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Por Felipe Yapur
 Ya sin la incómoda tobillera
electrónica que controlaba sus movimientos durante el arresto domiciliario
y poco después de ser liberado –a pesar de haber sido condenado
a dos años de prisión como autor del delito de coacción
a un centro de compras del conurbano bonaerense–, el líder
del Movimiento Independiente de Jubilados y Pensionados, Raúl Castells,
convocó a jubilados y desocupados a pedir alimentos al Gobierno
el próximo 24 de diciembre. Y advirtió que en caso de no
obtenerlos, marcharán hacia las grandes cadenas de supermercados
a las que acusó de ser “corresponsables de las penurias que
pasa nuestro pueblo”.
Unas 250 personas esperaban a Castells en las afueras del tribunal de
Lomas de Zamora. Al salir del tribunal, saludó a su gente y recibió
el abrazo y la solidaridad del titular de la Corriente Clasista y Combativa
(CCC), Carlos “Perro” Santillán, y del líder de
la CGT rebelde, Hugo Moyano, quien concurrió acompañado
del judicial Julio Piumato. Poco después, desde su casa de Banfield,
Castells aseguró que “vamos a pedir al poder político
que solucione el problema de 5 millones de personas sin trabajo y 4 millones
de jubilados” y agregó que de no encontrar respuesta, el reclamo
se extenderá “a los grandes grupos económicos y supermercados
internacionales, que son corresponsables de las penurias que pasa nuestro
pueblo”.
Sin duda, la frase fue el anticipo de la primera actividad que desarrollarán
los seguidores de Castells el próximo domingo cuando realicen un
pedido de alimentos al Gobierno nacional. La convocatoria fue acompañada
de manera explícita por Santillán. Sin embargo, Castells
no podrá ser de la partida, debido a que la libertad condicional
que le fijó el tribunal finaliza recién el próximo
29 de enero. En tanto, los dirigentes de la CGT rebelde se limitaron a
repudiar el juicio contra el líder de los jubilados al considerarlo
“una vergüenza y una parodia” y aseguró que lo que
hizo la Justicia “fue justificar los dos años que tuvieron
preso a Castells y quedar bien con el capitalismo de Wal Mart”. Poco
después, Piumato adelantó la decisión de la CGT disidente
de “pedir el jury” de los integrantes del tribunal que juzgó
a Castells.
Pasado el mediodía de ayer, los seguidores de Castells –entre
los que se encontraban varios partidos de izquierda, además de
las organizaciones gremiales– aguardaban con nerviosismo la decisión
del tribunal. Adentro, en la primera fila del público, estaban
Moyano, Piumato y Santillán, quienes junto a unas treinta personas
esperaron durante poco más de dos horas a los jueces, que recién
aparecieron después de que el público reclamara su presencia
con aplausos y cantando el Himno Nacional.
Cuando Castells ingresó al recinto, agradeció con sus brazos
en alto a sus seguidores por el apoyo, y dirigió gestos y saludos
a su hija y a los sindicalistas presentes. A renglón seguido, advirtió
–a voz en cuello– que: “Vamos a seguir luchando por Argentina,
para que se termine la bosta que está gobernando el país”
y agregó que “por esa bandera argentina vamos a morir”.
Antes de que un fornido custodio lo obligara a tomar asiento, el dirigente
alcanzó a solicitar “que no haya más sectarismos, tenemos
que estar unidos”.
Poco después, los jueces Jorge Camino, Guillermo Rolón y
Rafael Villamayor anunciaron que su fallo era unánime y absolvían
a Castells en la causa iniciada por el supermercado Disco de Banfield,
al no poder probar que fuera quien lideró en marzo de 1997 el pedido
de comida. Al conocer la noticia, los congregados en las puertas del tribunal
vivaron y aplaudieron al dirigente enjuiciado.
Después de esta primera decisión, el tribunal anunció
el fallo de la causa por coacción que enfrentaba Castells, luego
de que el 23 de diciembre de 1998 y junto a unas 300 personas pidió
comida a la sucursal Avellaneda de la cadena norteamericana Wal Mart.
Por este hecho lo condenaron a dos años de prisión efectiva.
Sin embargo, esto no implica que sea de cumplimiento efectivo debido a
que buena parte de esta condenafue cumplida durante los 23 meses de arresto
domiciliario. Durante ese tiempo, el dirigente vivió controlado
por una tobillera electrónica.
Para condenarlo por coacción, el tribunal se valió del siguiente
argumento: el bien jurídico que se protegía era la libertad,
dado que el dirigente profería diversas amenazas por megáfono
y en diálogo con directivos del supermercado para ocupar el sitio.
Es por ello que para los jueces la ilegalidad del hecho radicaba sólo
“en el modo de exigir” y no en el reclamo en sí. A modo
de respuesta, la defensora María Fernanda Mestrín adujo
que se estaba debatiendo sobre el derecho de las personas a peticionar.
Pero los jueces no aceptaron como válido este argumento porque
consideraron que la Constitución Nacional dice que los reclamos
deben ser dirigidos “a las autoridades públicas y no a un
particular”.
Una vez que los jueces se retiraron del refrigerado recinto, y en las
afueras del tribunal, Hugo Moyano opinó sobre el juicio y su sentencia.
El titular de la CGT rebelde aseguró que se trató de “una
condena política” que sólo busca “detener la lucha
de los actores sociales” y sienta “un antecedente peligroso
para los compañeros que están procesados en todo el país
por protestar y reclamar justicia para los millones que se mueren de hambre
y que no pueden trabajar”. A su turno, el dirigente del Partido Obrero,
Pablo Rieznik, sostuvo a raíz de la sentencia que “es un bochorno
que (los jueces) por presión popular cambiaran de actitud. Eso
los muestra como fieles empleados de Wal Mart”.
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OPINION
Por Jorge Rivas *
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El pasado 5 de mayo, día en que se cumplió una jornada
de protesta con paro general, convocada por dos centrales sindicales,
el dirigente barrial marplatense Emilio Alí, de 25 años,
demandó al gerente de un local de la cadena de supermercados
Tía la entrega de bolsas de comida para distribuirlas entre
vecinos pobres. Estaba acompañado por alrededor de medio
centenar de trabajadores desocupados. Alí, presidente de
una junta vecinal que proporcionaba ayuda escolar y mantiene tres
comedores donde se alimentan trescientas personas cada día,
reclamó también que se permitiera retirarse a los
empleados del comercio, a fin de que pudieran sumarse a la huelga.
Las autoridades del supermercado accedieron a ambos pedidos.
Un mes más tarde, Alí fue detenido y procesado por
“coacción agravada por extorsión”. En realidad,
nadie había presentado denuncia alguna en su contra. La Justicia
de la provincia de Buenos Aires intervino porque un fiscal impulsó
una querella de oficio. Desde entonces, Alí está alojado
en la cárcel de Batán, donde inició una huelga
de hambre el lunes 11, después de que se le negara el beneficio
del arresto domiciliario.
Como se sabe, las cifras de la miseria en el país son aterradoras.
Las tasas de desocupación, de mortalidad infantil y de deserción
escolar, la cantidad de familias que viven por debajo de la línea
de pobreza y de chicos sumergidos en la indigencia, son las más
altas de la historia argentina. Son millones los que no pueden esperar
otra cosa que sobrevivir. Muchos de ellos han apelado en los últimos
tiempos a recursos desesperados, en algunos casos para obtener su
alimento, en otros para hacerse oír por las autoridades nacionales,
provinciales o municipales.
Entre todas las respuestas que los poderes del Estado pueden dar
a tan grave situación, la menos aceptable es la de reprimir
a quienes encabezan la resistencia de los excluidos. Sin embargo,
según datos proporcionados por la Central de Trabajadores
Argentinos, los militantes y dirigentes sociales procesados en el
país por participar de acciones tales como cortes de rutas
o reclamo de alimentos en supermercados, son más de 2500.
No se trata, por supuesto, de reclamar impunidad de quienes verdaderamente
cometan delitos. Pero es sin duda preocupante que se extremen las
medidas y se fuercen las normas legales para encarcelar a aquellos
que no infringen la ley sino que, por el contrario, se organizan
para exigir el respeto a sus derechos más elementales, claramente
consagrados por la Constitución Nacional.
Mientras tanto, sólo queda esperar que Emilio Alí,
que padece el ensañamiento de la Justicia bonaerense, permita
que otros trabajemos por defender sus derechos y desista de agotar
sus fuerzas en la huelga de hambre. Son demasiados los que lo necesitan
entero, con su capacidad de lucha y con su espíritu solidario
intactos.
* Diputado Nacional por el Partido Socialista Democrático
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