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Por Mariana Carbajal
 El 15 de noviembre, Adriana
García, una docente de chicos hipoacúsicos, recibió
una notificación judicial que la hizo temblar de indignación
y bronca. La Fiscalía Nº 4 de Mar del Plata le informaba que
las actuaciones iniciadas a partir de las denuncias por amenazas y lesiones
contra ella y sus dos hijos cometidas por su ex marido habían sido
archivadas por falta de pruebas. Hasta para darle la espalda, la Justicia
llegaba muy tarde: un mes antes, el hombre había degollado a los
niños, de 2 y 4 años. “Cuando vi la cédula judicial,
pensé que era una carta de disculpas, por lo que no habían
hecho. Pero me di cuenta de que el sistema judicial es tan perverso como
mi ex esposo”, señaló Adriana a Página/12. Ayer,
al cumplirse tres meses del doble homicidio de sus hijos, se realizó
una misa recordatoria en la Catedral marplatense y Adriana encabezó
una mesa para recolectar firmas a fin de exigir que “los tiempos
de la Justicia se ajusten a los tiempos de la vida”. Su caso no es
aislado. Según coincidieron especialistas consultados por este
diario, las víctimas de violencia doméstica tienen grandes
dificultades para ser escuchadas en los tribunales bonaerenses, por falta
de capacitación de magistrados y personal judicial en esta problemática.
“La estructura jurídica de la provincia es insuficiente y
altamente ineficiente. Deberían existir cuerpos de peritos especializados
en violencia familiar para analizar cada caso”, consideró
el secretario nacional de Política Criminal, Mariano Ciafardini.
“Hay jueces muy apegados a las formalidades en el pedido de pruebas
que no tienen en cuenta que en este tema una demora de 3 a 10 días
puede ser mortal”, objetó Eugenio Freixas, director de la
Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración de
la Nación. “Es uno de los casos más vergonzosos de
la Justicia de la provincia”, sostuvo la senadora Elisa Carca, autora
de la flamante ley bonaerense de violencia familiar (ver aparte).
El doble homicidio ocurrió el 17 de octubre en el barrio Peralta
Ramos Oeste, de Mar del Plata. Ariel Rodolfo Bualo, un empleado de una
agencia de seguros, de 35 años, asesinó en la madrugada
a sus dos hijos con un cuchillo de cocina, pasó la noche junto
a los dos cadáveres y a la mañana él mismo dio aviso
del hecho a la policía. “Si en la fiscalía hubieran
perdido 2 minutos, me hubieran dado la oportunidad de convencerlos de
que mi ex marido era un tipo peligroso”, afirmó Adriana, con
la voz entrecortada por la rabia infinita y la congoja que le produce
recordar el desenlace fatal que tuvieron los hechos.
“Mamá, vamos
a escondernos a un pelotero”
La primera denuncia por las agresiones y amenazas que estaba sufriendo
la realizó en mayo en la Comisaría 7ª de Mar del Plata,
días después de pedirle a Bualo que abandonara el hogar
conyugal al enterarse de su propia boca que se estaba tratando con un
psiquiatra por ser “un abusador sexual compulsivo”. Llevaban
ocho años de casados y tenían dos hijos, Valentina, de 2,
y Sebastián, de 4. Según precisó Adriana, las actuaciones
por su denuncia pasaron a la Fiscalía Temática de Conflictos
Sociales y Familiares Nº 4, a cargo de María de los Angeles
Lorenzo.
La confesión de su marido, en realidad le permitió atar
cabos sueltos. “Hacía dos años que recibía llamadas
anónimas con tono erótico, que después me di cuenta
de que las hacía él. Incluso, él mismo me admitió
que había abusado hacía varios años de una familiar
muy cercana. También descubrí que intercambiaba por Internet
todo tipo de material pornográfico”, describió. A partir
del día en que echó a su esposo de la casa, la vida de Adriana
se convirtió en una pesadilla. “Tres veces entró rompiendo
el portón del garaje y la puerta de la cocina. Una vez destrozó
con un palo la computadora, muebles, me tiró al suelo, y me agredió
físicamente. Mi hijo me decía: ‘Mamá, vamos
a escondernos a un pelotero que ahí no nos va a encontrar’.
Además, solía llamar antes de venir desdeun teléfono
público y dejarlo descolgado para dejarme incomunicada”, recordó
la mujer, que es docente de la Escuela Especial Nº 508 de la ciudad
balnearia y consejera académica de la Facultad de Ciencias de la
Salud de la Universidad Nacional de Mar del Plata. “Desde que me
separé pedí que la Justicia interviniera. Hubo más
agresiones. Insistí en la Fiscalía Nº 4, pero nunca
me dieron bolilla. Pedí la exclusión del hogar, tenencia
y régimen de visitas supervisado por una asistente social, pero
tampoco conseguí nada”, denunció la mujer. En el caso
había tomado intervención también el Juzgado de Menores
Nº 1, a cargo de la jueza Olga Artola. “El 2 de octubre me llegó
una citación: decía que tenía que presentarme al
tribunal el 27 de setiembre. Me presento de todas formas. Me dicen que
quieren constatar las lesiones de Sebastián inferidas por su padre
en el mes de junio. Me derivan a una psicóloga, que sin ningún
tipo de técnica para tratar este tipo de casos interroga a mi hijo.
Cuando le cuento que Sebastián evidenciaba cambios en su conducta
infantil (se hacía pis), me sugiere llevarlo a un psicólogo
particular, pero nunca me dieron protección”, recordó
Adriana.
La historia tuvo un final trágico. En la mañana del 16 de
octubre Bualo retiró a los chicos y debía regresárselos
a su madre por la tarde. “Como a las 18 no los había traído,
comencé a buscarlos. Llamé a la casa de su madre para pedir
ayuda y me dijo que no quería meterse. A la medianoche hice la
denuncia en la Comisaría 7ª, pero no la consideraron pertinente.
A la 1.30 del 17 de octubre fui a la Brigada para que algún efectivo
me acompañara a buscarlos. Me contestaron que legalmente no podían
hacerlo. A las 2 pedí ayuda en la Comisaría 3ª y me
respondieron lo mismo. Entonces, fui sola a su casa y no me contestó
nadie. A las 3, hablé a la fiscalía Nº 3, de turno,
y me dijeron que hiciera la denuncia en la Comisaría 7ª. Así
lo hice. La denuncia sería enviada a las 7.30 a la fiscalía
Nº 4. A esa hora fui a esa fiscalía, pero la denuncia no había
llegado.”
Una hora y media más tarde Adriana constató lo peor. Su
ex marido había degollado a los dos niños. Paradójicamente,
al día siguiente la fiscalía Nº 4 firmaba una cédula
judicial comunicándole que archivaban por falta de pruebas las
actuaciones iniciadas a partir de sus denuncias por amenazas y lesiones.
La notificación le llegó el 15 de noviembre. Hacía
un mes que sus hijos estaban muertos.
Hoy Bualo está detenido a la espera del juicio oral y público
por el doble homicidio agravado por el vínculo, que podría
depararle prisión perpetua, el castigo máximo previsto por
el Código Penal.
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Un sistema “ineficiente”
Por M.C.
“Adriana García se movió sola en la Justicia
hasta que ocurrió el doble homicidio, y nadie la escuchó.
Si para que una mujer consiga protección debe contratar a
un estudio caro, estamos muy mal”, evaluó el abogado
Eduardo Fernández Fiks, representante legal de la mujer en
la causa penal que sigue contra su ex marido.
Para el secretario de Política Criminal, Mariano Ciafardini,
el caso muestra que la Justicia bonaerense es “altamente ineficiente”.
De su secretaría depende un cuerpo interdisciplinario de
peritos especializados en violencia familiar al que los jueces de
familia envían las causas para recibir asesoramiento antes
de tomar una decisión. “En la provincia deberían
crear un organismo similar”, opinó Ciafardini.
La senadora bonaerense Elisa Carca apuntó que la pesadilla
de Adriana García no es aislada. “La Justicia no le
da bolilla a la violencia doméstica, porque también
allí el patriarcado sigue vigente”, dijo al ser consultada
por Página/12.
“Lo siniestro en este caso es que nuestro sistema judicial,
supuestamente encargado de nuestra seguridad y protección,
se alíe con la violencia, volviéndose radicalmente
desconocido para los ciudadanos, y por lo tanto fuente de continuo
terror”, analizó Cristina Zurutuza, coordinadora de
la sede local del Comité Latinoamericano para la Defensa
de los Derechos de la Mujer.
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Qué dice la
nueva ley
En los primeros días de enero entró en vigencia,
en la provincia de Buenos Aires, la ley de protección contra
la violencia familiar, que fue sancionada por la Legislatura bonaerense
el 6 de diciembre pasado. Se trata de la primera normativa de este
tipo que rige en el territorio provincial, y amplía el espectro
determinado por la ley nacional. Entre otras medidas cautelares,
el texto establece un plazo máximo de 48 horas –a partir
de la presentación de la denuncia– para que el juez
ordene la exclusión del agresor del hogar; además
dispone la creación de un Registro de Denuncias de Violencia
Familiar y la capacitación del personal judicial y policial
para actuar en casos de violencia doméstica.
La nueva ley define la “violencia familiar” como “toda
acción, omisión, abuso, que afecte la integridad física,
psíquica, moral, sexual y/o la libertad de una persona en
el ámbito del grupo familiar”. El grupo familiar está
formado no sólo por aquellas personas con lazos sanguíneos
directos sino por todos los que conviven bajo un mismo techo, aun
cuando no tengan relación de parentesco. La ley rige tanto
para matrimonios y uniones de hecho como para noviazgos y parejas,
actuales o anteriores. A partir del momento de la denuncia –que
puede ser verbal o escrita–, el juez dispone de 48 horas para
excluir al victimario del hogar y prohibir su acceso a los lugares
de trabajo, estudio o esparcimiento de la víctima. El juez
citará al agresor y al agredido por separado, sin necesidad
de audiencias de mediación previas. La ley también
dispone la creación de dos registros: uno de ONG especializadas,
en el que se inscribirán aquellas entidades que cuenten con
los recursos necesarios para un adecuado diagnóstico y tratamiento
de las problemáticas de violencia doméstica, y otro
de Denuncias de Violencia Familiar, en donde se dejará constancia
de los casos denunciados.
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OPINION
Por Marcela Rodríguez *
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Adriana no es la única
El caso de Adriana García no es único. En general,
a las mujeres víctimas de violencia doméstica les
resulta muy difícil lograr que la Justicia y la policía
escuche sus denuncias. Es cierto que a lo mejor la mujer no provee
suficientes pruebas, pero si los tribunales investigaran seriamente,
las encontrarían. Lo más grave es que muchas de estas
situaciones de violencia doméstica llegan, como en el caso
de los hijos de Adriana, a resultados fatales. El problema es que
la Justicia y las fuerzas de seguridad siguen siendo machistas.
Sigue primando una concepción de que este tipo de episodios
pertenece al ámbito privado. A este panorama se suma el hecho
de que para los jueces penales (que suelen tratar diariamente casos
de homicidios) una denuncia por lesiones leves o amenazas de una
mujer víctima de violencia doméstica tiene poca entidad.
Y hay jueces de familia que intentan preservar el vínculo
entre los padres y los hijos por sobre la integridad de la mujer.
Lo más terrible es que muchas veces se pudo haber tomado
alguna medida para preservar la salud y la vida de la mujer y de
sus hijos antes, incluso, de que la denuncia llegue a la Justicia:
ya sea a través del sistema de salud o de la escuela, que
deben estar alertas para detectar este tipo de casos.
La Justicia de Mar del Plata tenía suficientes elementos
como para actuar. Antes de la flamante ley de violencia familiar
–promulgada en los últimos días–, ya estaba
vigente una ley provincial que establece la exclusión del
hogar del agresor. Además, como es ley nacional, está
vigente en el territorio bonaerense la Convención para Prevenir,
Sancionar y Erradicar toda forma de Violencia contra la Mujer (conocida
como Convención de Belém do Pará), que establece
que se debe investigar diligentemente la denuncia de la mujer y
se deben “adoptar medidas jurídicas para conminar al
agresor a abstenerse de hostigar, intimidar, amenazar, dañar
o poner en peligro la vida de la mujer de cualquier forma que atente
contra su integridad o perjudique su propiedad”. Esto implica
que el Estado es responsable por violar estas normas y la misma
convención establece que se podría presentar una denuncia
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
* Abogada, directora del Centro Municipal de la Mujer de Vicente
López.
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COMO
ACTUAR EN CASOS DE VIOLENCIA FAMILIAR
“Acá una demora puede ser fatal”
Por M.C.
“En casos de violencia
familiar, la provincia de Buenos Aires debería tener un sistema
de alerta temprano y de evaluación de riesgos. Y los jueces deben
tomar medidas cautelares urgentes. Una demora de 3 o 10 días puede
ser fatal”, señaló Eugenio Freixas, director de la
Oficina de Asistencia a la Víctima de la Procuración de
la Nación, al ser consultado por Página/12 en relación
con el caso de Mar del Plata. La falta de especialización de abogados,
magistrados y personal judicial en la problemática de la violencia
doméstica suele conspirar contra la protección de las víctimas.
Para cubrir ese vacío, el Consejo Nacional de la Mujer realizará
a lo largo del año cursos de capacitación en colegios de
abogados de distintos puntos del país y está en tratativas
con el jefe de la Policía Federal, Rubén Santos, para preparar
a los uniformados.
“Hay jueces que son muy apegados a las formalidades al pedir pruebas
y en esta temática la demora puede ser muy grave”, señaló
Freixas. “Cuando no obtenemos medidas judiciales rápidas,
desde la Oficina de la Atención a la Víctima retiramos a
la mujer del lugar en que vive y la protegemos en un hotel. A la vez le
brindamos una terapia psicológica para que pueda tratar el sometimiento
de larga data que sufre y le impide cortar con el círculo de la
violencia. Este mismo sistema podría implementarlo la provincia
de Buenos Aires. No hacen falta muchos recursos sino actuar eficientemente”,
consideró Freixas.
El Consejo Nacional de la Mujer iniciará sus cursos de capacitación
para operadores en violencia familiar en el Colegio de Abogados de San
Isidro. “En un principio estaba pensado sólo para abogados,
pero cuando se enteraron, los jueces de los tribunales de familias del
distrito nos pidieron que personal judicial también pudiera participar
y adaptamos los cursos”, explicó la abogada Leonor Vain, asesora
del organismo. “Tenemos firmados convenidos con 13 colegios más,
de todo el país, entre ellos Neuquén, General Roca, Pergamino
y Tucumán, y nos siguen llegando pedidos”, agregó Vain.
En el ámbito bonaerense, recién hace pocos días fue
promulgada una ley de violencia familiar. Sin embargo, aún sin
esa herramienta jurídica que ahora facilitará el tratamiento
jurídico de la violencia doméstica, la Justicia debió
dar respuesta a las denuncias de Adriana García, precisó
Vain, especializada en la temática.
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El 77 por ciento de los
casos tuvo como escenario el domicilio de las víctimas o
bien del victimario;