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 Hoy
al mediodía el presidente Fernando de la Rúa tomará
juramento a los integrantes del equipo elegido por Ricardo López
Murphy, el que por su orientación liberal ultraortodoxa ya es calificado
en la city porteña como el dream team de los mercados. Sin embargo,
según evalúa el propio ministro, los márgenes de
acción que le fija la política en el año electoral
son muy acotados. Ayer, López Murphy siguió reunido, a puertas
cerradas, con sus principales colaboradores, estudiando las posibles medidas
a anunciar esta semana. Y llegó a una conclusión: “No
hay espacio para poner cosas en una mesa de negociación para después
retirarlas” -dicen en las cercanías del ministro–, así
que no se anunciará nada que no se pueda concretar de inmediato.
Por eso, el plan consistirá en un paquete de medidas de corto plazo,
que requiera la menor negociación política posible, y otro
a mediano plazo, para después de las elecciones, de “alta
conflictividad” política.
En el corto plazo, el paquete apuntará a un achique del gasto público
de alrededor de 1200 millones de pesos, sobre la base de fusionar y eliminar
reparticiones públicas, sin que eso necesariamente implique despidos
de personal, subejecución del gasto público (especialmente,
en obra pública), renegociando contratos con proveedores del Estado
y el cumplimiento del acuerdo fiscal con las provincias, que fija un techo
a las transferencias al interior. También se anunciará la
intervención de la Anses, por donde pasa más del 40 por
ciento del Presupuesto Nacional, la intervención del Senasa, para
enfrentar el problema todavía no reconocido oficialmente de la
aftosa y la redefinición del PAMI, aunque este último en
un plan de mediano plazo. Además, López Murphy pretende
que la reforma previsional, punto clave del acuerdo con el FMI, sea aprobada
por ley, porque considera que de otra forma la inseguridad jurídica
sería insostenible.
El punto de mayor controversia dentro del nuevo equipo económico
es si dar marcha atrás en el aumento del impuesto a las Ganancias
que dispuso Machinea el año pasado. Consideran que sería
una buena señal para reactivar el consumo. Y, al mismo tiempo,
podría servir como carta de negociación de medidas que requieren
el paso por el Congreso, como la generalización del IVA o la eliminación
de exenciones impositivas en Ganancias (a fundaciones, cooperativas y
mutuales, entre otros sectores); o la propia ley de reforma previsional.
Sin embargo, los hombres de FIEL temen que los 1500 millones anuales que
se dejarían de recaudar por ese concepto no puedan ser compensados
por ahorros y eliminaciones de exenciones impositivas y terminen desbandando
las metas fiscales acordadas con el Fondo Monetario.
En el diagnóstico de López Murphy y su equipo existe una
prioridad: cumplir con la meta de déficit fical de 6500 millones
de pesos acordada con el FMI para todo el año. Más aún,
con la anuencia del ministro, desde Washington enviaron la señal
esta semana de que si bien el organismo haría la vista gorda sobre
los desvíos fiscales del primer trimestre la meta anual es inamovible.
Traducido: eso significa que habrá que hacer más ajuste
en la segunda mitad del año para compensar el salto del déficit
de los primeros meses, a consecuencia de la baja recaudación.
No hay certeza sobre los números del desvío proyectado,
ni para el primer trimestre ni para el año. Para el primer trimestre
rondaría los 400 millones de pesos, pero el ministro ha dejado
trascender que la cifra superaría los 700 millones, como una forma
de ganar mayor espacio para el ajuste. Para el año, en tanto, el
consultor Miguel Angel Broda calcula que, de no hacerse nada, el déficit
se iría a 7300 millones, unos 800 millones más que lo estipulado
con el Fondo. Sin embargo, en el equipo económico prefieren exagerar
la situación y aseguran que el desvío podría llegar
a los 1500 millones, en especial, porque en la segunda mitad del año
–especulan– habría que frenar el crecimiento “estacional”
del gasto electoral.
Con ese cuadro de situación en mente, la prioridad de López
Murphy pasa por recortar gastos por una cifra equivalente para asegurar
elcumplimiento con el Fondo. Desde su perspectiva, así se daría
una “señal a los mercados”, de que el Gobierno pagará
sus deudas y se abarataría el financiamiento externo de la mano
de la caída del riesgo país, condición necesaria
para el crecimiento.
“Más que anunciar va a haber medidas concretas”, aseguran
en Economía, cuando se les pregunta cómo harán para
aplicar otro ajuste en el año electoral. En la división
interna del trabajo, el secretario de Hacienda, Daniel Artana, y el secretario
para la Reforma Administrativa, Manuel Solanet, barajan todas las posibilidades
de ajuste de la estructura estatal, algunas de las cuales harían
temblar no sólo a De la Rúa sino también a toda la
Alianza. Sin embargo, con la ayuda del subsecretario de Presupuesto, Nicolás
Gadano, López Murphy ya planteó a Artana y a Solanet que
en una primera etapa será necesario contemplar las restricciones
políticas.
Medidas
Así, se optaría por medidas de rápida instrumentación
y bajo nivel de negociación. Como las siguientes:
u Ahorros en la administración pública mediante un proceso
de reingeniería, que implicaría la supresión de todos
los organismos y programas oficiales con funciones duplicadas. Eliminación
de organismos descentralizados y entes residuales de las privatizaciones.
En todos los casos, la reducción de personal se encuadraría
dentro de los retiros voluntarios o jubilaciones anticipadas.
u No se decidió todavía si se hará en esta primera
etapa, pero la “racionalización” estatal incluiría
la fusión de ministerios y secretarías, como ser Educación
y Justicia. Y una redefinición de los ministerios de Salud y Trabajo.
En especial, porque la nueva agencia de Desarrollo Social, que estará
a cargo de Marcos Makón, absorberá programas y estructuras
organizativas de todas esas áreas: planes asistenciales de Salud
y Educación, con financiamiento local o externo, planes Trabajar,
subsidios de desempleo, etc.
u Intervención de la Anses, la administración nacional de
la seguridad social. Por allí pasa más del 40 por ciento
del Presupuesto estatal (unos 22 mil millones de pesos) y se cree que
con la depuración de los padrones de jubilaciones y pensiones podrían
lograrse ahorros importantes.
u En tanto, el PAMI, que dirige Federico Polak, sería incluido
dentro de un plan de mediano plazo, que contempla la descentralización
administrativa a nivel provincial de la obra social de los jubilados.
También se intervendría el Senasa, pero por otro motivo:
la crisis desatada por la reaparición de la aftosa en el país,
hecho todavía no reconocido oficialmente.
u Se recortarían subsidios bajo control de la Nación, a
distintos sectores productivos, mientras que los que involucran a las
provincias como el Fonavi, el Fondo del Tabaco y los subsidios patagónicos
serían negociados más adelante.
u En Hacienda evalúan que,,si la economía empieza a crecer,
otra fuente de ahorros provendrá de hacer cumplir el acuerdo fiscal
firmado con las provincias hace cuatro meses, que establece un techo a
las transferencias de fondos a las administraciones del interior. Para
tal fin, López Murphy ya le planteó al Presidente que quiere
el control de la estratégica Secretaría de Relaciones con
la Provincias, que comanda Walter Cevallos, un alfil de Storani (ver aparte).
Con ese menú en carpeta, los hombres de FIEL dudan en volver atrás
con la suba del impuesto a las Ganancias que dispuso Machinea, que golpeó
fuertemente a la clase media y media alta. En tanto que dejarían
para una segunda etapa, en principio para después de las elecciones,
medidas de alto voltaje político, como la negociación de
una nueva ley de Coparticipación de impuestos con las provincias,
que incluiría un profundo ajuste en las administraciones del interior;
una nueva vuelta de tuerca en el plantel de empleados públicos;
o la privatización del Banco Nación, que –como dijo
a este diario ayer una fuente cercana a López Murphy– “está
en los planes”.
PARA
STORANI, LOPEZ MURPHY TIENE UN MARGEN ACOTADO
“No
hay mucho que inventar”
 Para
el ministro del Interior, Federico Storani, la demora en el anuncio de
las nuevas medidas económicas del Gobierno no resta poder político
al flamante ministro Ricardo López Murphy ni provoca incertidumbre
en los mercados. En la versión Storani, el reemplazante de Machinea
“tiene un diagnóstico preciso” del estado de situación
de la economía argentina y afirmó que “hace bien”
en no apresurar el lanzamiento del paquete de medidas. Sin embargo, marcó
los límites de su gestión en Economía: aseguró
que su función será cumplir el acuerdo con el FMI y destacó
que “está claro que no hay mucho que inventar”.
 El ministro
del Interior mantiene por estos días una puja secreta con su par
de Economía, que quiere controlar la estratégica Secretaría
de Relaciones con las Provincias, hoy a cargo de Walter Cevallos. Esa
secretaría, además de mantener un contacto permanente con
los gobernadores, maneja los ATN (Aportes del Tesoro Nacional) y otros
subsidios, instrumentos que usualmente han sido claves en la negociación
entre la Nación y las provincias. López Murphy está
convencido de que uno de los puntos centrales de su programa durante este
año deberá pasar por hacer cumplir el pacto fiscal firmado
con los gobernadores hace cuatro meses. Y más precisamente el techo
de transferencias a las administraciones del interior en caso de que la
economía repunte y los fondos superen el piso acordado. Además,
el hombre de FIEL quiere empezar a tantear el terreno para discutir, pasadas
las elecciones, una nueva ley de Coparticipación, además
de un fuerte plan de ajuste en los Estados provinciales.
Pese a esa disputa, Storani ayer salió a apoyar a López
Murphy. “No se puede, en esta materia, hacer las cosas sin que haya
un plan completo, porque cualquier medida aislada puede perder efectividad
dentro del contexto macroeconómico”, aseguró en declaraciones
radiales. Y agregó: “Me parece que López Murphy hace
bien en tomarse tiempo con su equipo, que va a jurar mañana (por
hoy), para afinar todas las medidas para que salga todo junto”.
Por otro lado, descartó que los tiempos jueguen en contra del ministro
de Economía. “Tampoco puede pensarse que una ligera demora
puede plantear incertidumbre o le va dar argumentos a los detractores
del Gobierno nacional”, afirmó. Y fijó los parámetros
con los que se moverá López Murphy: “Lo que está
claro es que su finalidad es cumplir con la ley y los acuerdos (firmados
con el FMI), y además tener una lucha fuerte contra el déficit.
En la línea gruesa y general, está claro que no hay mucho
que inventar”, remató.1 de marzo de 2001.
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