ¿qué tienen en la cabeza estos tipos
como para suponer que a más y más concesiones los
dueños de la torta se apiadarán?
Hay una certeza: no se les ocurre hacer otra cosa que entregar y
entregar, porque están convencidos de que cualquier actitud
o medida de relativa autonomía implicaría una reacción
del establishment capaz de producir un terremoto –fuga de capitales,
cesación de pagos, devaluación- frente al que no tendrían
respuesta alguna. Ante ese culto exasperante del posibilismo, que
es la manera diplomática de referirse a la pusilanimidad,
pierde mayor sentido establecer si hay ineficiencia o cobardía.
El análisis concreto de la situación concreta es que
el gobierno de la Alianza produjo hacia el poder económico,
en menos de un año, disposiciones y gestos que, vistos en
términos proporcionales, superan a los registrados durante
el menemismo. Impuestazo. Baja de salarios. Abolición del
sistema jubilatorio estatal. Desregulación de las obras sociales.
Pacto con las provincias de congelamiento de los gastos primarios.
Contra esa (incompleta) batería de agachadas, el “mercado”
contestó con aumentos del “riesgo-país”
más el surgimiento de una nueva palabreja “blindaje”,
que supone hacia futuro una nueva y descomunal hipoteca de los ya
exangües fondos públicos. Tampoco les alcanza observar
que son los países que conservan algún grado de resolución
propia, como Brasil, los que paradójicamente son mejor tratados.
La frutilla del postre es la incineración pública
y electoral de estos tristes personajes a quienes el destino no
reservará otro papel que oscuros retiros, tras no haber intentado
nada de nada. Porque no es ya que carecen de hambre de gloria. Es
que ni siquiera se animan a hacer un guiño, uno solo, hacia
las necesidades populares. Ni aun cuando les queda claro que la
mano del amo sigue al servicio del corte de manga.
Juzgados como están, ¿no habrá quien, aunque
sea en soledad, esté dispuesto a desobedecer algo alguna
vez en la vida?
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