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Las defensas de los represores Julio Simón, alias El Turco Julián,
y Juan Antonio Del Cerro, conocido como Colores, apelarán la semana
que viene la resolución en la que el juez federal Gabriel Cavallo
declaró la “invalidez, inconstitucionalidad y nulidad insalvable”
de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final. Los fiscales de la causa,
Luis Comparatore y Patricio Evers, que representan el interés de
la sociedad, no pedirán la revisión del fallo.
El abogado Jorge Appiani, socio del represor Jorge Olivera, presentará
el martes próximo una apelación ordinaria ante la Cámara
Federal y el jueves reclamará que la Corte Suprema se haga cargo
de la causa a través de un per saltum. En tanto, Colores –que
está representado por la defensora oficial Silvia Otero Rella–
objetará la inconstitucionalidad de las leyes de impunidad ante
la Cámara. Ambos represores están presos y procesados por
la sustracción y apropiación de Claudia Victoria Poblete,
secuestrada cuando tenía ocho meses y entregada al teniente coronel
Ceferino Landa.
Al dictar la nulidad de las leyes, Cavallo puso fecha a nuevas declaraciones
indagatorias de los acusados: Simón debe presentarse el 15 y Del
Cerro el 20. Esta vez los ex policías deberán responder
por el secuestro, los tormentos y la desaparición de José
Liborio Poblete y Gertrudis Hlaczik, padres de Claudia Victoria. Appiani
pedirá la suspensión del testimonio de su defendido.
“La decisión del juez, en este momento, no es un perjuicio
para el Ministerio Público”, dijeron ayer colaboradores de
los fiscales Comparatore y Evers, que aseguraron que el fallo de Cavallo
era “muy importante”. Los fiscales no se opondrán a la
declaración de inconstitucionalidad de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final.
La estrategia de Appiani es la misma que sugirieron funcionarios del Gobierno,
es decir, tratar de que el expediente llegue a la Corte Suprema sin escalas
en la Cámara Federal ni la Cámara de Casación. Sin
embargo, en Comodoro Py rechazaron que esta medida tenga futuro. El máximo
tribunal aceptó un recurso de este tipo en 1990, en el caso de
la privatización de Aerolíneas Argentinas. En ese momento
justificó su rápido proceder a favor del gobierno de Carlos
Menem con el argumento de que el tema implicaba “gravedad institucional”.
El per saltum, aunque ya fue utilizado por la Corte, no está regulado.
Muchos juristas opinan que no tiene entidad. El ex camarista Jorge Edwin
Torlasco aseguró en un reportaje publicado ayer en este diario
que se trata de “un invento que no figura en la ley”.
A partir de un pedido del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS),
Cavallo resolvió el martes declarar la nulidad de las leyes de
Obediencia Debida y Punto Final en el caso de la desaparición de
la familia Poblete. Ayer, el almirante Joaquín Stella, jefe de
la Armada, calificó la medida como “un obstáculo para
la reconciliación nacional”.
Cavallo fundamentó su decisión –que se volcó
en un extenso fallo– en el derecho y los pactos internacionales,
en el derecho de gentes y en la imposibilidad de convalidar los actos
realizados con la “suma del poder público”. Según
estas normas, la desaparición, el secuestro y la tortura, como
crímenes de lesa humanidad, resultan inamnistiables e imprescriptibles.
DECLARACION
DE PINOCHET POR PRATS
Servini arma la valija
Ante la negativa de la justicia
chilena de favorecer la extradición del genocida Augusto Pinochet,
la jueza María Romilda Servini de Cubría analiza la posibilidad
de trasladarse hasta Santiago para indagar el ex dictador acusado del
asesinato del general Carlos Prats y su esposa Sofía, cometido
en Buenos Aires en 1974.
Los argumentos para negar el traslado de Pinochet a la Argentina se basan
en que el acusado aún no ha sido procesado por el crimen de Prats.
El criterio jurídico chileno choca con el sistema penal federal,
que sólo admite el procesamiento de un sospechoso una vez que se
le tomó declaración indagatoria. Servini considera esto
último como “una antigüedad formal” que impide a
un juez argentino tomar una indagatoria fuera de su jurisdicción.
“Pero el mundo ha cambiado –se quejó Servini– y
los delitos también se han globalizado. ¿Cómo se
podría investigar, por ejemplo, a una organización mafiosa
que traspasa fronteras si un juez no puede indagar en un país que
no es el propio?”
La jueza investiga el atentado realizado en 1974 contra Prats y su mujer,
Sofía Cuthbert, quienes se habían exiliado en la Argentina
tras el golpe de Pinochet y que murieron al estallar una bomba colocada
en su automóvil por el ahora arrepentido ex agente de la CIA y
la DINA (policía secreta chilena), Michael Townley. El 27 de octubre
pasado el juez federal Juan Galeano –que por entonces reemplazaba
a Servini– pidió a Chile el arresto y la extradición
de Pinochet y de un grupo de militares imputados aquí por el doble
asesinato.
Pero el inconveniente podría salvarse a partir del pedido del fiscal
federal chileno Jorge Alvarez Berlanda, quien le pidió a Servini
que realice la indagatoria de Pinochet en Chile. La jueza resolvería
ese reclamo la semana próxima. No sería un mecanismo extraño
para Servini ya que el año pasado indagó en el vecino país
al detenido ex jefe de la DINA Manuel Contreras, y de su ex colaborador,
el brigadier Pedro Espinoza Bravo, que al igual que Pinochet están
imputados aquí como coautores del doble crimen y por asociación
ilícita.
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