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Por Cledis Candelaresi
 Diputados de la Alianza resolvieron
reclamar públicamente a la flamante Unidad de Información
Financiera que se abocara a la investigación del posible lavado
de dinero a través de las empresas de transporte de pasajeros,
causa a la que se habían comprometido públicamente en agosto
pasado el secretario para la Prevención de la Drogadicción,
Lorenzo Cortese, y el propio Fernando de la Rúa. La exigencia oficialista,
que en el Congreso asumió la forma de un flamante proyecto de resolución,
fue difundida ayer por legisladores de la Alianza en Entre Ríos,
justamente donde tiene su sede central Flecha Bus, sospechada de actividades
ilícitas. La firma, que está bajo investigación judicial
y de la DGI, se asocia a algunos célebres nombres de la política.
El estudio jurídico de Eduardo Menem, valga de ejemplo, le presta
sus servicios.
El miércoles la causa radicada en el juzgado de Marcelo Aguinski,
que la DGI inició contra Flecha Bus por presunta violación
de la Ley Penal Tributaria, pareció desperezarse. Frente a los
ojos vigilantes de los abogados socios del senador Menem, oficiales del
organismo recaudador comenzaron la apertura de las cajas con documentación
de la empresa, rescatada en un allanamiento realizado en setiembre pasado.
Al incautar esos papeles de las oficinas ubicadas en la entrerriana Concepción
del Uruguay, la DGI buscó reunir elementos que le permitieran develar
el misterio de los números de Flecha Bus. La información
que la propia empresa proporcionó al organismo recaudador y al
ente de control muestra una visible incongruencia entre los presuntos
ingresos de la firma y la fuerte inversión realizada en el último
lustro.
Uno de los más llamativos aumentos de su parque tuvo lugar el año
pasado, cuando Flecha compró 54 coches nuevos, cuyo valor de mercado
no baja de los 250 mil pesos por unidad. La operación se realizó
gracias a préstamos que le habrían otorgado el Citibank
y el Banco Río, sin medir la presunta falta de garantías
que ofrecía la empresa de transporte.
A pesar de tener una posición casi dominante en el rubro –una
de sus últimas adquisiciones fue la mitad de Chevallier, por un
monto de 20,2 millones de pesos–, al menos hasta hace pocos meses
atrás Flecha Bus SRL no poseía cuentas bancarias ni inmuebles
registrados a su nombre. Pero hubo otros datos aún más llamativos,
que impulsaron a la DGI a formular una denuncia judicial por presunta
violación de la ley.
Según un análisis de la DGI al que accedió Página/12,
entre junio de 1994 y julio de 1999 se incrementaron más del 200
por ciento rubros como el parque móvil, la comisión por
venta de pasajes, o los combustibles y lubricantes de la empresa. Sin
embargo, otros renglones vinculados, que deberían haber seguido
ese ascenso, tuvieron un resultado muy distinto. El derecho de plataforma,
por ejemplo, apenas subió un 15,47 por ciento, lo que hace presumir
que muchas de las unidades ni siquiera ingresan a las terminales.
Este tipo de inconsistencias es común a varios prósperos
transportistas de pasajeros, que en los últimos años se
habrían expandido llamativamente, al mismo tiempo que muchos competidores
se derrumbaban. Flecha Bus surgió como un caso testigo de ese fenómeno,
que llamó la atención oficial al punto de arrancarle al
Presidente la promesa de investigarlo, admitiendo tácitamente la
sospecha de que muchas empresas de transporte fundaban su aparente bonanza
en actividades ilícitas. En rigor, las presunciones son en doble
sentido: que las firmas podrían transportar estupefacientes o,
simplemente, que servirían de pantalla para blanquear dinero proveniente
del narcotráfico.
La baja de tarifas forzada por la desregulación del mercado torna
inverosímil que muchas de ellas no sólo subsistan, sino
que además se equipen pomposamente. Pero la investigación
de la DGI tiene algunos límites. El organismo comandado por Roberto
Sericano orienta su indagación a la posible comisión de
un delito tributario, pero el de lavado,estrictamente, escapa de su órbita,
así como en la Justicia le corresponde también otro fuero.
Con este argumento, el diputado frepasista Ricardo Vago y la radical María
Elena Herzowich ayer anunciaron en Paraná que, mediante un proyecto
de resolución presentado en la Cámara, exigirán a
la UIF que estudie el tema como una de sus prioridades. De aceptar esta
presión de los legisladores oficialistas, quizás Jorge de
la Rúa le imprima celeridad a una investigación que aparenta
estar demorada, a pesar de la relevancia que le reconoció al tema
su hermano, el Presidente.
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Una flecha sin arco
Flecha Bus pertenece a la Empresa Derudder Hnos., de la que el
joven Guillermo es socio gerente. Pero, quizás, la inexistencia
de propiedades y cuentas bancarias a nombre de esa sociedad familiar
alimentan las sospechas de que no se trata de los verdaderos propietarios.
Desde que el nombre de la empresa comenzó a circular como
sospechosa de actividades non sanctas, la nómina de presuntos
dueños en la sombra se pobló de prominentes nombres
de la política, fundamentalmente ligados a la provincia de
Entre Ríos, sede de la firma. Hasta ahora, sin embargo, nadie
pudo confirmar que los Derudder sean simples testaferros y no los
afortunados dueños de una empresa que se equipa constantemente
y, al mismo tiempo, se da el lujo de cobrar tarifas módicas.
Junto a otras empresas del rubro como Andesmar y Crucero del Norte,
Flecha llamó la atención de la Comisión Nacional
Reguladora del Transporte pocos meses atrás. El órgano
de control intimó a los transportistas a que le enviaran
en un plazo perentorio información fehaciente acerca de sus
estructuras de costos, para constatar si resultaba consistente con
su actividad. La gran mayoría no pudo superar el examen,
hecho que abonó la hipótesis de que, básicamente
las que en apariencia son más sólidas explotan un
buen negocio, que poco tiene que ver con el transporte de pasajeros.
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CARRIO
BUSCA PROBAR QUE POU “ES UN DELINCUENTE”
“En un mes se sabrá toda la verdad”
La diputada Elisa Carrió
acusó de asumir un “comportamiento cuasimafioso” a quienes
sostienen que las investigaciones por lavado de dinero podrían
tener una incidencia negativa en la evolución del riesgo país.
Y advirtió “a quienes llevan adelante operaciones de prensa”
que “nos van a obligar a dar los nombres antes de tiempo. Yo voy
a empezar a señalar quién es quién en la Argentina”.
También dijo que probará que Pedro Pou “es un delincuente”.
“Es tremendo lo que se está diciendo”, sostuvo la legisladora.
“Es como un comportamiento cuasimafioso. Es como decir que no se
investigue al Estado mafioso, ni la corrupción, ni nada, porque
si no podemos retirar los capitales”, agregó. La diputada
aliancista cargó contra quienes “operan para garantizar la
impunidad” y se refirió elípticamente a las declaraciones
difundidas por la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA) tras
la reunión mantenida el martes con el presidente Fernando de la
Rúa. “Nosotros sabíamos que a partir de la difusión
de la investigación muchas personas iban a tratar de acercarse
al Presidente para garantizar su impunidad. No digo que sea el caso de
ABA, pero sí puede ser el de algunos de sus integrantes”.
Carrió también contestó a quienes minimizan la información
suministrada por el Senado estadounidense. La situación Argentina
“es tan grave que se presentará un informe sólo sobre
los casos locales. Hay 12 bancos investigados en general y habrá
una audiencia especial sobre el Federal Bank, el República y el
MAE”, recordó. “El Federal Bank es el caso estrella”,
graficó.
Respecto de Pedro Pou, la legisladora chaqueña dijo que no le preocupaba
que “se quede 20 días más, yo lo que quiero es que
se vaya todo el directorio del Central una vez que se demuestre su absoluta
complicidad”. Además, “no quiero que Pou se vaya por
una embestida política, quiero que se vaya mediante los mecanismos
institucionales y por delincuente”, afirmó.
La diputada chaqueña se refirió también al respaldo
que significó el apoyo del Senado norteamericano para difundir
una investigación que “a riesgo de la propia vida” inició
hace casi tres años. “A partir de que Estados Unidos comienza
a secuestrar documentación, sentí que teníamos algún
respaldo a nuestra investigación. Si no, acá terminábamos
presos y en medio de una campaña de difamación”, describió.
Por último, la integrante de Argentinos por una República
de Iguales (ARI) adelantó que iniciaría acciones por daños
y perjuicios contra el titular del BCRA por haberle hecho una denuncia
falsa. “Hay muchos que se van a defender, que van a atacar, pero
se van a poner en evidencia a sí mismos, porque en un mes esta
sociedad va a saber toda la verdad”, concluyó.
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