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Por Irina Hauser
 Todavía es un misterio qué hizo Domingo Cavallo con la servilleta en la que, según denunció en 1996, el ex ministro del Interior, Carlos Corach, le escribió los nombres de los jueces federales que respondían a los deseos del gobierno de Carlos Menem. Aunque nadie vio jamás la lista de la que hablaba el ex ministro de Economía �y que, aclaraba, no incluía a todos los integrantes del fuero�, el tiempo y las anécdotas de tribunales colaborarían con su reconstrucción (imaginaria). La reciente suspensión por mal desempeño del juez Carlos Liporaci y los movimientos que se avecinan en tribunales amagan con dejar vacíos para fin de año más de la mitad de los juzgados que se ocupan de investigar a los funcionarios públicos. Y esto sin contar que, si la Magistratura sostiene su entusiasmo, tiene para analizar pedidos de remoción contra cinco de los nueve jueces federales en ejercicio. O sea, entre magistrados caídos en desgracia o los que se van por propia decisión, se podrá concluir que habrán durado en su cargo casi lo mismo, algo menos, algo más, que el menemismo que los crió.
�Habría que encontrar la servilleta para ir tachando a los que van recibiendo su merecido�, ironizaba uno de los integrantes del Consejo de la Magistratura durante el plenario que resolvió mandar a Liporaci a su casa, la mansión valuada en más de un millón de dólares que llevó a que lo investigaran por supuesto enriquecimiento ilícito. Liporaci se tuvo que ir por la fuerza. Lo mismo le pasó a Norberto Oyarbide y, peor, le sucedió a Carlos Branca, el primer magistrado del menemismo destituido a quien aún nadie reemplazó (ver aparte).
Tres jueces de los cinco que tienen pedidos de juicio político se irían en los próximos meses. Los colaboradores del juez Adolfo Bagnasco �que tiene tres pedidos de remoción en su contra� aseguran, aunque él lo niegue, que dejará su despacho el 5 de marzo para dedicarse a la política. Fue invitado por el gobernador bonaerense Carlos Ruckauf para ser candidato del PJ. Gustavo Literas, con un pedido de juicio político, también se iría a la actividad privada. Desde hace varios meses tiene una oficina reservada en el estudio de abogados de su amigo ex juez de la Corte Suprema Mariano Cavagna Martínez. Claudio Bonadío, con cuatro denuncias ante la Magistratura, se iría también a la actividad privada. Si esto se cumple y, además, el juez Gabriel Cavallo asciende a camarista, cargo para el que está concursando, quedarían siete juzgados vacantes.
Cuando asumió el gobierno de la Alianza, con promesas de respetar la independencia judicial, Menem lanzó a los jueces la sugerencia de que se quedaran donde estaban hasta ver qué pasaba. No sólo le hicieron caso, sino que además aprovecharon para dar una suerte de festival de resoluciones contrarias al menemismo, para sobrevivir cómodamente a él. A los actuales gobernantes les inquieta el reciclaje que se perfila en Comodoro Py, ya que les convenía más lidiar con los viejos conocidos, que con jueces designados por el nuevo método de concurso inaugurado con la creación del Consejo de la Magistratura a fines de 1998, de quienes presumen más difícil obtener garantías de fidelidad.
Hundido
Liporaci había llegado a juez de la mano de Corach, del ex jefe de la SIDE, Hugo Anzorreguy, y con un empujoncito de la Policía Federal. Cuando a fines del año pasado recrudeció el escándalo por la compra de su nueva casa, lo dejaron solo. La Magistratura lo suspendió por mentir sobre el origen de su patrimonio y por la �inmoralidad� -.describía el dictamenacusatorio� de cobrar una pensión graciable de 500 pesos mensuales concedida por un diputado a nombre de una de sus hijas.
Lo que los consejeros no contaron es que en su historia como juez, Liporaci liberó al empresario de la carne José Samid .-supuestamente a pedido del empresario Jorge Antonio�, sospechado de evasión impositiva, cerró una causa por enriquecimiento contra José Luis Manzano y levantó la orden de captura contra el banquero de Menem, Raúl Moneta. Su ex secretario Guillermo Gowland lo denunció penalmente por pincharle ilegalmente el teléfono a un empleado del juzgado.
Una de cal y una de arena
Algunos con más cintura que otros, los jueces de la era de Menem vienen de dos años de desplegar resoluciones para todos los gustos. El mediático Bagnasco, ex colaborador de Cavagna Martínez y de César Arias, cosechó laureles por el (bienvenido) procesamiento y arresto de cerca de una decena de militares que participaron en el plan sistemático de sustracción de menores durante la dictadura. Redobló su apuesta cuando mandó preso al ex titular del PAMI, Víctor Alderete, por liderar una asociación ilícita. Días atrás también ordenó detener a Aldo Dadone, en la causa IBM-Banco Nación, pero nadie se explica cómo dejó fuera de la investigación al ex secretario de la Presidencia, Alberto Kohan, con vinculaciones claves con el expediente. Igual interrogante surgió cuando procesó al directorio del PAMI de la gestión de Matilde Menéndez, pero a ella la libró de cargos. O cuando obvió defender su competencia en la causa de la pista de Anillaco. Su perla de fin de 2000 fue, después de haber beneficiado en dos causas al ex secretario de Transporte menemista Armando Canosa, invitarlo a su fiesta de casamiento. Todavía tiene que resolver una causa contra María Julia Alsogaray, por la cesión irregular de terrenos de Radio Nacional, y otra contra el ex titular de Turismo, Paco Mayorga, por irregularidades en la explotación de hoteles.
Hay dos denuncias que pueden complicar a Bagnasco en la Magistratura, a menos que deje su cargo pronto, como parece que ocurrirá: una por supuesto enriquecimiento ilícito y otra por falta de independencia en su función referida a que ha explicitado que trabajará para el PJ.
Bonadío, el más cuestionado en el Consejo, fue subsecretario de Corach en la Secretaría Legal y Técnica. Cavallo contó, tal vez torpemente, que vio y escuchó cómo Corach le pedía que archivara una causa suya por presunto enriquecimiento ilícito. Bonadío fue también quien procesó al represor Alfredo Astiz por apología del delito y sumó otro poroto a las desgracias de Alderete al procesarlo por administración fraudulenta. Tiene en sus manos una causa contra el Grupo Yoma en la que se analizan préstamos millonarios dudosos que recibió del Banco Nación, reintegros del IVA y beneficios impositivos indebidos. Estas operaciones tocarían tanto al gobierno anterior como al actual, pero la pesquisa marcha a fuego muy lento, sin resultados a la vista.
Tocables e intocables
La reciente aparición de los videos de Raúl Moneta les refrescó a los consejeros de la Magistratura
 que tienen una denuncia de Elisa Carrió contra Gustavo Literas, que también llegó a ser juez federal con el respaldo de Corach, por irregularidades en la causa en que investiga al banquero menemista por el vaciamiento de los bancos de Mendoza y República. Literas le concedió a Moneta una controvertida exención de prisión tras pelear la competencia en la causa con el juez mendocino Luis Leiva, que había ordenado su detención. Ahora le toca investigar una licitación dudosa del Ministerio de Salud que ganó una empresa de Basilio Pertiné, la esposa del presidente Fernando de la Rúa. En la famosa historia de la leche adulterada, fue el juez Jorge �Pati� Ballestero quien sobreseyó al ex secretario de la Presidencia, Miguel Angel Vicco. También perdonó a Gerardo Sofovich por irregularidades en su gestión al frente de ATC. Pero una de las causas más antiguas por las que más críticas acumuló es la de la llamada �mafia del oro�, en la que nunca llamó a indagatoria a Cavallo, que como ministro firmaba las resoluciones que posibilitaron el negocio, ni a otros imputados como el ex administrador de Aduanas Gustavo Parino, los ex secretarios de Minería, Angel Maza, y de Comercio, Carlos Sánchez. A ellos les dictó la falta de mérito y a los implicados de la DGI los sobreseyó. Ballestero, amigo de Alberto Piotti, entró al fuero federal en 1975 y ahí se quedó. Tiene buena fama entre los abogados. Procesó a Erman González por la privatización del Astillero Tandanor y a Alderete por encubrimiento.
Jorge Urso, que gozó del padrinazgo del ex secretario de Seguridad, Miguel Angel Toma, y cuenta con un pedido de juicio político en su haber, tuvo que agilizar la causa por venta de armas a Ecuador y Croacia, cuando lo reprendió la Cámara Federal. Procesó, entre otros, al ex canciller Guido Di Tella, al ex ministro de Defensa, Erman González, a su antecesor Oscar Camilión y al ex jefe del Ejército, Martín Balza. Sin embargo, nunca analizó las responsabilidades de Menem. Tampoco investigó debidamente a su colega Liporaci por lo de las escuchas a uno de sus empleados y la causa terminó en otro juzgado. A su vez, atesora desde 1991 varias causas contra María Julia Alsogaray que duermen el (injusto) sueño de los justos. Entre ellas, una por asociación ilícita, casi la única figura penal que podría llevar a la ex liquidadora de ENTel a la cárcel.
La otra causa por asociación ilícita contra la ingeniera Alsogaray está en manos de Rodolfo Canicoba Corral, ex asesor de Jassan en la Secretaría de Justicia. Pero lo más probable, según pudo establecer este diario, es que no la cite por ese caso sino por otro de importancia menor. La semana pasada procesó al hijo de Mary Sánchez por extorsión.
María Julia y Matilde Menéndez no parecen correr riesgos realmente severos. El juez Juan José Galeano, un protegido de Hugo Anzorreguy y su hermano Jorge, llamó a declarar a la ex titular del PAMI por 14 causas .entre ellas, algunas por �adelantos� otorgados por la obra social a hospitales y sanatorios y otra por contratar un peluquero por 5000 pesos mensuales para peinar a los jubilados�, pero ahí terminó la historia. Con Alsogaray, en cambio, sí produjo un hito histórico: le dictó el primer procesamiento, en este caso por enriquecimiento ilícito, y le impidió salir del país. Había tenido la causa durante seis años. Con esa conquista, sus amigos creen que equilibró las críticas por la investigación del atentado a la AMIA.
La vanguardia del adiós
En la época en que Domingo Cavallo reveló la existencia de la servilleta todavía estaban en funciones los jueces Carlos Branca y Norberto Oyarbide.
 Branca, que llegó a juez después del Pacto de Olivos, fue el primero de la etapa menemista en caer en desgracia. Fue destituido y preso a raíz de la difusión de un video que lo mostraba charlando cordialmente con contrabandistas ligados al caso de la Aduana paralela.
Oyarbide, nombrado también durante el menemismo y señalado por sus fuertes lazos con la Policía Federal, no tuvo tanta mala suerte. Diputados abrió su juicio político en 1998 a raíz de un escándalo político y sexual que lo implicaba en la protección de prostíbulos y el Senado lo suspendió.Pero su caso nunca tuvo sentencia definitiva. Oyarbide goza de una licencia por padecer un �estado depresivo� y, por lo tanto, sigue cobrando su sueldo. |
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