Por Susana Viau

La Procuración General de la Nación investigará operaciones sospechadas de “lavado” efectuadas por el Banco República, propiedad de Raúl Moneta, en triangulación con el Citibank, el Federal Bank y otras offshores de Bahamas. Según fuentes de la Procuración, en agosto, el Banco Central resolvió enviar a los fiscales la documentación que pone en evidencia tales maniobras y en la que los técnicos plantean la posible vinculación del Federal Bank con el financista estrella del menemismo. Los reflejos de Pedro Pou, presidente del BCRA, han sido extrañamente lentos: su reacción se produce cuatro años después de detectadas las primeras anormalidades, a dos años de que los propios inspectores del Central dieran la voz de alerta, a uno de que esos datos fueran difundidos por Página/12 y justo en el momento en que crecen los rumores acerca del interés que “el caso Moneta” ha despertado en importantes centros internacionales.

Ha llegado un inspector
En junio de 1998, inspectores dependientes de la Supervisión de Entidades Financieras practicaron un estudio sobre el Banco República y abrieron el expediente numerado 100.115. En aquel escrito advirtieron a sus superiores que habían detectado un llamativo movimiento de dinero. Se trataba de depósitos efectuados desde y hacia el Banco República que circulaban siguiendo un mismo patrón: pasaban por el Citibank de Nueva York y tenían siempre como emisoras o receptoras a entidades offshore establecidas en paraísos fiscales. Ellas eran The Winterbotham Trust Company Limited, Ludgate Investments, Southwark Assets Management Limited, Lolland Stocks Limited, Scott & Chandler Limited, Cairo Holdings Limited, Budleigh Limited Uruguay SA y, sobre todo, el Federal Bank. Estas sociedades habían sido constituidas en Bahamas, todas el mismo día y en una fecha muy cercana a la realización de las operaciones, con números correlativos, con un mismo domicilio comercial ubicado en la calle Blanes Viale de Montevideo, y representadas por una misma persona: el abogado Carlos Basílico, socio de Jaime Fernández Madero, presidente de Citicorp Capital Market. El monto de las operaciones sospechadas produce escalofríos: unos 200 millones de dólares mensuales.
La inacción del BCRA permitió que durante el proceso que desembocó en su caída, al República le fueran condonados los cargos (multas), que el Central “le diera el máximo legal de asistencia crediticia” y que pudiera efectuar su propia liquidación.

Mi hermosa lavandería
Junto a los señalamientos referidos a operaciones sospechosas de lavado, los técnicos trabajaron sobre una amplia gama de cuestiones. Subrayaron con especial énfasis el oscuro origen del República Holding Limited, nombre con que Moneta había rebautizado a UFCO, la sociedad constituida en Islas Vírgenes propietaria del 34 por ciento de las acciones del CEI (Citicorp Equity Investments). El hecho de estar asentada en un paraíso fiscal, opinaron los inspectores, “dificulta la evaluación de esta empresa”. ¿Por qué los técnicos hacían tanto hincapié en UFCO-República Holding? Porque era una “vinculada” e “importante depositante” de la entidad que auditaban. El difuso nacimiento de esa sociedad, insistieron, “resta transparencia” al principal accionista del Banco República. Los inspectores no lo dijeron, pero por si fuera poco el presidente de UFCO-República Holding había sido también Basílico, el representante de todas las offshores sospechadas.

Tostado caribe
La inspección del ‘98 había resultado una auténtica caja de Pandora: UFCO-República Holding había declarado en 1996 un patrimonio neto de 278 millones de dólares y sus ganancias menos de dos años después eran de 121 millones, cifra que no tiene parangón con la rentabilidad media de ningunaempresa legal; en 1998 el Banco República tenía un pasivo de 441 millones y el principal origen de sus fondos eran líneas del exterior (Bahamas) por 132 millones; había realizado importantes operaciones con el Republic National Bank del asesinado banquero Edmond Safra y cuyo representante en Argentina era... Carlos Basílico; a esas fechas el 57 por ciento de los depósitos del Banco República pertenecía a diez grandes depositantes, que no eran otros que las mencionadas empresas de Bahamas, Richard Handley (directivo del Citi), el banco de Safra y el CEI.
Lo que los inspectores no podían saber en esos días era que, un año más tarde, poco antes de la caída del República, esos principales iban a retirar providencialmente sus fondos.
Con todos estos indicios en la mano, los técnicos del Central sugirieron una serie de medidas tendientes a “conocer la naturaleza de dichas empresas con la inspeccionada (el Banco República). A saber: requerimientos de información a los bancos centrales de Bahamas y Uruguay, pedidos de antecedentes a la Inspección General de Justicia y consulta a Estudios y Dictámenes Jurídicos acerca de la procedencia de requerir información al Citibank NA”. Fue una recomendación inútil: el presidente del Central miró hacia otro lado. Ya lo había hecho en 1997, cuando un expediente similar describió con todas las letras la existencia de situaciones poco claras entre el banco de Moneta, el Federal Bank y el Citi de Nueva York.

Tarde piaste
Recién en agosto de este año Pou se decidió a tomar en cuenta la gravedad del tema. Así, descongeló el informe del ‘98 que fue girado para su compulsa a diferentes áreas del Banco Central. Ese nuevo análisis estableció que existiría una “estrecha vinculación entre el Banco República y el Federal Bank”. Constató, además, que si bien Moneta había señalado que no existían cuentas recíprocas entre ambos bancos ni formaban un grupo económico, los elementos reunidos en la inspección permiten suponer lo contrario. “Cabría considerar –agregaron los funcionarios de línea del BCRA– si la relación entre el Banco República con el Federal Bank reúne características comunes entre bancos locales y del exterior, puesto que en este caso el Federal Bank es cliente de la entidad local y efectúa operaciones en el país” sin que el Banco Central haya autorizado tales actividades. Por último, ante la eventualidad de que todo apunte a la consumación de una operatoria ilegal, aconsejaron remitir el caso a la Procuración General de la Nación. A los fiscales les toca ahora determinar si corresponde trasladar a los tribunales la demorada investigación.

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