Por Fernando Cibeira

El presidente Fernando de la Rúa repitió ayer una de sus estrategias favoritas para demostrar que mantiene la iniciativa: firmó 30 decretos al hilo. En ellos mezcló cuestiones reglamentarias y temas más trascendentes. Lo que quedó claro de ese show de decretos es que el Gobierno busca promocionarlo enviando a sus ministros a largas conferencias de prensa. “La gente no puede hablar mal de la firma de decretos porque nadie puede acusar a un Presidente de gobernar”, resumía anoche un vocero oficial sobre la intención que tienen en la Casa Rosada.
Según la explicación que daban en la Jefatura de Gabinete, la idea de sacar los decretos en fila surgió en la megarreunión de ministros de la semana pasada en Olivos. Así fue porque en la exposición de cada integrante del gabinete quedaba en evidencia que muchas iniciativas estaban paradas ante la falta de una decisión del Gobierno. Colombo –a quien le gusta mostrarse como un funcionario activo y que se fastidia ante las trabas burocráticas– dispuso que esta semana revisaran cada decreto para resolver si se firmaban o no, y no demorar más la cuestión.
Al Gobierno le resultó atractivo volver a armar una presentación mediática enmarcada dentro del objetivo mayor de “la gran reforma del Estado destinada a bajar el costo argentino”, de acuerdo a lo que sostenían anoche en la Rosada. De esta forma, De la Rúa repitió la jugada del última día hábil del 2000, cuando firmó seis decretos que –luego se vio en las encuestas– fueron percibidos por la gente como un gesto de autoridad, una de las debilidades que le señalaban al Presidente. Además, la firma de decretos le significó al Ejecutivo menos costos de los que se preveían. Por ejemplo, la fuerte crítica inicial a la reforma previsional por parte del Frepaso se fue diluyendo.
Colombo fue contundente en la conferencia de prensa. Dijo que el Presidente les pidió a sus ministros que aceleraran los tiempos para que “las medidas lleguen más rápido a la gente”. Con todo, difícilmente podría considerarse que las 30 medidas dispuestas ayer vayan en beneficio de “la gente”. Incluso, una evaluación objetiva de alguna de ellas podría dar como resultado más bien lo contrario, por ejemplo en el aumento de tarifas en las línea de trenes manejadas por TBA (ver nota aparte).
De acuerdo a la información brindada por la Jefatura de Gabinete, sólo uno de los decretos fue de “necesidad y urgencia”, y se refería a la pesca del calamar. Sin embargo, fueron otros tres decretos los que se presentaron como los más importantes: el que creó un multimedios estatal de comunicaciones uniendo la agencia Télam, Canal 7 y Radio Nacional (ver página 20), el que estableció un aumento de transportes y el que dispuso una nueva reforma del Estado.
Pero el Gobierno ya aprendió la lección de presentaciones anteriores y ahora mide cada una de sus palabras, entre las que no vuelven a aparecer “ajuste” o “achicamiento”, de aparente efecto depresivo para la sociedad. En cambio, sí es bueno hablar de “control de gastos” o “ahorro”, que fueron los términos de mayor uso en la conferencia de prensa de ayer. Por ejemplo, el secretario de Comunicación, Darío Lopérfido, insistió en que la unificación de medios estatales no signifique ningún “achique de personal”, no obstante continuará abierto el sistema de retiros voluntarios para quien desee utilizarlo.
Otra medida importante fue la transferencia de la AFIP desde Economía a la Jefatura de Gabinete, pero es un pase anunciado hace ya más de dos meses y cuenta con la aprobación del propio José Luis Machinea. En señal de que “por aquí no pasa nada”, fue el propio jefe de Hacienda quien se encargó ayer de informar esa medida.
Luego de un año de zigzagueante gestión y tras las dolorosas lecciones aprendidas, el Gobierno entró al año electoral decidido a no repetir errores. En el campo político, viene pensando la mejor forma de contener a toda la Alianza dentro de una comisión que ayer mismo anunció el Presidente a sus ministros (ver página 6). En lo ejecutivo, ya no hay másendiosamiento a la política de diálogo –que dejó magros resultados en las arcas oficiales–, sino que De la Rúa optó por ser más activo y armar shows de decretos.

LA RENEGOCIACION CON TBA Y LA REFORMA DEL ESTADO
“Lleguen más rápido a la gente”

Por David Cufré

“El Presidente de la Nación nos instruyó para que las decisiones políticas lleguen más rápido a la gente”, dijo ayer, en tono solemne, el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, al presentar el paquete de decretos que firmó Fernando de la Rúa. Aunque la intención publicitada por el Gobierno fue mostrar ejecutividad en la resolución de problemas concretos de la gente, entre los decretos figuran dos polémicos. En primer lugar, se ratificó la renegociación del contrato con Trenes de Buenos Aires (TBA), operador de los ramales Mitre y Sarmiento, que entre otras cosas dispone un aumento de tarifas del 58 por ciento en seis años y la prórroga de la concesión por 20 años. Cuando José Luis Machinea presentó el año pasado este acuerdo recibió duras críticas por parte de ligas de usuarios. Otro tema que tampoco generó apoyo y que ahora el Gobierno impuso por decreto es el programa de reestructuración del Estado, que obliga a todos los organismos públicos a presentar sus propios planes de ajuste en un plazo de 120 días.
De todas las medidas anunciadas, esta última fue la que causó mayor sorpresa. El Gobierno había elevado al Congreso el plan de reorganización del Estado dentro del Presupuesto 2001. En ese proyecto, la medida figuraba como el artículo 58. Los legisladores se enfrascaron en una larga polémica por ese artículo, hasta que finalmente tanto los de la Alianza como los justicialistas decidieron eliminarlo de la ley. Sin embargo, la iniciativa fue sancionada ahora por decreto. Los legisladores consideraban que el drástico ajuste propuesto a la estructura del Estado merecía la discusión de un proyecto por separado.
En concreto, el decreto establece que todos los organismos del Estado deberán elevar a la Secretaría de Hacienda su propio esquema de achicamiento en un plazo de 120 días. Lo que se busca, de acuerdo con la versión oficial, es evitar la duplicación de tareas y garantizar un funcionamiento eficiente de cada ministerio y organismo público.
La diferencia sustancial que presenta el decreto respecto de lo que era el artículo 58 es que invita a los sindicatos a formar parte de las comisiones encargadas de practicar los ajustes. De este modo, se pretenden morigerar las probables críticas que recibirá la medida por parte de los sindicatos, los cuales habían cuestionado al artículo 58 por entender que era un modo encubierto de habilitar despidos. Los organismos que produzcan ahorros recuperarán hasta el 75 por ciento de esos recursos, incluso para aumentar salarios de su personal. Pero los que no cumplan con achicar sus estructuras serán penados con descuentos a sus presupuestos de hasta un 10 por ciento. “Es un esquema de premios y castigos”, sentenció Colombo.
El otro tema destacado dentro del paquete de decretos es la insistencia del Gobierno en la renegociación del contrato con TBA. Cuando asumió como ministro, Machinea resolvió dejar sin efecto una renegociación previa con esa empresa realizada por el gobierno menemista. Aunque logró mejores condiciones para los usuarios, su acuerdo tampoco satisfizo a las ligas de consumidores. Entre otros motivos, porque el Gobierno obvió la instancia de la convocatoria a audiencia pública para que las partes pudieran opinar.
Pero también se cuestionó la autorización de aumentos de tarifas del 58 por ciento en seis años y la extensión de la concesión por 20 años, a cambio de inversiones por 1300 millones de pesos. Las asociaciones de usuarios presentaron recursos de amparo a la Justicia, que lograron frenar los aumentos. Pero el Gobierno consideró que la Justicia no impidió que se concluyera el proceso de renegociación, y que ahora hizo por decreto. De todos modos, es probable que se reiteren las presentaciones judiciales y TBA deba seguir esperando para aplicar los aumentos. Igualmente, Machinea aclaró que durante este año no está prevista la suba de tarifas.
En el acto de presentación de decretos, Colombo remarcó que las medidas pretenden favorecer a la gente y eliminar trabas burocráticas. La ministra de Trabajo, Patricia Bullrich, se encargó de difundir las iniciativas desu área, como el descuento a jubilaciones de privilegio de más de 500 pesos. El otro participante de la conferencia de prensa fue el secretario de Turismo, Hernán Lombardi, quien comunicó la devolución del IVA a los turistas extranjeros, para que nadie quedara afuera del show del decreto.

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