Página/12

En la Casa Rosada empezó a circular ayer la propuesta del equipo económico para “encauzar” –el eufemismo del ministro Ricardo López Murphy– los recursos del sector educativo: eliminación de la partida de 550 millones de pesos para pagar el Fondo Nacional de Incentivo Docente (Fonid), recorte de 360 millones de los 1800 previstos para la universidad y supresión del financiamiento para los institutos de formación docente y la infraestructura escolar. Así se llegará a 1120 millones de pesos menos para la educación. En el Palacio Sarmiento se refugiaron en el hermetismo. “Nosotros no vamos a permitir ningún recorte ni encubierto ni ostensible sobre los salarios de los trabajadores ni de los presupuestos”, advirtió en diálogo con Página/12 la titular de CTERA, Marta Maffei, y adelantó que si se confirman esas medidas “confrontaremos”. Sólo la decisión del presidente Fernando de la Rúa, quien eligió a estos economistas, podría modificar el recetario que le quitaría sentido a la cartera educativa.
–¿Volverá la Carpa Blanca? –le preguntó este diario a Maffei.
–La carpa tiene como característica ser un poco más lenta. Estuvimos más de 1000 días para conseguir el incentivo. No tenemos tanto tiempo frente a ese ajuste.
La garantía del Tesoro Nacional para financiar el pago del incentivo docente, incorporada a una ley específica, fue la llave que le permitió al gobierno aliancista conseguir el levantamiento de la Carpa Blanca. Un logro –para muchos el único– que el presidente Fernando de la Rúa reivindicó en cada uno de sus discursos. El pasado 26 de febrero, el ministro de Educación, Hugo Juri; el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, y Marta Maffei firmaron un acta compromiso para que el pago del plus salarial de 60 pesos se realice, a partir de marzo, en forma mensual. Al límite del inicio de clases, la Nación giró 110 millones de pesos a las provincias para ponerse al día con el pago de enero y febrero. Restan 550 millones para afrontar esos pagos. Esa partida es la que quiere eliminar López Murphy.
El argumento de Economía es que no se dejará de abonar el pago sino que serán las provincias las que tendrán que financiarlo porque “tienen partidas no específicas que pueden usar para ese fin teniendo en cuenta que los salarios docentes son su responsabilidad”. En rigor, la Ley de Incentivo Docente prevé que tendrá una vigencia hasta el 2003 pero que sólo hasta fines de este año será el Tesoro Nacional el responsable del financiamiento. A partir del año próximo entraría en vigencia un nuevo acuerdo de coparticipación que permitiría cambiar la fuente de los recursos. El secretario adjunto de CTERA, Hugo Yasky, dijo que “el argumento que lo tendrían que pagar las provincias es falso porque las provincias al firmar el Pacto Fiscal aceptaron el congelamiento del gasto primario. Decir eso es como decir que lo pague Dios. Si esto se hace vamos a vivir un estado de sitio aplicado sobre la educación pública. Están desconociendo leyes vigentes como el presupuesto, el incentivo y los estatutos docentes”.
El gremio docente convocó ayer de urgencia a un plenario extraordinario de secretarios generales que se reunirá hoy para esperar el discurso de López Murphy. De forma inmediata, anunciarán un plan de lucha nacional si el ministro ratifica la poda. “Si pensaron que educación es un área que tribute a la locura de la reducción, vamos a confrontar muy fuertemente todas las organizaciones gremiales y estudiantiles”. El sábado, la CTERA se reunirá con los docentes universitarios de CONADU y los estudiantes de la FUA para coordinar una protesta común (ver aparte).
–¿Habló con el ministro Juri de este posible recorte? –le preguntó Página/12 a Maffei.
–Estuve en el Ministerio anteayer (por el martes) y los vi muy preocupados. Presiento que si avanza el recorte, las autoridades del Ministerio no se pueden quedar. Defensores de la educación pública y ex militantes de Franja Morada no pueden aceptar un recorte presupuestario.
El recorte en la universidad elaborado por los hombres de FIEL no es menos sanguinario. Para este año prevé una poda de 360 millones de pesos, equivalente al 20 por ciento de los 1800 millones asignados en la Ley de Presupuesto. La previsión para el 2002 es recortar otros 650 millones de pesos, con lo cual las 37 casas de altos estudios estatales tendrían que conformarse con 790 millones de pesos. Un tijeretazo de esa magnitud torna innecesario un anuncio de arancelamiento: para subsistir las universidades tendrían que apelar no sólo al cobro de cuotas.
En el caso de los institutos de formación docente, la reducción de alrededor de 100 millones de pesos afecta principalmente a los privados que reciben subsidio del Estado para pagar los sueldos docentes. De los 1700 establecimientos dedicados a formar maestros y profesores unos 700 pertenecen a la Iglesia Católica. Esa relación le podría abrir otro frente de conflicto con los prelados. La propuesta educativa de FIEL promueve que sólo queden en pie 240 institutos. Otros poco más de 100 millones serían eliminados en el rubro infraestructura escolar. De esa forma, la construcción y reparación de escuelas que la Nación mantiene como parte de las políticas compensatorias se convertiría en otra promesa incumplida.
“Voy a cumplir con todos los compromisos”, dijo Ricardo López Murphy cuando el presidente Fernando de la Rúa lo presentó hace apenas diez días como ministro de Economía. Olvidó precisar que hablaba sólo de los “compromisos” externos.

LA UNIVERSIDAD PROPONE ALTERNATIVAS AL AJUSTE
Esperando una guadaña afilada

El reloj marcó la hora y las universidades nacionales se preparan para enfrentar lo que, a esta altura, parecía indetenible: un recorte de 360 millones de pesos, que se elevaría a 650 el año próximo. Anoche, las contrapropuestas esgrimidas por la comunidad universitaria, amenazaban con quedar sepultadas bajos los lápices ávidos del equipo de Ricardo López Murphy. “Sólo nos queda desear que los pronósticos no se cumplan. De lo contrario, correría riesgo la viabilidad institucional de las universidades públicas”, advirtió Mario Barletta, rector radical de la Universidad del Litoral a Página/12. Como último recurso, la comunidad universitaria amenaza con descubrir su última carta: su poder en la calle, que en el ‘99 logró hacer retroceder un recorte de 100 millones.
“Es un límite que no podemos tolerar. La Alianza se votó por la educación y vamos a dar batalla”, anunció Hernán Rossi, secretario general de la Mesa Nacional de Franja Morada. “Un recorte así es irrealizable. Las universidades gastan más del 80 por ciento del presupuesto en sueldos. Directamente habría que dejar de pagarlos –se indignó Aníbal Jozami, rector de la Universidad de Tres de Febrero–. El Congreso creó universidades nacionales y es responsable de dotarlas de los fondos necesarios, no las puede dejar extinguir.”
Anoche, los intentos del Ministro de Educación, Hugo Juri y de Juan Carlos Gottifredi, respaldados por Federico Storani, parecían no lograr detener un recorte, que desbordaba, incluso, el programa de FIEL. La poda de 360 millones de pesos sobre un total de 1800, se englobaba en un marco de 1120 millones para toda la cartera educativa.
“Es una locura que tecnócratas de FIEL logren imponer el recorte. Pensábamos que la Alianza era otra cosa”, dijo Raúl Sánchez, del Frepaso universitario. “La mano viene muy dura, casi no estamos participando en las negociaciones. Los únicos que pudieron presentar algo fueron Juri y Shuberoff”, se lamentó un rector del bloque peronista. Pero al bloque de la Alianza no le iba mejor, los intentos de ser recibidos por De la Rúa, habían fracasado. El objetivo era discutir la propuesta presentada por Shuberoff, que tal como informó este diario, pretende obtener de la AFIP una reducción de los aportes patronales para las universidades, similar al que gozan las instituciones privadas. Así, se ofrecería un “ahorro” cercano a los 100 millones. Otra de las ofertas es compensar el recorte con la subejecución de partidas presupuestarias que se arrastran desde el ‘99 y que trepan a 120 millones en todo el país.
“La idea es buscar algún esquema que permita al Estado recaudar más pero mitigando un poco el peso sobre las universidades, que nos eximan de los aportes patronales –confirmó Barletta–. Ya el año pasado, el Gobierno nacional no estaba recibiendo este dinero. Al no ejecutarse las partidas completas, las universidades tuvieron que usar los aportes para llegar a fin de año”, argumentó.
“Los plazos se acortan y no hay tiempo ya de presentar una propuesta más elaborada”, confesaba con desasosiego un rector peronista a este diario. El bloque aceptaría la inclusión de aranceles, tal como ya se hace en algunas universidades del conurbano bonaerense. Mientras que Juri, ofrecería, además, el impuesto a los graduados o una suerte de impuesto a las ganancias a los padres de los estudiantes universitarios para crear un fondo que conforme a la podadora.
La juventud universitaria ya se prepara para emularse a sí misma, cuando en el ‘99 logró frenar un recorte de 100 millones. “Conformaremos un frente de disputa dentro de la propia Alianza”, aseguró Rossi de Franja Morada. Mañana, a las 16, se realizará un Foro Nacional por la Educación Pública, a la que se sumarán rectores y legisladores. “El lunes empezamos las clases con cortes de calles y asambleas, no vamos a dejar que pase el ajuste. Lo vamos a parar”, confió Rodolfo Kempf, de la Corriente Estudiantil Antiimperialista, segunda fuerza de la FUA. La FederaciónNacional de Docentes Universitarios (Conadu) se declaró en estado de alerta y movilización y amenazó con iniciar un paro por tiempo indeterminado.
“El ahorro no justifica el quilombo que se va armar”, era la promesa que se escuchaba anoche.

El recorte al gasto público alcanzaría a 2000 millones de pesos. Se descuenta una favorable reacción de los mercados, salvo que haya un cisma político. Las cartas del Gobierno para evitarlo.

Daniel Artana, secretario de Hacienda. Según dirigentes de la Alianza, uno de los �talibanes� de Economía.

El paquete de medidas que anunciará esta noche el ministro de Economía de la Alianza ya recibió anticipadamente duras críticas de sectores del radicalismo y el Frepaso, incluidos los gobernadores de la coalición que verán temblar sus economías provinciales por el fuerte recorte en las partidas que le gira la Nación. El ajuste contemplará una rebaja de aproximadamente 1000 millones de pesos en los fondos que la administración nacional gira en distintos conceptos al interior, una cifra similar a la que se prevé ahorrar en reducciones de fondos asignados a distintas reparticiones del gobierno nacional.
“El problema no es el ajuste, sino cómo se lo plantea”, reflexionaba anoche ante Página/12 un funcionario del Ejecutivo luego de una jornada cargada de roces, pulseadas y cortocircuitos en el oficialismo. “Hay algo que está claro: mientras que el justicialismo adoptó una postura moderada frente al ajuste económico, la Alianza juega a una política ‘antitalibán’”, término que hace referencia al fundamentalismo que se les atribuye a Ricardo López Murphy y a sus dos principales espadas, Daniel Artana (secretario de Hacienda) y Manuel Solanet (secretario para la Modernización del Estado).
El recorte a las transferencias que reciben las provincias no afectará el acuerdo fiscal firmado en noviembre último, por el cual el gobierno central se comprometió a girar por coparticipación de impuestos nacionales un mínimo de 1360 millones al año. En cambio, la poda alcanzará a los Aportes del Tesoro Nacional (150 millones), el Fondo Especial del Tabaco (190 millones) y el Fondo de Incentivo Docente (660 millones). Economía también apunta a recortar los subsidios (exención de impuestos) a la venta de combustibles y al consumo de gas domiciliario en la zona patagónica. Con las reducciones totales o parciales en estos rubros llegaría a redondear un ahorro anualizado de 1000 millones de pesos.
Los mayores ajustes en la administración pública nacional se ejecutarían en la AFIP y en la Anses. En el ente recaudador, a través de la eliminación de áreas y la tercerización de algunas de sus tareas, como la gestión judicial y el cobro de deudas impositivas. En la Anses, por medio de la eliminación de gerencias. Pero también habrá recortes a los beneficiarios, en asignaciones familiares y en jubilaciones superiores a los 3100 pesos.
También se afectarán partidas asignadas al área educativa y a otras reparticiones, que deberán reducir sus gastos en insumos, contrataciones de obras y servicios, y serán obligadas a fusionar secretarías y reparticiones de menor rango. Paralelamente, se anunciará la elaboración de una serie de medidas a aplicar en el mediano plazo, como una reforma integral en la estructura del Estado. Esta incluirá un plan de retiro voluntario para empleados de planta, a los cuales se les seguirá pagando el sueldo durante 18 meses. También se planteará la intención de extender el IVA y el impuesto a las ganancias a actividades actualmente exentas.
Las metas presupuestarias del primer trimestre quedarían excedidas en 700 millones de pesos, de acuerdo a los cálculos del Ministerio de Economía. Este desfasaje se compensaría en los trimestres siguientes para mantener el objetivo de un déficit fiscal de 6500 millones de pesos en el año. Este desvío ya habría sido convalidado por la misión técnica del Fondo Monetario actualmente en el país, encabezada por Tomás Raichmann.
El Ejecutivo descarta que las medidas serán bien recibidas en los mercados, salvo que las mismas provoquen un cisma político en la coalición de gobierno. Anoche se llegó a especular con la renuncia del secretario de Hacienda, debido a su intransigencia en una reforma del Estado que supondría despidos masivos en el Estado. Medida que era resistida en distintos ámbitos de la Alianza y que la cúpula del gobierno no estaría dispuesta a convalidar. Esta carta –la cabeza de Solanet– y otras que el jefe de Gabinete, Chrystian Colombo, tendría en la manga podrían llegar ajugarse durante el fin de semana para restañar las heridas que dejarán los anuncios en la Alianza. El objetivo, ahora, es llegar al crucial día lunes con un gobierno que no evidencie signos de resquebrajamiento.