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Por
Victoria Ginzberg
 El
flamante ministro de Defensa, Horacio Jaunarena, deberá afrontar
el mayor temor de las Fuerzas Armadas: la anulación de las leyes
de Obediencia Debida y Punto Final. Esta semana el juez federal Gabriel
Cavallo resolverá favorablemente el pedido para terminar con la
garantía de impunidad que hizo el Centro de Estudios Legales y
Sociales (CELS) en la causa por la apropiación de Claudia Victoria
Poblete. Por ese caso están presos Julio Simón, alias “El
Turco Julián” y Juan Antonio Del Cerro, alias “Colores”.
El derecho internacional y el derecho de gentes –que comprende principios
de justicia esenciales para la vida entre las naciones que son de cumplimiento
obligatorio– son las bases del planteo hecho por el CELS. Otro argumento
importante es el artículo 29 de la Constitución, que dispone
que “el Congreso no puede conceder al Ejecutivo facultades extraordinarias,
ni la suma del poder público, ni supremacías por las que
la vida, el honor o las fortunas de los argentinos queden a merced de
gobiernos o persona alguna”.
“Las leyes de Obediencia Debida y Punto Final han permitido la impunidad
de los autores de crímenes de lesa humanidad, han denegado a las
víctimas el derecho a un recurso judicial y han sido consideradas
incompatibles con el Pacto Internacional de Derechos Humanos, la Convención
contra la Tortura, la Declaración Americana de Derechos del Hombre
y la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La prohibición
de amnistiar los crímenes de lesa humanidad, de dictaminar su prescripción
y de invocar obediencia debida son contrarios al derecho de gentes. Por
ello, los tribunales argentinos no pueden reconocer validez jurídica
a esos actos”, dice en la presentación del CELS.
En las resoluciones ya dictadas en la causa Poblete el juez mencionó
el derecho y los pactos internacionales. Incluso, fue el primer magistrado
argentino en hablar de genocidio. Al procesar al Turco Julián y
a Colores –partícipes del secuestro y apropiación de
Claudia Poblete– el juez aseguró que habían cometido
“actos de genocidio” en la misma forma que lo interpretó
la Audiencia Nacional de España al confirmar la jurisdicción
del juez Baltasar Garzón para investigar las violaciones a los
derechos humanos de las dictaduras argentina y chilena.
Claudia Victoria Poblete desapareció el 28 de noviembre de 1978,
cuando un grupo de tareas la secuestró junto a su madre, Gertrudis
María Hlaczik. Su papá, José Liborio Poblete, fue
detenido el mismo día. La familia fue llevada al centro clandestino
de detención El Olimpo. La niña, de ocho meses, fue entregada
al teniente coronel Ceferino Landa. A raíz de una denuncia de Abuelas
de Plaza de Mayo, el año pasado recuperó su identidad. El
juez Cavallo arrestó y procesó a Simón y Del Cerro
por el robo de la menor, pero las leyes de Obediencia Debida y Punto Final
impiden, por ahora que los represores sean juzgados por la desaparición
y los tormentos sufridos por Gertrudis y José.
José Poblete era un técnico tornero chileno que había
perdido sus piernas en un accidente automovilístico. En 1971 formó,
junto con otros compañeros del centro de rehabilitación
ubicado en el barrio de Belgrano, el Frente de Lisiados Peronistas. Sobrevivientes
del Olimpo relataron ante la CONADEP que Gertrudis y José fueron
terriblemente torturados. Al hombre, los represores le sacaron la silla
de ruedas y se burlaban llamándolo “Cortito” debido a
su falta de piernas. A Gertrudis la pasearon desnuda arrastrándola
de los pelos mientras la castigaban.
Ante la inminente decisión de Cavallo, 700 miembros del Ejército
hicieron pedidos de hábeas data al CELS, la APDH y la Subsecretaría
de Derechos Humanos para que les informen sobre sus antecedentes represivos.
Ayer, el jefe del Ejército, Ricardo Brinzoni, que encabezó
la lista de las solicitudes, afirmó que el saliente ministro de
Defensa, Ricardo López Murphy, estaba al tanto del tema y que “hasta
el señor Presidente lo conocía”. Brinzoni dijo por
radio que la posibilidad de anular las leyes de Obediencia Debida y Punto
Final le parece un “retroceso” porque -justificó provocativamente–
“contribuyeron a que la sociedad argentina viviera un período
de relativa calma”.
La
APDH va a responder
La
Asamblea Permanente por los Derechos Humanos cambió de opinión
y aceptará los pedidos de hábeas data que hicieron los
miembros del Ejército. Horacio Ravenna, miembro de la mesa
directiva del organismo de Derechos Humanos, aseguró que “se
trata de una maniobra política nefasta” y que “están
buscando un certificado de impunidad” pero que no les “harán
el juego”. La APDH pidió una entrevista con el nuevo ministro
de Defensa para reclamar el retiro del jefe del Ejército, Ricardo
Brinzoni, y una sanción para todos los que solicitaron el hábeas
data. El viernes, cuando llegaron las solicitudes, la APDH se negó
a recibirlas porque había que firmarlas una por una, pero ayer
los enviados de Ricardo Brinzoni se presentaron con un listado que
fue aceptado por la Asamblea. El copresidente de la entidad, Alfredo
Bravo, manifestó a Página/12 que “los militares
durante 25 años negaron información sobre los desaparecidos
y ellos mismos saben quiénes son culpables”. El Centro
de Estudios Legales y Sociales también admitió el planteo
para proporcionarles a los militares los datos sobre sus antecedentes
represivos que consten en sus archivos. En cambio, la Subsecretaría
de Derechos Humanos anticipó que rechazará el planteo
de cerca de 700 oficiales del Ejército. “El hábeas
data no nos comprende porque no tenemos un registro de represores.
Lo que hay en los archivos son testimonios de terceros que no son
pasibles de rectificar ni anular y que ya están en conocimiento
en el Poder Judicial de la Nación”, expresó Diana
Conti, subsecretaria de Derechos Humanos. |
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