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Por Victoria Ginzberg
 El Comité de Acción
Jurídica de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) y el Centro
de Estudios Legales y Sociales denunciarán hoy al Estado argentino
ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por
las violaciones del derecho a la vida, la integridad personal, la libertad
de expresión, el derecho de reunión, derecho de petición
y el derecho a la no discriminación. Las organizaciones demandantes,
junto con el Centro por la Justicia y el Derecho Universal (CEJIL), alegarán
ante el organismo de la OEA que la transgresión de esas normas
básicas se manifiesta a través de la política instrumentada
para responder a las protestas sociales, que incluye la criminalización
y la represión física de quienes participan de los reclamos.
Los abogados Juan Carlos Capurro y Horacio González, por el Comité
de Acción Jurídica y el director ejecutivo del CELS, Víctor
Abramovich, presentarán hoy en Washington un informe sobre la situación
argentina y pedirán que la CIDH adopte medidas para hacer cesar
al Estado en las violaciones a los derechos humanos consagrados en la
Convención Americana de Derechos Humanos y en la Declaración
Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre. Acompañarán
el escrito con el testimonio grabado en video del secretario general de
la CTA, Víctor De Gennaro, y el secretario general de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE), Juan González, querellante en
la causa por la represión en Corrientes.
Los denunciantes harán hincapié en el crecimiento del reclamo
social en la Argentina como consecuencia del aumento de la pobreza y de
la precarización laboral. Y criticarán la represión
a las protestas, en particular, a la nueva modalidad de expresión
del descontento popular: los cortes de ruta. Los datos del escrito indican
que entre 1997 y 1998 se registraron 219 reclamos de ese tipo y según
un trabajo del Centro de Estudios Nueva Mayoría, sólo durante
el mes de diciembre de 2000 se realizaron 238 cortes de ruta y vías
públicas. “Las respuestas institucionales a las protestas
sociales se caracterizaron invariablemente por una manifiesta represión
y persecución penal a los involucrados, mayoritariamente delegados
sindicales y ciudadanos desocupados, desvirtuando y forzando la aplicación
de las leyes punitivas del Estado, violando así los tratados internacionales
suscriptos por Argentina”, expresan las organizaciones.
La CTA, el CELS y el CEJIL afirman que el Estado, en lugar de reconocer
la protesta como un legítimo derecho de los ciudadanos, considera
a los manifestantes como “delincuentes”. La penalización
del conflicto, desde esta órbita, se centra en figuras del Código
Penal como la interrupción del tránsito y el delito de sedición,
que puede ser castigado con penas de entre cuatro y seis años.
El caso de las protestas de junio de 1997 en Trelew es un ejemplo. Después
de que los habitantes de la ciudad cortaron una ruta el 8 y 9 de ese mes,
el ex gobernador de Chubut, Carlos Maestro, y el entonces ministro de
Gobierno y hoy gobernador José Luis Lizurume firmaron un acuerdo
en el que accedieron a cumplir parte de los pedidos de los manifestantes.
Pero pocos días después, el juez federal Esteban Cerra,
cuñado del gobernador, les inició un proceso por el corte
de ruta y por sublevación contra las autoridades, causa que sigue
en curso. “Si hubiese delito de sedición el ex gobernador
y el actual gobernador deberían ser procesados porque ambos firmaron
el acuerdo con los trabajadores desocupados”, se afirma en el informe.
El escrito también menciona, entre otros, las represiones de Cutral-Có
en la Semana Santa de 1997, durante la que murió Teresa Rodríguez;
los asesinatos de Mauro Ojeda y Francisco Escobar en diciembre de 1999
en Corrientes y la manifestación frente al Congreso del 19 de abril
del año pasado, que culminó con 30 heridos.
Según datos de la CTA, existen actualmente en el país al
menos 2800 personas sujetas a proceso penal debido a su intervención
en manifestaciones y protestas y que sólo en enero de este año
el Comité deAcción Jurídica asumió la defensa
de cien nuevos procesados por cortes de ruta en la provincia de Neuquén.
Pero de acuerdo con el Centro de Estudios Nueva Mayoría entre 1996
y principios del 2001 hubo alrededor de 800 cortes de ruta en el país
y el promedio de procesados es de 10 por protesta, es decir que podría
haber cerca de 8000 juicios.
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