|
Por Victoria Ginzberg
 El contraalmirante Basilio Benito
Pertiné intenta impedir el “escrache” que la agrupación
HIJOS (Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)
planea realizar el próximo miércoles frente a su domicilio.
El cuñado del presidente Fernando de la Rúa presentó
una recurso de amparo ante la Justicia y utilizó al titular de
la Sindicatura General de la Nación (Sigen), Rafael Bielsa, como
intermediario para sugerir que suspendan la actividad. A través
del funcionario, los HIJOS recibieron dos papeles que, aunque sin membrete
oficial, tienen una clara similitud con informes de los servicios de inteligencia.
La jueza de menores Adriana Leiras solicitó al “Sr. presidente
de la agrupación HIJOS” que le informe “en 24 horas”
si “ha sido convocada una manifestación que se llevará
a cabo el día 21 de marzo a las 18 frente al inmueble de la avenida
Coronel Díaz 2625 de esta ciudad y, en caso afirmativo, si dicha
medida ha sido puesta en conocimiento de las autoridades públicas
pertinentes”. Los HIJOS negaron haber recibido la cédula de
notificación.
Además del frente judicial, Pertiné acudió a la mediación
de Bielsa. El cuñado del Presidente y el síndico general
no se conocían. Fue el flamante asesor presidencial Nicolás
Gallo quien llamó a Bielsa para decirle que Pertiné lo quería
ver. “Me van a hacer un escrache y están equivocados”,
le había dicho el contraalmirante a Gallo. El cuñado del
Presidente había leído las notas sobre la polémica
de los años 70 publicadas por Página/12 y consideró
que el síndico era el hombre indicado para convertirse en su intermediario,
porque –pensó– tenía “autoridad moral”
para hablar con los miembros de HIJOS. Bielsa se hizo cargo de su papel
y envió a la agrupación de derechos humanos una carpeta
que a su vez recibió de Pertiné.
Entre los papeles que el síndico les mandó a los HIJOS estaba
el curriculum vitae de Basilio Benito y dos hojas fechadas el 8 y 9 de
marzo pasados de las que se desprende que los miembros de la agrupación
que congrega a los hijos de desaparecidos fueron víctimas de seguimientos
de inteligencia, tal como ellos mismos denunciaron hace dos meses cuando
presentaron un hábeas corpus preventivo.
“Asunto: Actividad modalidad ‘escrache’ contra el almirante
(RE) Basilio Pertiné”, se lee en el encabezamiento de uno
de los dos papeles. “Se adjunta a la presente, ‘panfleto’
relacionado con la actividad, el cual se halló en proximidades
se la sede central de la Central de los Trabajadores Argentinos (CTA),
sita en avenida Independencia 766. Se ampliará”, termina el
informe escrito con la peculiar redacción utilizada por los servicios
locales. El segundo escrito agrega que los HIJOS “contarían
con el apoyo de una agrupación llamada “Jhon William Cocke”
(sic) que, por registros propios y de otros organismos, no existiría”.
La agrupación existe, pero obviamente su nombre no es el que figura
en el parte, sino John William Cooke. Según estimaron quienes elaboraron
los informes, la concurrencia al escrache “al día de la fecha
se puede estimar con un alto grado de seguridad que estará alrededor
de las 120 y 150 personas”.
En una carta dirigida a Bielsa, Pertiné argumenta, entre otras
cosas, que “mi responsabilidad como Comandante de Aviación
Naval o como partícipe en los supuestos hechos que se me imputan
es imposible teniendo en cuenta las fechas en las que ejercí el
Comando”.
Los HIJOS decidieron escrachar al cuñado presidencial como parte
de las actividades preparatorias para la marcha del 24 de marzo. Lo acusan
en el “panfleto” de haber sido secretario privado del dictador
Jorge Isaac Anaya, miembro de la segunda junta militar, y de trabajar
“ad honorem” para la SIDE. Recuerdan que fue señalado
en España –por el ex marino Adolfo Scilingo– por participar
en los vuelos de la muerte. Los HIJOS mencionan que fue denunciado en
la Oficina Anticorrupción por haberse beneficiado en una licitación
en la construcción de un hospital público enMendoza. Además,
de la mano de Pertiné llegó al gobierno porteño delarruista
el capitán de navío Norberto Varela, que tuvo que renunciar
cuando se supo que lideraba un grupo interno de inteligencia y defendió
públicamente al represor Alfredo Astiz.
EL
ABOGADO DE SIMON NO APARECIO
El Turco no habló
El represor Julio Simón,
conocido como “el Turco Julián”, fue trasladado ayer
temprano desde la cárcel a los tribunales de Comodoro Py. Allí
esperó a su defensor, que no llegó nunca. Por la tarde,
el juez federal Gabriel Cavallo decidió suspender la declaración
indagatoria del acusado, que debe responder por las desapariciones del
matrimonio Poblete. Cavallo rechazó todas las apelaciones presentadas
por Simón y el otro acusado en la causa, Juan Antonio “Colores”
del Cerro, y le informó al abogado de Simón, Jorge Appiani,
que si hoy no concurre a su juzgado, la declaración se hará
en presencia de un defensor oficial.
La ausencia de Appiani responde a la estrategia de desconocer la citación
a su defendido, que deberá responder por la desaparición
de José Liborio Poblete y Gertrudis Hlazick. La indagatoria fue
dispuesta por el juez en el mismo fallo en el que declaró la “invalidez,
nulidad insanable y la inconstitucionalidad” de las leyes de Obediencia
Debida y Punto Final. El 20 debe comparecer Colores, que está representado
por la defensora oficial Silvia Otero Rella. Ambos represores ya están
presos por la apropiación de la menor Claudia Victoria Poblete.
Cavallo ya rechazó las apelaciones que hicieron los ex policías
a la Cámara Federal y la presentada por Appiani para que el expediente
pasara directamente a la Corte Suprema. El socio del represor Jorge Olivera
se basó en el artículo quinto de la ley de Obediencia Debida
y consideró que “se ha extinguido la acción penal y
los hechos no son punibles por haber obrado mi asistido –sin admitir
prueba en contrario– en virtud de obediencia debida”. Cavallo
no hizo lugar al escrito alegando que la ley de Obediencia Debida fue
derogada el 24 de marzo de 1998 por el Congreso y por lo tanto no tienen
vigencia sus disposiciones. Además, ayer por la tarde el magistrado
envió una cédula judicial a Appiani en la que lo intimó
a presentarse hoy a las 10 en la sede de su juzgado.
Mientras Simón esperaba que llegara su abogado, un grupo de militantes
de Izquierda Unida –encabezados por la legisladora porteña
Vilma Ripoll– expresaron su repudio hacia el ex policía en
la puerta de los tribunales.
|
