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 El presidente de la Nación,
Fernando de la Rúa, logró obtener anoche el compromiso de
las cámaras empresarias del autotransporte de suspender la medida
de fuerza que habían anunciado al mediodía, consistente
en la no circulación de colectivos entre las 23 y las 4 de la madrugada.
La medida había sido acompañada con amenazas de despidos
de choferes, lo que había puesto en estado de alerta al gremio,
la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que había anticipado
la decisión de ir al paro ante el primer telegrama. La disputa
se originó en la suspensión del aumento del boleto decidido
por la Justicia la semana pasada, que retrotrajo el ajuste de 10 centavos
decidido por el Poder Ejecutivo diez días atrás.
La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, acompañada de Héctor
Tilve (CEAP) y Alberto Crespo (CETAP), representantes de las cámaras
empresariales del autotransporte, formuló el anuncio de la suspensión
de la medida de fuerza en la sala de periodistas de la Casa Rosada. Según
indicó la funcionaria, De la Rúa pidió a los transportistas
que “suspendan la medida hasta que la Justicia resuelva en segunda
instancia”, decisión que se conocería en “unos
diez días”, según estimó. Bullrich agregó
que durante el día de hoy se reunirá con los sindicalistas
enrolados en la UTA, quienes proyectaban a su vez realizar medidas de
fuerza, ante la inminencia de despidos en el sector, que fueron calculados
“entre ochocientos y mil” trabajadores por el dirigente empresario
Alberto Crespo. La ministra pedirá a los sindicalistas que “frenen”
cualquier medida de fuerza en el sector al resaltar que “es necesidad
de todos que no haya despidos y que no se interrumpa el servicio público”.
Los empresarios de la CETAP y la CEAP habían amenazado con interrumpir
los servicios de colectivos entre las 23 y las 4 de la madrugada, a partir
de esta noche, y hasta con despedir a “entre 800 y 1000” empleados
si no se restituía la vigencia del aumento en los boletos. Fue
en respuesta al fallo del juez en lo contencioso administrativo Martín
Silva Garretón, quien suspendió el aumento de 10 centavos,
decisión que fue apelada y sobre la que ahora deben decidir la
Cámara respectiva en segunda instancia.
La decisión de los empresarios vino acompañada por la amenaza
de los choferes de llevar a cabo un paro por tiempo indeterminado si se
producían despidos, lo que generó preocupación en
el Gobierno y obligó al primer mandatario a interceder en forma
personal. La Secretaría de Transporte había advertido durante
la tarde a los empresarios que, en caso de que no se cumplan con la normativa
que rige el sector, se aplicarían las sanciones por no cumplir
con las frecuencias nocturnas.
Frente a la polémica generada en torno al aumento de tarifas, suspendido
momentáneamente por la Justicia, el gobernador bonaerense, Carlos
Ruckauf, volvió a proponer que Repsol-YPF subsidie el gasoil para
las empresas del transporte que anunciaron despidos y la eliminación
de los servicio nocturnos. El ex vicepresidente Carlos “Chacho”
Alvarez, en tanto, criticó el “tarifazo” dispuesto por
el gobierno nacional en colectivos, trenes y subtes y advirtió
que “no se puede seguir exprimiendo el bolsillo de la clase media
y de los sectores populares”.
Crespo, presidente de la Cetap, ya se había referido al precio
de los combustibles al ser consultado sobre eventuales alternativas para
resolver el conflicto, al sugerir una baja de impuestos en el gasoil que
ayude a mejorar la rentabilidad del sector. Precisamente, en este último
punto los análisis que hacen empresarios y gremialistas son coincidentes.
“Bajar la presión impositiva favorecería al transporte
automotor, que se encuentra muy comprometido. Nosotros no apoyamos un
aumento en el boleto. Pero si no se hace algo, pronto veremos que los
empresarios usarán como variable de ajuste a los trabajadores para
salvar las empresas. Y eso no lo queremos”, analizó Palacios.
La reacción de los transportistas se produjo días después
de que el juez Martín Silva Garretón dictaminara que las
tarifas del colectivo debían retrotraerse a sus valores anteriores,
es decir, previo al aumentodispuesto por el Palacio de Hacienda que situó
al boleto mínimo en 75 centavos en vez de los 65 que costaba. En
su dictamen, el magistrado atendió el reclamo de un grupo de entidades
defensoras de los derechos del consumidor y ordenó que las tarifas
se mantuvieran sin cambios, a pesar de que Economía había
presentado la apelación judicial en defensa del incremento.
El problema de fondo radica en la pérdida de pasajeros que los
colectivos tuvieron en los últimos años. Sólo en
el último año, la caída de la carga llegó
al 4 por ciento. La merma se debe, básicamente, a que la gente
ahora viaja más en trenes y subtes y al alza en la tasa de desempleo.
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“El tarifazo
fue un error”
“Fue una equivocación”. Así, sin vueltas,
definió Carlos “Chacho” Alvarez el tarifazo de
transporte. En diálogo con Juan Castro, por Radio del Plata,
el ex vicepresidente de la Nación insistió una y otra
vez que fue un error el aumento de trenes, subte y colectivos. “Fue
una equivocación en el marco político y social que
vivimos; en este ambiente de pesimismo que tiene la sociedad”,
sostuvo Alvarez. Para volver sobre el tema al afirmar que “fue
un error que no hay que cometer porque, y se lo he planteado en
el documento al Presidente, no hay más margen desde ninguna
racionalidad para seguir ejecutando medidas que conspiran contra
los sectores de ingresos más bajos”. De esa forma, Alvarez
cuestionó con dureza la medida impulsada por José
Luis Machinea, a quien ahora le ha restado su apoyo, y también
arremetió contra el secretario de Transporte, Jorge Kogan,
funcionario que había afirmado que el tarifazo no afecta
a los pobres “porque directamente no viajan”.
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Un juez convocó
a una audiencia
El juez en lo Contencioso Administrativo Osvaldo Guglielmino convocó
para hoy a una audiencia de conciliación entre las partes
involucradas en el cuestionado aumento de pasajes de trenes y subtes.
Estarán presentes autoridades de la Secretaría de
Transporte, directivos de las empresas y el defensor del Pueblo
de la Nación, Eduardo Mondino, quien hizo la presentación
solicitando la audiencia. Mondino cuestionó los efectos de
la resolución que posibilita la suba de pasajes y pidió
que “siga vigente el cuadro tarifario anterior”. Las mayores
críticas al Gobierno se dieron porque tomó la medida
sin convocar a audiencia pública, como hubiera correspondido.
Desde la entrada en vigencia de la ley de Convertibilidad, la tarifa
del transporte público aumentó 134 por ciento, y con
este aumento trepó a 166 por ciento. Mondino también
solicitó al juez que se resuelvan otras presentaciones pendientes
de entidades de defensa de consumidores.
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PUJA
DE EMPRESARIOS, CHOFERES, USUARIOS Y ESTADO
Diez centavos pudieron mucho
Por
Julio Nudler
Como en un atasco,
el nudo parece imposible de desatar. Nunca 10 centavos pudieron tanto,
aunque sí supieron merecer aquel cortometraje antológico,
el recordado Tire dié, de Fernando Birri. Ahora el guión
es otro. Habría que reemplazar a aquellos pibes pobres que mendigaban
por los dueños de las flotas automotrices. En el culebrón
actual, un juez frenó el aumento del boleto. Las patronales colectiveras
anuncian un lock-out nocturno y un millar de despidos. Los “obreros
del volante” advierten que responderán al primer telegrama
con un paro general por tiempo indeterminado. La secretaría de
Transporte amenaza con sanciones a las líneas que dejen de circular
en la madrugada (¿realmente circulan?), tan pronto como lo verifique
la CNRT, órgano regulador fantasma que normalmente no verifica
nada. El empresariado, la clase trabajadora, la burocracia y la judicatura
se trenzan en una disputa tan áspera como la de esas muchedumbres
esquineras que intentan subir a un colectivo lleno.
Hace ya tiempo que esos vehículos portaban desacostumbrados carteles
laterales o traseros de lobby sectorial, quejándose de los malos
rumbos del negocio por culpa del precio del gasoil, de los impuestos,
de la falta de subsidios (de los que sí gozan –o gozaban–
los trenes suburbanos, que, por otro lado, son explotados por los mismos
colectiveros) y otros males. Tal vez figuren entre éstos las máquinas
expendedoras, que le permiten a Impositiva un control teóricamente
más efectivo de la verdadera recaudación.
Los dos datos clave del conflicto son la recesión y la caída
de los salarios. Después de treinta meses de anemia económica,
cada vez menos gente encuentra razones valederas para viajar a alguna
parte: menos actividad laboral, menos consumo, menos movimiento nocturno
en la ciudad y, como consecuencia, una menor demanda de transporte. A
esto se agrega el peso decisivo que el boleto y el cospel adquieren hoy
en el presupuesto de un trabajador. Cuando llegó la convertibilidad,
el pasaje de colectivo costaba 28 centavos. Hoy cuesta 70 u 80, según
se prefiera. Pero el salario del pasajero medio probablemente no haya
subido o haya mermado, por recortes directos o por efecto de sucesivos
cambios de empleo.
Cualquiera conoce casos como éste: un empleado raso, que gana 400
pesos mensuales, vive en el conurbano y para llegar a su trabajo en una
oficina céntrica debe tomar dos colectivos y el tren. Al cabo del
mes gasta, como un costo asociado a su trabajo, 120 pesos, o el 30 por
ciento de su ingreso, sólo en viajar. Para este asalariado el costo
del transporte era ya insoportable antes del aumento resuelto por Jorge
Kogan y apoyado calurosamente por José Luis Machinea. Esto marca
el límite social a la política oficial de tarifas. De hecho,
la deflación colaboró a descomprimir en alguna medida el
descontento generado por el descenso de los salarios, pero el transporte
se comportó como una isla inflacionaria en medio de las bajas de
precios de otros bienes y otros servicios.
Esta conducta atípica fue y es posible, en realidad, por dos factores.
Uno es la regulación estatal, que fija las tarifas por fuera de
la relación entre oferta y demanda. Es un caso de aquellos en que
a muchos consumidores quizá les conviniese más que el Estado
no se metiera a defenderlos. El otro factor es la falta de competencia:
en la mayoría de los casos, para realizar determinado trayecto
hay una línea obligada. Sea mejor o peor su servicio, hay que tomarla.
La alternativa, que es combinar dos líneas o dos medios diferentes
de transporte, implica pagar dos veces por el mismo viaje.
Kogan
no renunció, pero ya toca timbre para bajarse
Sus voceros desmienten la renuncia del titular de Transporte.
En Economía dicen que se irá cuando se destrabe el conflicto
por las tarifas. En el Gobierno ya arriesgan un reemplazante:
Pedro Trucco.
Jorge
Kogan, secretario de Transporte, con cara de pocos amigos.
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Por Raúl
Dellatorre
En medio de versiones cruzadas
sobre su inminente renuncia, anoche el secretario de Transporte, Jorge
Kogan, permanecía en su puesto. Sin embargo, no era el apoyo de
las máximas autoridades del Gobierno su principal sostén
sino la intención del ministro de Economía, José
Luis Machinea, de que Kogan siga en el cargo hasta que se defina la disputa
judicial por la suba de tarifas en el transporte. En altas fuentes del
Gobierno ya se especula sobre su reemplazante: Pedro Agustín Trucco,
ex ministro de Obras y Servicios Públicos en el gobierno de Raúl
Alfonsín.
Mientras que desde las oficinas de la Secretaría de Transporte
se negaba que su titular hubiera renunciado, en el Palacio de Hacienda
sólo aseguraban que no habría cambios “por el momento”.
En realidad, en el Ministerio de Economía se especula con una cuestión
de oportunidad: esperan que Kogan, que no es miembro “genuino”
del equipo de Machinea, asuma los costos políticos del conflicto
de tarifas del transporte. El aumento del autotransporte fue suspendido
por la Justicia, y el de subtes y trenes sigue en trámite judicial,
con lo que podrían correr la misma suerte.
En los pasillos de la Casa Rosada fueron más allá, y arrojaron
el nombre del probable reemplazante. Pedro Trucco, un ex asistente de
Alfonsín que incluso llegó a ocupar la Secretaría
de Gabinete en reemplazo de Rodolfo Terragno, en un enroque por el Ministerio
de Obras y Servicios Públicos, es la persona pensada para ocupar
el cargo que se asegura quedará vacante en pocos días más.
“No hay ningún apuro en ejecutar el cambio, ni en comprarse
un nuevo conflicto en este momento; lo más lógico es que
se espere a fin de año y en medio de las fiestas hacer el reemplazo,
cuando la gente ya esté pensando en otra cosa y el panorama esté
más claro en lo que respeta a las tarifas”, comentó
a este diario otra alta fuente gubernamental, con impecable lógica
política. Por otra parte, frente a la medida de fuerza lanzada
por el autotransporte, no parece ser éste el momento más
oportuno para entregar la cabeza de Kogan ni, menos, dejar vacante la
Secretaría de Transporte.
No fue tanto la decisión del aumento masivo del transporte lo que
puso en jaque a Kogan sino sus declaraciones posteriores a Página/12
en las que intentó explicar que el ajuste no afectaba a los pobres,
“que no usan el transporte público”. Aunque se trate
de una verdad estadística y ningún político pueda
negarlo, no se consideró prudente como argumento para justificar
el aumento. De paso, le sirvió en bandeja al Gobierno nacional
“un culpable” a quien responsabilizar del impopular aumento.
El martes, este diario dio un informe sobre los antecedentes de Kogan
como ex funcionario de la dictadura, en la que en particular los ferrocarriles
fueron un ámbito en el que se aplicó la política
represiva y de persecución a dirigentes gremiales y pasajeros.
Las repercusiones de dicho informe parecieron minar definitivamente la
suerte de Kogan, ya sea que éste pueda seguir un día o dos
semanas más en el cargo.
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