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Luego de la primera reunión del Consejo de Seguridad de la provincia
de Buenos Aires –realizada 15 meses después de la creación
del cuerpo–, el ministro de Justicia bonaerense, Jorge Casanovas,
anunció que de aquí a fin de mes se realizarán “megaoperativos
conjuntos” con la Nación cuyo propósito fundamental
será “sacarle las armas a los delincuentes”. En los allanamientos
masivos dentro del territorio provincial participarán la Policía
Federal, Gendarmería y Prefectura y se harán a razón
de “cinco por día” en zonas consideradas claves del “mapa
delictivo” bonaerense. De la reunión de ayer participaron
funcionarios del gobierno y dos legisladores de la oposición. Todos
coincidieron en calificar de “muy preocupante” la situación
de seguridad en la provincia. Si bien el gobierno sostuvo, en el marco
del encuentro, que “disminuyó el nivel del delito” en
lo que va del año, fuentes de la oposición dijeron a Página/12
que tal aseveración “no fue confirmada con ningún dato
concreto”.
A pesar del anuncio público, Casanovas aclaró que se harán
“operativos cerrojos y sorpresivos”, en el marco del acuerdo
al que llegaron hace un tiempo el gobernador Carlos Ruckauf y el presidente
Fernando de la Rúa. El ministro dijo que los jefes de las fuerzas
de seguridad “ya han realizado un estudio de los lugares conflictivos
y se determinaron los lugares” donde se harán los procedimientos.
En los operativos estarán presentes los fiscales de las distintas
jurisdicciones provinciales e intervendrán patrulleros y helicópteros.
Casanovas consideró que la situación de la seguridad “es
preocupante” porque “la gente tiene una sensación de
inseguridad que la hace sentir presa aun dentro de sus casas”. Ante
la prensa, el ministro admitió que hay que contar con “estadísticas
serias” sobre el delito, aunque en la reunión a puertas cerradas
se había dado a entender que ya las tenían. Cuando los expositores
del gobierno aseguraron que este año hubo una caída del
delito, la diputada del Frepaso Graciela Podestá pidió precisiones
que no obtuvo y que recién serían aportadas en la próxima
reunión del Consejo, fijada para el próximo viernes.
El senador radical Carlos Pérez Gresia, que estuvo en la reunión,
coincidió en que “es muy grave” la situación actual
en materia de seguridad. Por eso instó a “dejar de tomar el
problema como un tema propio de las campañas electorales”
porque “la cuestión es demasiado grave ya que afecta profundamente
a la sociedad bonaerense como para tomarla como una cuestión de
Estado”. Pérez Gresia aclaró que no está en
el ánimo de la oposición “plantear la renuncia del
ministro (de Seguridad Ramón) Verón” sino a “plantear
temas de fondo” relacionados con las medidas a tomar.
Una fuente de la oposición comentó a este diario que los
representantes del gobierno “no citaron estadísticas serias
que indiquen que el delito bajó, tampoco dieron respuesta a las
preguntas sobre la marcha del reequipamiento policial y no hubo un diagnóstico
real sobre el modus operandi de la delincuencia en las zonas consideradas
críticas”. En el encuentro se planteó la necesidad
de la sindicalización policial para darle cobertura a los suboficiales
que denuncian a sus jefes, como ocurrió recientemente en el Comando
de Patrullas de Vicente López.
| El Banco Mercurio,
allanado
No se sabe si lograron encontrar todos los escondites y dobles
fondos que, según los escritos de Mariano Perel, existen
en el edificio del banco. Pero del Mercurio, los policías
que lo allanaron por orden de la Justicia federal igual se llevaron
una buena cantidad de documentos: listados de clientes, archivos
informáticos, papeles vinculados a sociedades uruguayas y
las agendas de varios miembros de la familia Benadón, propietaria
de la entidad. El procedimiento es consecuencia de la denuncia por
“asociación ilícita” que presentó
–tal como informó este diario– la Procuración
General de la Nación contra los directivos del Mercurio.
El allanamiento contó con la presencia de León Arslanian,
que hizo así su debut en el caso Perel: el ex camarista federal,
ex ministro de Justicia de Carlos Menem y ex ministro de Seguridad
de Eduardo Duhalde estuvo allí como abogado de los Benadón,
dueños del Mercurio.
En la causa que ahora lleva adelante el juez federal Claudio Bonadío
se investiga si, tal como aparece en los escritos de Perel, los
directivos del banco estuvieron involucrados en maniobras de evasión
tributaria y posible lavado de dinero. La denuncia fue radicada
el lunes pasado por el fiscal general Maximiliano Rusconi, que ayer
también participó del procedimiento, en la sede de
la entidad, en San Martín 233.
Se descuenta que Arslanian planteará que el Banco Mercurio
y sus dueños ya fueron sobreseídos por el juez Julio
Cruciani de los cargos que ahora pretende reflotar Rusconi, el jefe
de la Unidad Fiscal de Investigaciones Tributarias y Contrabando
(Ufitco), sobre la base de los documentos de Perel encontrados tras
su misteriosa muerte en Cariló. La Ufitco, en tanto, defenderá
la investigación argumentando que entre los cargos investigados
hasta 1996 no figuraba el de asociación ilícita. El
juez Bonadío, y eventualmente la Cámara Federal porteña,
deberán decidir quién tiene la razón.
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