“Los tribunales han funcionado bien, nadie puede decir que hubo interferencias, y no las habrá mientras sea el presidente.” Ayer Ricardo Lagos tuvo que defender esa posición ante sus más peligrosos detractores: las fuerzas armadas chilenas. Los militares forzaron a Lagos a convocar ayer (por primera vez en su mandato) al Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), un organismo legado por la dictadura donde las tres fuerzas armadas más los Carabineros se sientan en condición de igualdad con el presidente, los titulares de la Corte Suprema y el Senado, y el contralor general. Formalmente, el objetivo de la reunión era que Lagos escuchara de los militares algunas “ideas para la unidad y reconciliación del pueblo chileno”. Eso se traduce en una discusión sobre la principal amenaza que atenta contra esa unidad a ojos castrenses: el proceso judicial contra Pinochet. Este seguía ayer su impredecible curso cuando la defensa anunció que no obedecería la orden del juez Juan Guzmán de realizar los exámenes médicos al ex dictador el próximo domingo y lunes. Guzmán ignoró el desafío y anunció que interrogará a Pinochet el martes que viene.
Hasta ahora la defensa nunca tuvo reparos en apelar a la Justicia para detener cualquier resolución desfavorable del juez y ayer no rompió su costumbre. “A más tardar mañana (hoy) presentaremos una acción judicial para que se le dé la real importancia al estado de salud del ex presidente y no se tome tan a la ligera esta diligencia”, prometió el abogado Gustavo Collao. Su argumento se basaba en que Guzmán escogió una fecha demasiado cercana al límite fijado por la Corte Suprema para que se realicen los interrogatorios. Es decir, Guzmán habría buscado interrogar a Pinochet mientras los análisis (que se realizarán en el Hospital Militar) eran todavía estudiados, evitando así que el procesamiento a Pinochet se viera entorpecido o incluso detenido por los resultados finales. “Nos parece inconcebible que Guzmán fijara el antepenúltimo y penúltimo día dentro de un lapso de 20 días para que se le practiquen los exámenes”, subrayó Collao. Guzmán se justificó afirmando sencillamente que ayer fue el día en que recibió el expediente correspondiente. Tan poca impresión le causaron las amenazas de la defensa, de hecho, que unas horas después anunciaba que el interrogatorio se realizaría inmediatamente después de los exámenes, el 9 de enero, la fecha límite de la Corte Suprema. Collao tuvo que salir otra vez a enfatizar que “esto vulnera las intenciones de que los resultados de los chequeos estén antes de una declaración indagatoria”.
La última jugada de la defensa encuadra con su estrategia general de dilatar los tiempos para que las presiones extrajudiciales involucradas en el caso Pinochet entren en acción y detengan el proceso. La más importante de estas presiones viene de las fuerzas armadas, y es ejercida en el Cosena. Legado por la Constitución que Pinochet hizo redactar en 1980, el organismo fue condenado como un resabio autoritario en la democracia chilena. “Altera el orden institucional democrático tradicional, en que las fuerzas armadas son inminentemente obedientes al jefe de Estado”, subrayó ayer el senador democristiano Gabriel Valdés. En teoría, el Cosena sólo puede ser convocado para “tratar algún hecho, acto o materia que atente gravemente en contra de las bases de la institucionalidad o pueda comprometer la seguridad nacional”. En los hechos, sus últimas tres reuniones bajo el anterior presidente Eduardo Frei estuvieron directamente ligadas al arresto de Pinochet en Londres. Tras el desafuero de Pinochet en el mismo Chile era sólo una cuestión de tiempo hasta que los mandos militares exigieran discutir esta nueva amenaza local contra la institucionalidad. El detonante fue la orden de procesamiento que Guzmán dictó el 1º de diciembre. El jefe del Ejército, Ricardo Izurieta, exigió de inmediato una reunión del Cosena. Lagos se resistió, enfatizando que “el presidente soy yo”, pero el 27 finalmente cedió y fijó el 2 de enero como fecha para el encuentro.
Ayer comenzó puntualmente a las 17.00 hora local. Afuera una manifestación de más de medio millar de sindicalistas, estudiantes y comunistas protestaba por un encuentro dedicado a lograr “la impunidad dePinochet”. Ayer, por lo pronto, tal cosa no se logró. El Cosena dio su “respaldo” a los “esfuerzos del presidente por lograr la reconciliación”. Pero es la primera presión militar directa sobre Lagos, y seguramente no será la última.

EL PRESIDENTE ELECTO NOMBRO UN GABINETE MULTIETNICO
Bienvenidos a United Colours of Bush

George W. Bush, presidente electo de Estados Unidos, concluyó ayer con la designación de su gabinete de 15 cercanos colaboradores y cumplió con su promesa de tener un equipo multiétnico que represente la diversidad estadounidense. Once de los ministros designados buscan disipar la imagen del Partido Republicano como un reducto exclusivo de varones blancos, ricos, anglosajones y protestantes: en su gabinete estarán presentes dos afroamericanos, dos hispanos, cuatro mujeres, un japonés-americano, un ítalo-americano y un libanés-americano.
Los nombramientos fueron hechos dentro de la filosofía de “conservadurismo compasivo” que promete Bush en su gobierno. El primer hispano en ser nombrado para el futuro equipo de gobierno de Bush fue Melvin Martínez, un cubano-americano, para el puesto de Vivienda. Ayer, la méxico-americana Linda Chávez, una conocida activista laboral que trabajó anteriormente como parte del equipo legislativo demócrata en el Congreso, fue designada como secretaria de Trabajo. “Ella es inteligente, apasionada con la causa que defiende”, dijo Bush al presentar a su futura ministra. Chávez, que es de descendencia mexicana, se comprometió a apoyar y ampliar las oportunidades de trabajo para las mujeres y las minorías, aplicar estrictamente las leyes que defienden el derecho a la igualdad en el empleo, y combatir la discriminación.
Bush hizo ayer otros dos nombramientos dentro del compromiso multiétnico. Para la cartera de Transportes fue elegido el actual titular demócrata de Comercio, el japonés-americano Norman Mineta, que anteriormente trabajó como congresista por California y fue presidente del Comité de Transportes de la Cámara de Representantes. El libanés-americano Spencer Abraham fue designado como futuro secretario de Energía. Anteriormente fue jefe de gabinete del vicepresidente republicano Dan Quayle.
La semana pasada fue designado como secretario para Asuntos de Ex combatientes el ítalo-americano Antoni Principi. Aparte del nombramiento de la méxico-americana Chávez, figuran en el gabinete de Bush la secretaria de Agricultura, Ann Veneman, y del Interior, Gale Norton, entre las mujeres influyentes del próximo gobierno a instalarse el 20 de enero. El legendario general retirado y estratega de la guerra del Golfo Colin Powell se desempeñará en el Departamento de Estado. Junto a este afromericano estará otro de la misma minoría, Rod Paige, al que se le encomendó la cartera de Educación.
Quedan también en el entorno cercano del futuro presidente la afroamericana Condoleezza Rice, como asesora de Seguridad Nacional, y la directora de la influyente Agencia de Protección del Medio Ambiente que estará dirigida por Christie Todd Whitman. Aunque no tienen el rango de ministros, son figuras de primer orden en el gobierno los directores de la CIA, FBI y el embajador ante las Naciones Unidas, cargos que aún están pendientes de ser cubiertos.

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