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Por Nora Veiras
 “¡Qué bien
que estábamos ayer!”, ironizó un funcionario. “Ayer”
era el tiempo en que existía el Ministerio de Educación.
El titular de la cartera, Hugo Juri, presentó el jueves su renuncia
y anoche después de escuchar a Ricardo López Murphy confirmó
que era “indeclinable”. Los secretarios de Educación
Básica, Andrés Delich, y de Políticas Universitarias
pusieron su alejamiento a disposición del presidente Fernando de
la Rúa. La secretaria de Ciencia y Técnica, la frepasista
Adriana Puiggrós, también anunció su dimisión.
La razón: la eliminación del presupuesto nacional de la
partida de 550 millones de pesos prevista para pagar las diez cuotas restantes
del incentivo salarial docente, la poda de 360 millones que afectará
a las universidades y otros 200 millones más. En sintonía
con la virtual desaparición de funcionarios y funciones de la cartera
nacional, los gremios docentes y los estudiantes anunciaron paros y movilizaciones
(ver aparte).
La guillotina que cayó sobre los recursos para la educación
provocó las mayores discusiones en el seno del gabinete. El conflicto
que generó el tener que asumirse como una Alianza “contra”
y no “por” la educación -como la definió su nombre
electoral– se reflejó en la ambigüedad con que López
Murphy detalló la poda para el sector. Dijo que se eliminarán
el Fondo Nacional del Tabaco (190 millones de pesos) y las exenciones
al impuesto a las naftas para las provincias petroleras (el monto es variable)
y esos recursos se destinarán a Educación. En realidad,
ésa es una discusión que se trasladará al Congreso,
y se sabe que es imposible que los legisladores provinciales aprueben
ese enroque.
Para la universidad precisó un ajuste de 360 millones de pesos
sobre los 1744 millones aprobados para este año y sugirió
sin atreverse a pronunciarlo el arancelamiento. “Las universidades
pueden proponer imaginativamente alternativas para su financiamiento,
como lo hacen las universidades públicas de gran parte del mundo”,
dijo mientras estudiantes y docentes estaban imaginando a dónde
marchar hoy para “repudiar la ruptura del contrato electoral”.
El monto de la mutilación coincide llamativamente con la cifra
que el ex ministro de Educación, Juan José Llach, había
propuesto que sería retenida por la cartera nacional para distribuirse
con “otros criterios” a las universidades. La resistencia de
los rectores y de Gottifredi logró modificar esa pretensión
en la discusión presupuestaria del Congreso. Llach fue el primer
ministro en renunciar. Sin embargo, esa línea de achique se siguió
profundizando: ayer, López Murphy decidió directamente eliminar
esos 360 millones.
Promesas vanas
Junto con la histórica bandera de la gratuidad de la universidad
pública, el programa del equipo de FIEL arrasó con el único
compromiso electoral que mantenía en pie la Alianza: el Fondo de
Incentivo Docente (Fonid). “El sistema educativo es exclusivamente
responsabilidad de las provincias”, enfatizó el ex ministro
de Defensa y a renglón seguido señaló que “se
reducirá en 970 millones de pesos el subsidio a las provincias”.
La primera afirmación implica que serán las jurisdicciones
las que tendrán que hacerse cargo de los 550 millones de pesos
que restan para cumplir con el pago de 60 pesos mensuales para los maestros.
La segunda demuestra la imposibilidad de que las provincias se hagan cargo
de ese financiamiento.
El anuncio de López Murphy supone incumplir con la ley de Incentivo
que estipula que hasta fin de año es el Tesoro de la Nación
el que debe garantizar el pago de ese plus salarial que permitió
el levantamiento de la Carpa Blanca. A partir del año próximo,
la fuente se tendría que discutir en el marco de una nueva ley
de coparticipación federal. Hasta ayer De la Rúa reivindicaba
en cada discurso público el levantamiento de la Carpa Blanca como
un logro de gestión que lo diferenciaba del menemismo. Cuando iniciaba
su campaña electoral como presidente, De la Rúavisitó
la Carpa para izar la bandera argentina con los maestros ayunantes, un
9 de Julio.
La poda también avanza sobre los institutos de formación
docente y las partidas destinadas a infraestructura escolar. Los obispos
trataron infructuosamente de persuadir al equipo económico para
que no suprimieran los fondos de subsidios para los 700 institutos que
tiene bajo su órbita -sobre un total de 1700–. Ese frente
de conflicto también quedó abierto por el discurso del economista.
La supresión de los planes de obras para escuelas cercena una de
las pocas funciones compensatorias que ejercía Educación
en las provincias más postergadas.
Equipo
Desde que asumió en octubre del año pasado como ministro,
Hugo Juri se pronunció por la defensa de educación pública.
Desandó cada una de las propuestas de su antecesor y el pasado
26 de febrero firmó junto al jefe de gabinete, Chrystian Colombo,
un pacto con la titular de Ctera, Marta Maffei, para pagar en forma mensual
el incentivo salarial. Dieciocho días más tarde, su nuevo
compañero de gabinete, López Murphy, borró de un
plumazo ese acuerdo que allanó el camino para un comienzo de clases
sin conflictos. No sólo eso sino que puso en pie de guerra a toda
la comunidad educativa. Al ex rector de la Universidad Nacional de Córdoba
que asesoró al gobierno de Cuba en planes de salud no le quedó
margen: renunció.
Los dos secretarios que perduraban desde el comienzo del Gobierno, Delich
y Gottifredi, también abandonan la cartera educativa. “Sólo
si es tal el escándalo político y dan marcha atrás
con el ajuste educativo, podrían seguir”, repetían
sin convicción en el Palacio Sarmiento.
El caso de Puiggrós es paradigmático de la vorágine
que consume a la Alianza: asumió hace 17 días como una forma
de afianzar la Alianza. A la semana renunció a Economía
José Luis Machinea y lo reemplazó López Murphy. Todos
conocían las propuestas del hombre de FIEL, pero esperaban que
el talibán se convirtiera en Gandhi: anoche demostró que
es fiel a su proyecto. Obviamente no al que propuso la Alianza para derrotar
al menemismo y llegar al gobierno.
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OPINION
Por Fortunato Mallimaci *
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No nos resignamos
Una vez más se han priorizado las ganancias de los grandes
grupos económicos locales e internacionales sobre las necesidades
de la gran mayoría de los ciudadanos. Una vez más
–y, no lo olvidemos, a pocos días del aniversario del
golpe militar del 24 de marzo de 1976– se toman medidas que
redistribuyen la riqueza al revés: de los más pobres
a los más ricos. Las recetas de los nuevos “ajustadores”
vuelven a mostrarnos que los adoradores del ajuste sin fin no son
ni creativos ni modernos ni audaces: repiten unos tras otros los
mismos discursos y las mismas políticas que nos han llevado
a la terrible situación de pobreza y exclusión que
estamos viviendo.
Pero, esta vez, el “temido déficit fiscal” se explica
por los “excesivos gastos de la educación pública”.
Allí han puesto sus miras los nuevos cruzados del mercado:
se castiga a los niños y a los jóvenes, a los docentes
y al conjunto de la sociedad destruyendo un sistema educativo público
y universal que fue en nuestro país la locomotora de la integración
social durante décadas. ¿Acaso algún gobierno
del denominado primer mundo ataca a la educación, a la ciencia
y a la cultura para “cerrar las cuentas”? Muy por el contrario,
existe consenso universal que sólo allí donde se aumentan
las inversiones en educación se obtienen progresos en el
desarrollo y en la integración social.
Triste situación del actual gobierno de la Alianza, que fue
elegido con un contrato donde se comprometió a “garantizar
que la educación pública en todos sus niveles disponga
de los recursos necesarios para cumplir su función”
y hoy asesta el más duro golpe que la educación pública
argentina ha sufrido en democracia.
La sociedad argentina enfrenta hoy, una vez más, la encrucijada
de defender su propia dignidad y subsistencia o ver postergada por
décadas la posibilidad de vivir en un país más
justo y solidario. Los universitarios, como parte inescindible de
la sociedad, no nos resignamos a que el precio lo sigan pagando
los más débiles y estaremos comprometidos con la opción
de la defensa de la equidad, la democracia y la justicia.
* Decano Facultad de Ciencias Sociales - UBA.
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Para
empezar, paro de 48 horas de la Ctera
El plenario de secretarios generales del gremio docente
repudió los anuncios del ministro de Economía. El lunes, asambleas
en todas las escuelas del país.
La
conducción de la Ctera miró a
De la Rúa y López Murphy por TV.
“Le quitan el respirador a la educación pública”,
dijo Hugo Yasky.
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Por
Irina Hauser
El sistema educativo
es, claramente, el principal damnificado del tijeretazo. De los 2000 millones
de pesos que se recortarán al sector público, 1130 millones
le serán expropiados a la educación. “Estamos frente
a un verdadero golpe de mercado y de Estado”, dijo la titular de
Ctera, Marta Maffei. Indignada, anunció un paro nacional docente
con movilizaciones en todo el país para el martes y miércoles
de esta semana. “El Gobierno se vanaglorió de lograr una ley
para que se levantara la Carpa Blanca, ahora nos coloca de hecho en un
estado de ayuno”, señaló Maffei. “Este ajuste
es como desenchufarle el respirador artificial a la educación pública”,
retrató Hugo Yasky, secretario adjunto del gremio.
Cuando le tocaba referirse a la amputación a la educación,
el ministro Ricardo López Murphy comenzó a titubear y a
hablar con rodeos e imprecisiones. Lo que describió como la reducción
en “970 millones de pesos de los subsidios para las provincias”
se traduce en que serán erradicadas la partida para pagar el Fondo
Nacional de Incentivo Docente (Fonid) –conquistado luego de 1000
días de Carpa Blanca–, la asignada para financiar los institutos
de formación docente y el dinero para infraestructura escolar.
Además, se reducirán 360 millones de los 1800 previstos
para las universidades.
“El sistema educativo es exclusivamente responsabilidad provincial”,
resumió el titular de Economía. La frase desató una
carcajada nerviosa entre los dirigentes nacionales y provinciales que
escuchaban el anuncio de las medidas por TV en una salita de la sede central
de Ctera. Algunos mascaban chicle, otros se pasaban un cenicero que desbordaba
de colillas y hubo quienes gesticulaban y le hablaban a la pantalla. “Es
un milico perfecto”, comentaba un grupo. “Le está declarando
la guerra a todo el mundo”, concluían. “Más volumen”,
rogaban los que escuchaban desde afuera.
Según López Murphy, con la eliminación del Fondo
Nacional del Tabaco y de las exenciones del impuesto a las naftas, las
provincias recibirán una inyección de dinero, un plan de
por sí complicado porque requiere la sanción de una ley
(ver aparte). Para Maffei “es una mentira lisa y llana” que
el pago de incentivos pueda ser asumido por las provincias.
Gustavo Maure, secretario del gremio docente mendocino, recordó
que “en diciembre las provincias firmaron un pacto fiscal que congeló
el gasto por cinco años”. Mendoza es la provincia con el sueldo
básico docente más bajo del país: 53,82 pesos. “Sólo
con adicionales en negro y con el incentivo, el sueldo de bolsillo puede
llegar a unos 350 pesos”, explicó Maure a este diario. “Si
el incentivo no lo paga la Nación nadie lo pagará porque
la provincia no podrá afrontarlo”, advirtió Beatriz
de Montalda, secretaria de Agmer, el gremio entrerriano. En su provincia,
sin el incentivo los docentes con mucha suerte recibirán 200 pesos
en la mano. Ejemplos de similares proporciones se reproducirán
para los maestros de todo el país.
El anuncio del paro fue resultado de un plenario en el que se reunieron
los secretarios de los gremios docentes de 15 provincias, junto con Maffei,
Yasky y otros dirigentes porteños. También resolvieron organizar,
el lunes próximo, asambleas en las escuelas “para explicarle
a la gente el daño y el impacto que sufrirán sus hogares”.
Entre otras cuestiones, señalaron la pérdida de becas para
los alumnos más pobres. El jueves próximo, el Congreso de
la entidad debatirá qué otras medidas de fuerza toman. La
idea de una nueva Carpa no resulta la más tentadora, “no es
tiempo lo que sobra para enfrentar el ajuste”, explican los dirigentes.
Yasky, a su vez, adelantó que se conformará “un Frente
Cívico en defensa de la Educación con participación
de distintos sectores sociales”.
–¿Se comunicó con los ministros de educación
de las provincias? –le preguntó este diario a Maffei.
–Hablé con algunos, los de Capital, Santa Fe y Buenos Aires
aseguraron que apoyarán la lucha docente. La realidad es que con
el panorama actual las provincias desbordarán de conflictos.
–¿Qué fue lo peor que se imaginó que podía
pasar el día que levantaron la Carpa Blanca?
–La presencia de FIEL y la privatización del sistema educativo,
que es precisamente lo que está sucediendo. Las medidas del ministro
se basan en una triple alianza: una decisión económica de
quitar apoyo y fondos a la educación; una decisión ideológica
y política, ya que no es casualidad que se decida centrar el ajuste
en educación mientras que bien podrían haber prorrateado
el pago de la deuda, por ejemplo; y en tercer lugar, la violación
de la Constitución nacional, la Ley de Presupuesto, la Ley de Incentivo
Docente y otras normas vigentes. Todo esto en virtud del poder económico
y de los dictados del Fondo Monetario Internacional (FUI).
EL
RECTOR DE LA UBA, OSCAR SHUBEROFF, ENCABEZA LA OPOSICION
“La orden de cierre de la universidad”
Por
Cecilia Sosa
“Esto y dar
la orden de cierre de todas las universidades públicas es lo mismo.
Mucho peor que lo que quiso hacer Menem: 360 millones de recorte equivale
a tres meses y medio de sueldos de todas las universidades, ninguna se
salva. Es el desmantelamiento de la universidad pública. Cumplen
exactamente con lo que escribieron en sus programas (por FIEL)”,
dijo Oscar Shuberoff a Página/12, que en el ‘99 encabezó
la lucha estudiantil que frenó un recorte de 100 millones.
–¿Está dispuesto a volver a encabezar la protesta?
–Si fuera necesario, desde luego. Vamos a hacer todo lo que esté
dentro de la ley para evitar este disparate. Incluso ir a la Justicia.
No pueden con un ademán soberbio bajar el presupuesto votado por
el Congreso.
El diálogo con el rector de la universidad más grande del
país transcurrió en la medianoche de ayer. El ministro de
Economía ya había anunciado el recorte por decreto de los
360 millones (con la remota posibilidad de palearlo con la eliminación
del Fondo del Tabaco y la exención de impuestos a los combustibles).
Que por si fuera poco, acompañó con un consejo: “Proponer
alternativas imaginativas para el financiamiento, como hacen otras universidades
públicas del mundo”. Léase, arancel. Resultado: un
ministro de Educación (Hugo Juri) que presentó su renuncia
indeclinable y un secretario de Educación Superior (Juan Carlos
Gottifredi), que se apresta a acompañarlo. Ambos ex rectores. Cuando
ya se largó la rueda de especulaciones para ver quién ocupará
una cartera desmantelada, el esquema de números (que tanto le gusta
al Gobierno) se impone: los rectores aseguran que desde abril no habrá
fondos para pagar sueldos docentes. “Es una declaración de
guerra a la universidad pública”, diagnosticó Pablo
Jacovkis, decano de Ciencias Exactas de la UBA. Y a la guerra, los universitarios
responderán con lo que saben: paros, marchas y toma de facultades.
Que ya se largaron.
“El recorte sobre el conjunto de Educación significan un 62
por ciento del total”, dijo el rector José Martín (Cuyo),
presidente del Consejo Interuniversitario Nacional, que se reunirá
el lunes, en plenario extraordinario. Anoche, la Federación Nacional
de Docentes Universitarios (Conadu) y la Federación Universitaria
Argentina (tradicional enclave de Franja Morada) se mojaban frente al
Palacio de Hacienda. Un cartel rumoreado: Hannibal. Y la imagen de López
Murphy devorando estudiantes. Firma: Franja Morada. “No es nuestro
pero estaría bien”, decía Manuel Terrádez, presidente
de la FUA. Hoy, los rectores radicales, la Franja y el Frepaso se reunirán
en un nostálgico Foro de la Alianza para la educación pública.
Es que no hubo lugar para sutilezas. López Murphy consideró
que el incremento presupuestario, que pasó de 919 millones en el
‘92 a 1744 millones en el 2000, fue demasiado. Y los 1800 millones
votados por el Congreso fue el sueño imposible. “Al recorte
lo saca por decreto y las exenciones al tabaco y al petróleo las
manda al Congreso. Es intentar conmover a los legisladores para que banquen
a la universidad a costa de sus propias provincias”, ironizó
un funcionario de la UBA.
A partir del 1º de abril, las universidades recibirán partidas
podadas en un 20 por ciento menos y el aliciente de tener que encontrar
“alternativas imaginativas para financiarse.” “No hay receta
posible para aplicar el ajuste: desde abril no podemos pagar los sueldos
–aseguró el rector Barletta de la Universidad del Litoral–.
No tiene ninguna viabilidad política e iremos a planteárselo
al Presidente”, y agregó: “La Constitución nacional
asegura la educación gratuita e impide el arancel, aun en la locura
de suponer que estaríamos dispuestos a hacerlo”.
“La igualdad de oportunidades para los estudiantes la tiene que garantizar
el Estado, no las universidades. Lo que busca es el arancel y no lo va
a tener”, se plantó Raúl Sánchez, en nombre
del Frepaso universitario. “Que vaya a cobrar impuestos a los grandes
evasores”, sugirió. El radicalismo tampoco dudó en
romper con el Gobierno. “Tenemosmuy en claro la autonomía
del movimiento estudiantil frente a cualquier poder de turno. Tenemos
la representación de los estudiantes y lo que está en juego
son sus derechos”, subrayó Terrádez, presidente de
la FUA.
“Este año el 20 por ciento, el próximo 30; arancel;
provincialización: todo FIEL: una locura”, repetía
un docente todavía sin poder creerlo. “Desde el lunes, habrá
paro activo, clases públicas y asambleas en todo el país”,
anunció Daniel Ricci, secretario de Conadu. “Si el rector
no cierra la UBA, estamos decididos a pararla por tiempo indeterminado.
Esto toca salarios y la propia estabilidad de la fuente de trabajo”,
dijo Jorge Anró de la Asociación de No docentes de la UBA.
La Facultad de Ingeniería de la UBA no esperó más
y con su decano Aníbal Raffo a la cabeza decidió la toma.
“Es un golpe de Estado sin tanques”, dijo Raffo a los estudiantes.
La guerra está cantada.
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