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Por Carlos Rodríguez
 El presidente del Centro de
Estudios Legales y Sociales (CELS), Horacio Verbitsky, consideró
“un gesto involuntario de homenaje a las organizaciones de la sociedad
civil” la decisión de unos 700 oficiales del Ejército
en actividad de recurrir a los organismos de derechos humanos para saber
si existen denuncias contra ellos por delitos cometidos durante la dictadura
militar. Verbitsky, quien se encuentra en España, anticipó
que el CELS responderá los pedidos de hábeas data presentados
y que sus abogados estudian la posibilidad de denunciar penalmente al
general Ricardo Brinzoni, titular del Ejército, como “encubridor
o cómplice” de la llamada Masacre de Margarita Belén,
ocurrida en diciembre de 1976 en el Chaco. En ese momento, según
la información en manos del CELS, Brinzoni se desempeñaba
como secretario general de la Gobernación, que estaba a cargo del
interventor militar general Facundo Serrano. El columnista de Página/12
estimó que Brinzoni “debería renunciar” a su cargo.
Verbitsky se encuentra participando, en la capital española, del
Primer Congreso Internacional de Derechos Humanos y el Principio de Justicia
Universal. Desde allí, en diálogo telefónico, destacó
que es “la primera vez que las Fuerzas Armadas se subordinan explícitamente
al poder político y a las organizaciones de la sociedad civil,
en la búsqueda de certificados de inocencia que la Justicia no
puede emitir porque está maniatada por las leyes de Punto Final
y Obediencia Debida”. Sobre el tema adelantó su optimismo
por una resolución favorable al pedido del Cels a la Justicia para
que se declare la nulidad de esas dos leyes.
“Esto significaría, junto con la investigación sobre
el lavado de dinero, la posibilidad de sanear la República para
reconstruir la democracia sobre bases mucho más sólidas”,
afirmó Verbitsky.
–¿Cómo recibió, como presidente del CELS, esta
inédita presentación realizada por centenares de oficiales
del Ejército?
–El diario La Nación dice que es una reacción a la
decisión judicial inminente de declarar la nulidad de la Ley de
Obediencia Debida, en respuesta al planteo formulado ante la Justicia
por el CELS. Es un gesto de desesperación, de impotencia, un gesto
involuntario de homenaje a las organizaciones de la sociedad civil que
resistieron a la dictadura, que investigaron sus crímenes, que
no se resignaron a las leyes de impunidad, que han seguido reclamando
no solo la verdad sino también la justicia. El general Brinzoni
hace un homenaje involuntario a este sector de la sociedad y nosotros
lo apreciamos como tal.
–¿Cree que es un paso positivo?
–Nos parece muy bien que se sometan a la legalidad y que en vez de
secuestrar los archivos en una operación comando, como hicieron
en 1981 (se refiere a un operativo de la dictadura contra los organismos
de derechos humanos), ahora presenten un recurso de hábeas data.
Creemos que muestran subordinación al poder político por
un lado y también a la sociedad civil. Y eso es positivo.
–¿El CELS va a responder al pedido de los oficiales?
–Vamos a contestar porque, de acuerdo a la ley, cada ciudadano tiene
derecho a presentarse. Vamos a estudiar los términos de la respuesta.
Los abogados van a hacer un estudio para hacer lo que corresponda, protegiendo
a las víctimas del terrorismo de Estado. Esto significa que de
ninguna manera vamos a darles los nombres de quienes denuncian los delitos
que ellos cometieron. Sería traicionar a las víctimas.
–Se estima que son por lo menos 500 los oficiales que se presentaron.
¿El CELS podría responder dentro del plazo de diez días
que ellos requieren?
–El ritmo no lo van a marcar ellos. Después de haberse tomado
25 años de silencio sin contestar por los delitos cometidos, no
pueden pretender que en diez días les demos todo lo que tenemos.
Eso es ridículo porque somos una pequeña organización
y no tenemos todos nuestros archivos informatizados, pero vamos a responder.
–La lista está encabezada por el propio Brinzoni...
–Precisamente: el primer pedido que vamos a contestar es el que corresponde
al propio general Brinzoni, que fue funcionario político de la
dictadura desde su función de secretario General del Gobierno del
Chaco durante la Masacre de Margarita Belén (ver aparte). Le pedí
a los abogados del CELS que estudien la posibilidad de denunciarlo penalmente
como encubridor o cómplice de esta masacre.
–Hoy se comentaba en Buenos Aires que la presentación sería
una fuerte jugada política del Ejército. ¿Usted que
opina al respecto?
–Nos parece que el general Brinzoni está tratando de armar
un bloque con las jóvenes generaciones militares, que nada tienen
que ver con ese pasado siniestro. Se escuda detrás de ellos porque
él sí tiene cosas para ocultar. Un oficial del Ejército
que hoy tiene 45 o 47 años no tiene nada que temer. O no estaba
en actividad porque no había entrado al Ejército cuando
ocurrieron los hechos o era un oficial del grado más bajo, de subteniente,
que eran utilizados para hacer controles de rutas y operativos legales.
En 1984, cuando el ex presidente (Raúl) Alfonsín había
comenzado los juicios, el 90 por ciento de los que habían participado
en la guerra sucia seguían en actividad y sólo el diez por
ciento había pasado a retiro. Hoy la proporción es inversa:
el 90 por ciento son retirados de la fuerza y apenas el diez por ciento
de los que están en actividad pudo haber tenido algo que ver.
–¿Qué grados tienen hoy esos eventuales responsables?
–Sólo quienes hoy tienen el grado de general, de coronel y
los tenientes coroneles más antiguos podrían haber participado.
Esto lleva a suponer que la proporción de los que participaron
es baja en la actualidad porque hubo un proceso muy largo, de muchos años,
en los que hubo denuncias. Se supone que el grueso de la información
disponible sobre quiénes participaron ya fue conocida públicamente
y sirvió en muchos casos para que no fueran ascendidos, aunque
haya habido impunidad y no se los haya podido condenar. Me parece que
todas las actitudes del señor Brinzoni, desde que fue designado
por el presidente (Fernando) De la Rúa, están teñidas
por su temor personal y eso es injusto con la democracia, que no puede
tener al mando de una institución armada a una persona que está
instrumentando a sus jóvenes oficiales para tapar responsabilidades
personales.
–¿Puede tratarse de una maniobra política para buscar
una hipotética reivindicación del golpe del 24 de marzo
de 1976?
–Yo digo lo siguiente: en un reportaje al general Brinzoni le preguntaron
a qué antecesores admiraba y él señaló al
general (Héctor) Ríos Ereñú (el primer jefe
del Ejército designado por Raúl Alfonsín). El general
Ríos Ereñú fue quien condujo a la fuerza a la catástrofe
de Semana Santa de 1987. Además, Ríos Ereñú
había sido denunciado por el capitán (José Luis)
D’Andrea Mohr y por el teniente coronel Jorge Mitelbach por haber
sido jefe de un regimiento de Tucumán en donde se torturó.
Si ése es el modelo que propone Brinzoni, yo creo que ahí
ya está implícita su valoración de los hechos de
los que estamos hablando.
–¿Esta ofensiva del Ejército tiene que ver con el planteo
del CELS para que se declare la nulidad de las leyes de Obediencia Debida
y Punto Final?
–La verdad es que la idea de pedir la nulidad se la debemos a Brinzoni.
Fueron sus intentos de reivindicación los que nos decidieron a
hacer ese planteo a la Justicia. Entendimos que si esto no era cortado
de cuajo iba a llevar gradualmente a la escalada reivindicativa. El general
Ríos Ereñú, en una reunión con mil oficiales
realizada en 1986 en el Regimiento I de Palermo, había dicho que
ellos libraban una batalla jurídica y que trataban de reducir las
bajas al mínimo para, en un futuro, “reivindicar a nuestros
comandantes”. Esas fueron sus textuales palabras. Ese era el plan
de Ríos Ereñú, el hombre a quien Brinzone propone
como modelo. Esa es una reivindicación que la sociedad argentina
rechaza. –¿Cuáles son los alcances de esa presentación
del CELS ante el juez federal Gabriel Cavallo?
–Nosotros la hicimos pensando no en el pasado sino en el presente
y en el futuro. No creemos que hoy exista la posibilidad de un nuevo genocidio
en la Argentina, pero sí creemos que el veneno de la impunidad
se ha ido extendiendo como una mancha venenosa sobre el conjunto de las
instituciones argentinas. La impunidad no es un disvalor que se pueda
reducir a una época y a un episodio sino que ha ido envenenando
al conjunto de la sociedad argentina. Hemos visto episodios de impunidad
que han motivado respuestas públicas de movilización de
la sociedad argentina. Casos como el de María Soledad Morales,
el soldado (Omar) Carrasco, nuestro compañero José Luis
Cabezas. Lo que no se produjo fue la respuesta de las instituciones que
garantizara que se hiciera justicia. Y hay también impunidad para
los graves delitos de corrupción que se han cometido durante la
década menemista.
–¿Debe retomarse el juzgamiento de los crímenes de
la dictadura?
–En un país donde no hay castigo para los delitos repugnantes
como la Masacre de Margarita Belén, ocurrida cuando Brinzoni era
secretario general de la Gobernación, no puede se puede pretender
que se haga justicia con un ladrón de gallinas, con un policía
de gatillo fácil o con un político corrupto que vende el
país por 30 dineros. Acá hay una cuestión de jerarquías.
Si el valor fundamental de una sociedad, que es la vida, no está
protegido, si se puede matar alevosamente como se mató durante
la dictadura sin que haya sanción, es natural que no haya sanción
para ningún tipo de delito.
–¿En que situación se encuentra el pedido de nulidad?
–Nosotros hemos pedido la nulidad con el siguiente razonamiento:
los crímenes de lesa humanidad han sido declarados imprescriptibles
en la jurisdicción universal establecida por el juez (Baltasar)
Garzón. Augusto Pinochet, luego de su detención en Londres,
donde funciona el tribunal más conservador del mundo, hoy está
siendo procesado en Chile. En la Argentina siguen los juicios por robos
de bebés y están procesados los miembros de la última
Junta Militar, dos ex presidentes, y también siguen los juicios
de la verdad. Por eso no había, a nuestro juicio, ninguna razón
válida, ni jurídica ni moral, ni nacional ni internacional,
que impidiera la renovación de los juicios en la Argentina.
–¿Eso significaría continuar los juicios como los realizados
contra la Junta Militar y contra el general Ramón Camps y que quedaron
interrumpidos por las leyes de Punto Final y Obediencia Debida?
–Eso significaría reanudar todos los juicios que quedaron
interrumpidos. Por supuesto que habrá que hacerlo caso por caso,
no se van reabrir automáticamente. Será necesario que los
fiscales o los damnificados impulsen la acción. El CELS está
comprometido a hacerlo y lo hará en todos los casos en los demos
abasto para hacerlo. Damos por sentado que organismos hermanos como la
APDH, Abuelas de Plaza de Mayo o Familiares harán lo mismo y la
Justicia irá decidiendo caso por caso si hay mérito o si
no hay mérito. Significa reanudar un tránsito interrumpido
por un acto de prepotencia, de violencia (en alusión a las revueltas
militares) y por una claudicación ética de los gobernantes
de entonces, que afortunadamente no son los de hoy.
–¿Cómo podría reaccionar el actual gobierno?
–Yo desearía, y esto lo digo públicamente porque antes
intenté decirlo en forma privada, dado que solicité una
audiencia con el presidente De la Rúa y hasta ahora no he tenido
respuesta. Yo quería decirle: esto no es contra el gobierno porque
el gobierno actual no tiene responsabilidad ni en los crímenes
contra la humanidad que se cometieron bajo la dictadura ni tienen responsabilidad
de las leyes de impunidad que se dictaron en la década del 80.
Esto tiene un significado parecido al que le da Elisa Carrió al
tema de la investigación sobre el lavado de dinero: esto no es
contra el gobierno, es para el saneamiento de la República. De
una vez portodas tenemos una República o quedamos en mano de las
mafias. Este es un momento decisivo. La simultaneidad de la investigación
que comenzamos nosotros en Página/12, que continuó la diputada
Carrió y el senado de los Estados Unidos y del episodio de la nulidad
de la Obediencia Debida es sumamente significativo. Es un buen camino
para reconstruir la democracia argentina sobre bases mucho más
sólidas.
–¿Cuáles deberían ser los gestos futuros del
Ejército para demostrar que realmente no quiere reivindicar el
pasado?
–Yo creo que el general Brinzoni debería pasar a retiro y
que el Ejército debería estar en manos de una persona que
no esté bajo sospecha por haber sido funcionario político
de la dictadura. Cuando eso suceda el discurso va a cambiar. Cuando no
haya alguien que necesite embarrar la cancha para defenderse a sí
mismo.
UNA
HISTORIA DE MARGARITA BELEN
La masacre que preocupa a Brinzoni
La Masacre de Margarita Belén
ocurrió en el Chaco el 13 de diciembre de 1976 y formó parte
de los casos analizados durante el histórico juicio a los ex comandantes,
realizado en 1985. En la madrugada de ese día, un grupo de entre
13 y 21 detenidos fue sacado de la Unidad Penitenciaria número
7 de Resistencia, supuestamente para ser llevados a una cárcel
de máxima seguridad de Formosa. Los testimonios aportados en el
juicio a las juntas y en otras investigaciones judiciales, coincidieron
en que los detenidos fueron previamente torturados y que no existió
el supuesto intento de fuga que alegaron los militares sino que se trató
de un virtual fusilamiento, como ocurriera en varias ocasiones durante
la dictadura.
La orden del traslado de detenidos fue emitida por el entonces coronel
Cristino Nicolaides, luego integrante de la última Junta Militar,
ahora procesado por el robo de bebés durante la dictadura militar.
El ex diputado radical Víctor Marchesini, testigo del juicio a
los comandantes, estuvo detenido junto con los presos que fueron masacrados
en Margarita Belén. Marchesini declaró que los obligaron
a pasar por una doble fila de guardias que los apalearon hasta desmayarlos.
El grupo que participó en el operativo de exterminio estaba integrado
por militares que cumplían funciones en el Destacamento de Inteligencia
124 del Ejército, que estaba al mando del teniente coronel Hornos.
También intervinieron policías de la Dirección de
Investigaciones de la policía chaqueña que luego fueron
denunciados, con nombre y apellido, por la primera Comisión de
Derechos Humanos del parlamento chaqueño, en el año 1984.
Por ese motivo, la masacre de Margarita Belén fue uno de los primeros
homicidios colectivos, ocurridos durante la dictadura, que tuvo difusión
pública a nivel nacional.
En diciembre de 1976, la máxima autoridad en el Chaco la ejercía
el interventor militar general Facundo Serrano. Según la documentación
reunida por el CELS, en esos momentos el general Ricardo Brinzoni se desempeñaba
como funcionario de la Gobernación. Desde ese cargo, cuando menos,
tuvo que conocer los entretelones de esa operación masacre.
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