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Por Laura Vales
 La defensora del Pueblo porteña
Alicia Oliveira denunció ante la Justicia casos de beneficiarios
con planes de empleo que en realidad no son desocupados, pero fingieron
serlo. Según Oliveira, en todos los casos se habrían vulnerado
tres criterios de asignación: solo puede recibirse un plan por
grupo familiar, quien lo recibe debe estar desocupado y el grupo debe
pertenecer a un sector socialmente vulnerable.
Oliveira inició su propia investigación tras recibir una
denuncia y a poco de andar se topó con que las maniobras involucraban
a empleados de su propia Defensoría. Uno de los casos es el de
una asesora de Rafael Veljanovich, hasta hace poco su defensor adjunto
y actual funcionario del Ejecutivo porteño. La asesora confesó
cómo se montó la maniobra: según consta en la actuación
de la Defensoría, dijo que fue tentada por un empleado de Veljanovich
y que parte del dinero quedaba en manos de otro colaborador del dirigente
radical. “Además, tenía que firmar un recibo en la
Federación Universitaria de Buenos Aires”, completó
la joven.
La historia de Natalia Gutenmayer y su plan de empleo fue volcada en detalle
en la denuncia que Oliveira entregó en la fiscalía de Cámara
de Norberto Quantín. Es el primero de los tres hechos denunciados,
que podrían tener relación con el uso de los planes de trabajo
con fines clientelísticos o de financiamiento ilegal de la política.
Gutenmayer trabaja en la Defensoría desde julio de 1999, con un
contrato por mil pesos mensuales. Pero en mayo pasado comenzó a
cobrar, además, 200 pesos por un plan del proyecto “Nuevos
Roles Laborales”, que entrega el gobierno porteño. Al detectar
esta situación, Oliveira le pidió a la asesora las explicaciones
del caso. Que no pudieron ser más claras:
 La joven reveló que
el plan de empleo le había sido ofrecido por Carlos Di Stéfano,
también empleado de la Defensoría. En aquel momento Di Stéfano
trabajaba en la oficina del ombudsman adjunto Veljanovich.
Una parte de esos 200 pesos,
agregó Gutenmayer, iban a parar a manos de otro asesor de Veljanovich,
Edgardo Knopoff. La joven arguyó que estaba obligada a hacerlo.
En incluso aseguró que “la plata era para que el señor
Knopoff pudiese cubrir los problemas de impuestos que le aquejaban”.
Cuando le preguntaron de qué
manera cobraba el plan de empleo, la respuesta fue que lo hacía
“en el Banco Ciudad y luego debía firmar en una oficina de
la FUBA (Federación Universitaria de Buenos Aires) de la calle
Uriburu como que recibía el dinero pactado”.
El segundo de los casos tiene como protagonista al propio Carlos Di Stéfano
–la persona que le ofreció el plan a Natalia– y buena
parte de su familia. De acuerdo a la documentación reunida por
Oliveira, tres de los hijos de Di Stéfano son a su vez beneficiarios
de planes idénticos. Cada uno de ellos cobra, también desde
mayo pasado, 200 pesos. Di Stéfano es empleado permanente de la
Defensoría, con categoría de jefe y sueldo de 4.785 pesos.
En la actualidad, señala la denuncia, trabaja en la Subsecretaría
de Promoción y Desarrollo Comunitario de la que Veljanovich es
titular hace siete meses.
En los dos casos anteriores, los planes de trabajo fueron tramitados a
través de la Organización No Gubernamental “Amigos
de los Espacios Verdes”. La última de las irregularidades
detectadas roza en cambio a la ONG “Amigos del Lago de Palermo”.
Porque es su responsable, el arquitecto Osvaldo Guerrica Echevarría,
el señalado de cobrar uno de los planes de empleo destinados a
desocupados en situaciones de extrema necesidad.
Anoche Rafael Veljanovich salió rápidamente a despegarse
de la denuncia. Aseguró que desconocía “por completo”
estas irregularidades y anticipó que separará de su cargo
al asesor Knopoff, quien trabaja con él como especialista en temas
de discapacidad. “Apoyo en toda esta denuncia Alicia Oliveira”,
dijo anoche a Página/12. “Si efectivamente estas personas
cometieron los hechos denunciados, quiere decir que me traicionaron y
se burlaron de la gente. Nunca autoricé, ni consentí, ni
me consta que ninguno de mis colaboradores participara de estos programas.”
Desde el organismo encargado de administrar los planes –la Dirección
General de Microemprendimientos de la Secretaría de Desarrollo
Económico– se informó que los hechos investigados se
cometieron durante la gestión anterior. “Asumimos en agosto
pasado y teníamos fuertes sospechas de que se habían cometido
este tipo de irregularidades”, resumió María Marta
Poleman. La funcionaria agregó que por este tema ya había
un sumario administrativo abierto, anunció que ayer abrió
otro más con la denuncia de Oliveira y dijo que se están
revisando todos los trámites vigentes, como único camino
para saber si estos casos responden a un patrón más extenso.
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