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Por Mariana Carbajal
 La batalla contra la violencia
doméstica y el abuso sexual infantil en el país corre peligro.
A través de una amplia campaña, un grupo de padres que han
sido alejados de sus hijos por causas judiciales –en algunos casos
por denuncias de agresiones sexuales hacia los menores– viene desplegando
una fuerte ofensiva para desprestigiar a destacados profesionales que
trabajan en la temática, invalidar las denuncias en su contra y
finalmente, desmantelar los servicios públicos que brindan atención
a las víctimas, de acuerdo con la presentación que hoy realizará
una delegación de especialistas en la materia a la subsecretaria
de Derechos Humanos, Diana Conti. La funcionaria recibirá a las
15 a la profesora titular de Introducción a la Violencia Doméstica
de la carrera de Trabajo Social de la UBA, Ruth Teubal; al psicoanalista
Carlos Volnovich; a la asesora de la Dirección de Política
Criminal, Graciela Hubez, y al abogado Silvio Lamberti, quienes le entregarán
un escrito de tres carillas –con la firma de casi un centenar de
profesionales de todo el país– en el que advierten sobre una
“escalada que pone obstáculos al proceso de visualización
de la violencia doméstica”.
“Está sucediendo en la Argentina lo que ya ocurrió
en países como Estados Unidos, Canadá y Gran Bretaña:
luego de un proceso de visualización de la violencia familiar y
el abuso sexual infantil, surge una reacción muy violenta de sectores
que se ven afectados por las denuncias”, señaló a Página/12
Volnovich. El psicoanalista detalló que en los últimos años
las denuncias de violencia doméstica y abuso sexual infantil han
ido aumentando en los juzgados locales. “El problema surge cuando
dejan de referirse a sectores marginales y de clases bajas y atraviesan
todas las clases sociales y los niveles culturales: en ese momento, se
produce la reacción fascista que observamos ahora en el país”,
alertó Volnovich.
Según detallan en el escrito que hoy entregarán a Conti,
la “campaña” comenzó con un artículo publicado
en el periódico jurídico La Ley (15 de setiembre) por el
ex juez civil Eduardo Cárdenas. Abogado con gran influencia en
Tribunales, Cárdenas habló de la existencia de una “verdadera
industria de denuncias de abuso sexual” (promovidas por la madre
contra el padre en situaciones de divorcios conflictivos “con el
fin de aislar al hijo del otro progenitor”), validadas por especialistas
que actúan como peritos oficiales o de parte. Entre ellos, señaló
a dos de los más prestigiosos profesionales que actúan en
el país: la psicóloga y psiquiatra infanto juvenil Irene
Intebi, coordinadora del Programa de Maltrato Infantil del gobierno porteño,
y al médico psiquiatra Norberto Garrote, jefe de la Unidad de Violencia
Familiar, del Hospital Elizalde.
La ofensiva –dice el escrito– siguió con una campaña
de la Asociación de Padres Alejados de sus Hijos (Apadeshi), una
entidad que agrupa mayoritariamente a varones que fueron separados de
sus hijos por cuestiones legales, muchas veces por causas vinculadas a
violencia y abuso sexual infantil. “Apadeshi está tratando
de instalar la idea de que profesionales inescrupulosos dan curso a falsas
denuncias de abuso sexual infantil para favorecer a la madre en un litigio
por la tenencia de los hijos”, dijo Hubez a este diario. El 10 de
noviembre, el diario Ambito Financiero publicó una extensa carta
del presidente de la entidad, José María Bouza, en la que
se sostiene ese argumento y se citan textualmente párrafos del
artículo de Cárdenas. Según pudo saber Página/12,
en una jornada realizada por Apadeshi el 20 de setiembre en la Cámara
de Diputados, sus integrantes volvieron a desprestigiar a los mismos profesionales
mencionados por el ex juez civil (a Intebi la llamaron “Mengele”)
e incluso llegaron a pedir que se “disuelvan definitivamente”
los centros de atención a víctimas de maltrato infantil
del gobierno porteño.
La campaña –precisa la nota– se completa con “una
profusión de amenazas de denuncias y juicios contra las y los profesionales
quetrabajan en el tema”. El escrito lleva la firma de alrededor de
un centenar de especialistas del área, entre otros de la Sociedad
Argentina de Terapia Familiar y de la Asociación Argentina de Prevención
de la Violencia Familiar, y de profesionales que se desempeñan
en los hospitales Penna, Elizalde y Argerich y en varias ONG.
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Los casos que se silencian
Por M.C.
“Puede haber algunas denuncias falsas por
abuso sexual infantil en el marco de divorcios muy conflictivos,
pero son mínimas y pueden detectarse. En realidad, lo que
existe es un subregistro de casos de abuso sexual infantil, es decir,
los que llegan a la Justicia son la punta de un iceberg”, consideró
la abogada y titular del Centro de la Mujer de la Municipalidad
de Vicente López, Marcela Rodríguez. Según
estadísticas internacionales, dijo, se denuncia apenas el
10 por ciento de los casos.
Las llamadas a la línea “Te Ayudo” del gobierno
porteño dan una idea de la magnitud del problema de la violencia
hacia los chicos. Cada día, a lo largo de 1999, se recibieron
un promedio de 34 pedidos de ayuda o denuncias de distintos tipos
de maltratos. De ese total, tres llamados diarios fueron por casos
de abuso sexual infantil. En más de la mitad de esos hechos,
el victimario denunciado fue el padre; en el 17 por ciento, el padrastro;
en el 4 por ciento, la madre; y en el 3,6 por ciento ambos padres.
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LOS
EFECTOS QUE PUEDE TRAER LA CAMPAÑA SUCIA
“Esto pone en riesgo a muchos chicos”
Por
M.C.
“Se está
poniendo en riesgo la salud de muchos chicos. El artículo del ex
juez Cárdenas ha tenido peligrosa resonancia en el medio judicial.
Con excepción de magistrados auténticamente preocupados
por los vínculos familiares protectores, los jueces están
dejando de tomar medidas para proteger a los menores que son abusados
sexualmente, por suponer que los profesionales que actúan como
peritos dan por ciertas denuncias que son falsas”, advirtió
el psicoanalista Juan Carlos Volnovich.
Las estadísticas señalan que sólo entre el 25 y el
50 por ciento de las denuncias por abuso sexual infantil son validadas
por los peritos. “Hoy existen métodos que permiten saber si
un chico fantasea o fue influido para mentir”, explicó a Página/12
Graciela Hubez, asesora de la Dirección Nacional de Política
Criminal.
En el último Congreso Internacional sobre Maltrato Infantil, realizado
en Sudáfrica en septiembre, el Programa de Asistencia del Maltrato
Infantil del Gobierno porteño presentó una ponencia sobre
los casos validados de abuso sexual de niños. Se analizaron 200
consultas recibidas entre 1998 y el 2000. Del total, se consideraron creíbles
51, que representan el 22,56 por ciento de los casos. “Cárdenas
se equivoca cuando afirma que la denuncia del niño siempre es validada.
Pero vale la pena aclarar que la falta de validación de una consulta
no significa que la misma haya sido mal intencionada sino que no se encontraron
indicadores físicos ni conductuales que corroboraran las sospechas”,
indicó Irene Intebi.
Virginia Berlinerblau, psiquiatra infanto-juvenil y perito del Cuerpo
Médico Forense, analizó los casos examinados por orden judicial:
de 315 casos de niños evaluados por sospecha de abuso sexual infantil
entre 1994 y el 2000, se validaron el 52,7 por ciento. Dieciséis
casos correspondían a sospechas sobre padres biológicos
que atravesaban divorcios conflictivos, no necesariamente en relación
con la tenencia de los hijos. De este subgrupo, se validaron 2 denuncias,
lo que equivale al 0,63 por ciento de los 315 casos estudiados y al 12,5
por ciento de los 16 casos de divorcios conflictivos.
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