La guerra de los teléfonos

Decir que a partir del próximo mes de noviembre el mercado telefónico se abre a la competencia a nivel nacional, ¿significa lo mismo para un habitante de la ciudad de Buenos Aires que para otro del interior de la provincia de Formosa? ¿Cambiará para uno y para otro la condición de cautividad que hoy tiene de una sola empresa proveedora del servicio local? ¿La competencia les permitirá acceder a tarifas más baratas en ambos casos, acceso a nuevas tecnologías de comunicación a precios accesibles, la posibilidad de cambiar de compañía cuando se le antoje?
Las propias autoridades oficiales admiten que no será sencillo reproducir, a nivel de telefonía local (el grueso del consumo de los usuarios residenciales), las rebajas de tarifas que se verifican en larga distancia a partir de la apertura de ese sector del mercado a la competencia. Segmento en el que, casi con seguridad, el precio de las llamadas seguirá bajando, mientras que para las llamadas urbanos apenas las grandes ciudades pueden guardar alguna esperanza de ver disminuidos los costos de sus facturas.
A medias tintas, la Secretaría de Comunicación del gobierno menemista, a cargo de Germán Kammerath, definió los trazos de la apertura. El actual gobierno, con Henoch Aguiar al frente de la Secretaría, se propone ingresar al mercado de competencia pero manteniendo, a menos de 180 días del Día D, un alto grado de indefinición en cuestiones básicas. Y todos, los dos operadores monopólicos actuales, los trece con licencias para ingresar, las cooperativas telefónicas y el Gobierno se lanzan dardos cruzados cuestionando los privilegios ajenos pero ocultando los que van a gozar o intentan preservar, según el caso. Los usuarios, ignorantes de la trama secreta de esta pulseada, no pueden hacer más que comprar o rechazar las promesas que se lanzan.
Dos cuestiones son el eje del debate que enfrenta a las actuales prestadoras con el Gobierno, por un lado, y con los operadores entrantes por otro: el costo de interconexión que los nuevos actores deberán pagar a los actuales por el uso de la red ya instalada (una suerte de peaje) y el servicio universal, es decir, la obligación de las actuales licenciatarias de ofrecer el servicio en todo el territorio nacional, aun en los rincones más aislados, que no tendrán como compromiso los operadores entrantes. Telefónica y Telecom quieren cobrarse esa diferencia de obligaciones fijando un peaje elevado, o recibiendo un subsidio por la atención de áreas no rentables. Los nuevos operadores sostienen que pagar un alto costo de interconexión es una barrera a la competencia. El Gobierno sostiene que bastante utilidad acumularon las licenciatarias durante los ocho años de exclusividad (monopolio) como para haber formado un colchón más que mullido.
Quince empresas o consorcios –incluidas las dos operadoras actuales, que saltarán la frontera para invadir la región hasta hoy exclusiva de la otra– están habilitadas para entrar en la competencia por la telefonía local. Pero de 1134 localidades en las que está dividido el país, apenas 40 han concentrado el total de las 86 licencias solicitadas. En 21 de dichas localidades ha pedido licencia una sola empresa, mientras que otras 31 licencias se concentran en apenas 4 localidades (Area Metropolitana Buenos Aires 10, Córdoba capital 8, Mendoza capital 7 y Rosario 6). En la franja intermedia, 15 localidades han sido elegidas por entre 2 y 4 operadores, que se agregarían a la operadora que ya presta el servicio.
La ecuación empresaria es sencilla: sólo 11 de las 1134 localidades del país son consideradas de “alta rentabilidad” (mayor al 15,6 por ciento sobre la inversión), y no pasan de 35 las que superan una “rentabilidad media” (más del 10 por ciento): las mismas elegidas por los nuevos operadores. A ellas se agregan unas pocas menos rentables pero cercanas al AMBA, como Pilar y Merlo, que algunas aspirantes sumaron para cumplir el compromiso de proponerse en tres áreas como mínimo. La concentración de licencias marca una frontera entre los usuarios que recibirán los beneficios de la competencia y aquellos otros que quedan al margen. Las áreas elegidas no sólo son las de más alta concentración de población, sino además las de más alto nivel de ingresos promedio. En el AMBA (Capital y Gran Buenos Aires), por ejemplo, los habitantes podrían tener ofertas de doce empresas distintas, con todas las ventajas que de ello se deriva de la baja de tarifas, integración de más servicios por el mismo valor y la constante innovación tecnológica aplicada por los competidores para no quedar relegados.
En cambio, en el interior de las provincias de Formosa, Chaco, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, Catamarca, Misiones, Corrientes, San Luis, o en todo el territorio de La Pampa, Santa Cruz y Tierra del Fuego, en donde no hubo un solo pedido de licencia, seguirán en la misma situación actual: un operador monopólico, pero además sin ningún interés en bajarle la tarifa ni invertir en una zona no rentable, dado que habrá perdido la “crema del negocio” o el subsidio cruzado, de la que goza hasta ahora por la exclusividad de explotación de áreas altamente rentables.
Pero, incluso, en el interior de áreas rentables como el AMBA, se generará una asimetría entre distintas categorías de clientes. Por ejemplo, el servicio comercial es mucho más rentable que el residencial, y nada obliga a las nuevas licenciatarias a brindar un servicio universal (para todos), como sí ocurre con Telefónica y Telecom. En esa franja, es previsible que las tarifas a ofrecer sean más atractivas que las que tengan a disposición los usuarios residenciales urbanos.
Las consecuencias del reparto geográfico de las ventajas de la competencia libradas al mercado no son novedosas. En un sentido, reproducirán la actual desigualdad de la riqueza y el ingreso que existe entre las grandes ciudades y las poblaciones más aisladas del interior, e incluso al interior de los grandes centros urbanos entre las unidades de mayor poder económico (consumidores corporativos) y los sectores de menores recursos (bajo consumo), por el tipo de ofertas segmentadas de los nuevos operadores.
Si el concepto de “servicio universal” pretendió ser una vía para la democratización de la prestación, fracasó. No sólo porque ocho provincias tienen una densidad telefónica similar a los países más pobres de la región, sino porque incluso las estadísticas dadas por las empresas privadas y el gobierno para Capital Federal (con un índice de “país desarrollado”) son engañosas. Mide la cantidad de teléfonos por cada cien habitantes, pero no la proporción de hogares con teléfono. En una ciudad poblada de oficinas, la diferencia no es menor.
En definitiva, no debería sorprender que la densidad telefónica reproduzca el mapa de ingresos de la Argentina (provincias pobres, urbes ricas), tras ocho años de ejercicio monopólico del mercado. Lo grave es que la apertura a la competencia, tal como está plasmada, tienda a ahondar esas desigualdades.

Quince competidores en conflicto

Por Fernando Krakowiak

Quince empresas competirán con Telefónica y Telecom (trece en telefonía fija) a partir del 9 de noviembre, completando el proceso de “desregulación” iniciado el año pasado con el ingreso de Movicom y CTI al mercado de las llamadas de larga distancia nacionales e internacionales. Según afirmó el secretario de Comunicaciones, Henoch Aguiar, la competencia plena provocará una rebaja del 80 por ciento en las llamadas internacionales y de un 60 por ciento en la larga distancia nacional. Sin embargo, para los precios de las tarifas urbanas las perspectivas son más modestas.
La apertura del mercado impulsada por Aguiar genera inquietud en las dos grandes compañías que operaron en condiciones monopólicas desde la privatización de Entel. A punto tal que amenazaron con dejar de invertir en las zonas no rentables del país si no reciben un subsidio o se le ponen mayores condicionamientos al ingreso de la competencia.
El conflicto, que podría hacer tambalear la apertura, surge por las diferencias en torno de cómo debería ser el marco regulatorio para este nuevo escenario. La Secretaría de Comunicaciones encendió la mecha al convocar a una consulta pública para discutir la administración y gestión del espectro radioeléctrico, el régimen de licencias y los reglamentos del servicio universal y de interconexión. El plazo para la presentación de las propuestas venció el viernes pasado y ahora se deberá decidir.
En el informe presentado por Telecom se afirma que los nuevos operadores solicitaron licencias para competir sólo en las capitales de las provincias y en los grandes conglomerados urbanos. Mientras que ellos tendrían que seguir brindando servicios en todas las regiones del país al mismo tiempo que ven reducir sus ganancias en la “crema” del negocio. El argumento es sencillo: si las dos grandes compañías telefónicas no obtienen el subsidio que reclaman, podrían suspender el mantenimiento de las redes y las inversiones en las zonas que señalan como no rentables.
Lo llamativo es que la desigualdad en el servicio ya existe. En la Capital Federal la densidad telefónica es similar a la de los países desarrollados, con 58 teléfonos cada cien habitantes. Sin embargo, hay ocho provincias que no alcanzan a superar los diez teléfonos cada cien habitantes. La falta de tecnología en comunicaciones sin duda profundiza la crisis de las economías regionales. Un caso crítico de desconexión es el de Formosa, con un índice de 4,48 de teledensidad.
La propuesta de Telecom es que los ingresos destinados a financiar el servicio universal provengan de un fondo donde aporten todos los operadores o de los costos de interconexión, o “peaje”, que se le cobra a la competencia por utilizar las redes propias cuando necesitan concretar una llamada.
Los operadores entrantes consultados por Cash estarían dispuestos a aportar un porcentaje de su facturación a un fondo para sostener el servicio universal, pero se niegan a subsidiar a Telecom y Telefónica a través de la interconexión ya que consideran que de ese modo sería imposible competir. Sólo aceptarían la creación del fondo si se administra de modo transparente y no implica una contraprestación automática para las empresas dominantes.
Aguiar afirma que su objetivo es favorecer la competencia en igualdad de condiciones para todos los operadores, pues la considera un factor “explosivo” para impulsar el crecimiento del sistema telefónico y favorecer la convergencia tecnológica de los distintos servicios. A menos de seis meses de la apertura total, la polémica acerca de las reglas que regirán esa competencia acaba de estallar.