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Por Adriana Meyer
 Los dichos de una especialista
en marketing político empezaron a causar dolor de cabeza al Gobierno.
El presidente Fernando de la Rúa y su amigo, el ex jefe de la SIDE
Fernando de Santibañes, fueron acusados de presunta malversación
de caudales públicos en la contratación de una consultora
de comunicación política vinculada con el asesor de imagen
Dick Morris. El fiscal federal Oscar Amirante impulsó una denuncia
que se basa en las declaraciones de una ex socia de Morris, que asegura
que cobró 25 mil dólares mensuales de las cajas de la SIDE
y que su ex jefe recibió un millón 600 mil por ocho meses
de trabajo. Amirante pidió una serie de medidas al juez Jorge Urso.
Mattie Lolavar es experta en comunicación política e imagen.
En una entrevista publicada el 4 de noviembre afirmó que quien
fuera el asesor preferido del presidente Fernando de la Rúa la
convocó para que “destacara los logros de la administración
aliancista”. Lolavar relató que aceptó la propuesta
y trabajó durante tres semanas con un contrato firmado entre la
consultora norteamericana de lobby Ikon y la SIDE. “Me explicaron
que lo hacían de ese modo por la resistencia que podía generar
nuestro trabajo”, comentó la mujer. Y agregó que le
explicaron que su tarea constituía una “operación encubierta”.
La revista Noticias publicó un facsímil del contrato –firmado
el 7 de junio–, en donde puede verse la firma de De Santibañes,
y asevera que hay una copia en el Departamento de Estado porque así
lo establecen las normas estadounidenses.
Sin embargo, la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia
le comunicó a la Justicia que no tiene ninguna información
respecto de esa contratación. La denuncia fue presentada por el
abogado Juan Carlos Iglesias –el mismo radical que formuló
una de las seis acusaciones del caso de los sobornos en el Senado–
y recayó en el juzgado de Urso. Amirante determinó que el
ex jefe de la SIDE y el Presidente de la Nación habrían
malversado fondos públicos al autorizar esa contratación.
“De la Rúa tenía claro que mi trabajo era pagado por
la SIDE”, enfatizó Lolavar desde su casa de Virginia. La ex
socia de Morris sostuvo que renunció porque se sentía “mal
moralmente”, y porque “después de ver tanta pobreza sentí
que le tomábamos la leche al gato”.
Una semana después de la publicación, Morris desmintió
a Lolavar al declarar que no había cobrado “ni un peso”.
Sin embargo, admitió que fue gestor de un contrato millonario entre
una consultora “amiga” y la SIDE.
Mientras tanto, en el Parlamento empezaron a pedir explicaciones. El diputado
justicialista Teodoro Funes ingresó a la Cámara un pedido
al Poder Ejecutivo “para que informe acerca de las causales que originaron
la desviación de fondos provenientes de la SIDE a actividades publicitarias
propias de otra secretaría de Estado”. Por su parte, los senadores
justicialistas Carlos Corach, Héctor Maya, Antonio Cafiero y Eduardo
Arnold le pidieron al Ejecutivo que informe “sobre la veracidad de
las afirmaciones” de Lolavar.
Esta es otra de las causas derivadas del escándalo de los sobornos
en el Senado. Los fiscales que investigan ese caso, Eduardo Freiler y
Federico Delgado, le solicitaron a la SIDE que envíe una copia
del polémico contrato. Ellos también tienen en la mira los
fondos de la SIDE y ya pidieron que vuelva a declarar –por cuarta
vez– el secretario de finanzas de ese organismo, Juan Gallea. “Acá
lo que subyace es el manejo discrecional de los fondos secretos de la
SIDE, que evidentemente no se usan sólo para tareas de inteligencia,
y eso es más un tema político que judicial”, especuló
uno de los investigadores.
CAMPAÑA
CONTRA MEMORIA ACTIVA
La Cancillería desmiente
Por R.K.
La Cancillería desmintió
ayer oficialmente que Memoria Activa hubiera planteado algún tipo
de reivindicación económica en sus presentaciones ante la
Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En todos los
casos, lo que hizo la agrupación de familiares de las víctimas
del atentado contra la AMIA es reclamar contra el Estado argentino porque
no investigó como correspondía el ataque ni protegió
la vida de sus seres queridos. Hace tres semanas, se intentó poner
en marcha una campaña contra Memoria Activa acusando a sus miembros
de haber planteado en Estados Unidos un reclamo por 50 millones de pesos.
El comunicado emitido ayer está firmado por el Representante Especial
para Derechos Humanos, embajador Leandro Depouy, y deja en claro que el
contencioso entre Memoria Activa y el Estado se concentra pura y exclusivamente
en la violación de los derechos de los familiares de las víctimas
y no en cuestiones patrimoniales. “Los peticionarios han recurrido
al orden internacional desprendidos de cualquier móvil de índole
económico”.
Las relaciones entre Memoria Activa y el actual gobierno han sido más
bien tensas, sobre todo porque los familiares no ven avances en la pesquisa
ni perciben que la administración De la Rúa haya puesto
más énfasis en encontrar a los culpables. Pese a ello, en
el terreno internacional, hay diferencias en el tratamiento de la cuestión
que hizo el gobierno de Carlos Menem y el actual.
En la campaña contra Memoria Activa no hubo ningún funcionario
público ni dirigente político que diera la cara, pero se
acusó a Memoria de realizar las presentaciones en Estados Unidos
para lograr un rédito económico. Los familiares desmintieron
con indignación esa versión -publicada por un matutino porteño–,
pero ahora también la Cancillería ratificó que en
Estados Unidos el litigio ante la CIDH está relacionado pura y
exclusivamente con un tema: si el Estado argentino cumplió o no
con su deber de investigar el atentado.
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