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Por Cecilia Sosa
 “Como
la noche de los bastones largos, pero más sutil”, azuzaron
los trece decanos de la  UBA.
Es que a la guerra, la comunidad universitaria respondió con guerra.
Tal cual lo había prometido, la comunidad universitaria se volcó
ayer a las calles para manifestar su tajante repudio al recorte de 360
millones para las universidades, anunciado el viernes por el ministro
de Economía, Ricardo López Murphy. Mientras las asambleas,
clases públicas y tomas se reproducían por todo el país,
reunidos en plenario extraordinario, los rectores de las 37 universidades
nacionales calificaron a la poda como el “acta de defunción
de la universidad pública” y avisaron que los Consejos Superiores
de todas las casas de estudios presentarán recursos de amparo para
denunciar la anticonstitucionalidad de la poda. “No nos vamos a dejar
guiar por ningún indicio. Lo del viernes fue una declaración
de guerra y no basta con buenas intenciones. Sólo si se da marcha
atrás con el recorte iniciamos el diálogo”, puntualizó
Manuel Terrádez, titular de la Federación Universitaria
Argentina.
Los 13 decanos de la UBA, a la vez que salían a la calle a encabezar
las clases públicas, estrecharon filas en un duro comunicado: “Lo
que se hizo en la ‘noche de los bastones largos’ se intenta
repetir ahora por medios más sutiles”. “Quienes han provocado
la angustiosa situación de nuestra economía la aprovechan
ahora para intentar la destrucción de la universidad pública,
en especial la universitaria, y ponerla fuera del alcance de la mayoría”,
señalaron.
Mientras, en el plenario extraordinario del Consejo Interuniversitario
Nacional (CIN), la magnitud de las cifras saldaba las diferencias entre
bloques. De cumplirse los recortes anunciados por López Murphy,
la poda total “del presupuesto universitario habrá alcanzado
a 1073 millones de pesos en cuatro años”, presentó
José Martín, rector de Cuyo y presidente del CIN. Los rectores
advirtieron que “no apoyarán a ningún ministro de Educación
que no deje sin efecto las medidas de ajuste”.
“La situación es perversa. ¿Cómo vamos a admitir
que nos quiten el 20 por ciento del presupuesto universitario y lo quieran
compensar a costa del fondo al tabaco que en Misiones deja a 80 mil personas
en la calle?”, se indignó Battaglia, rector de la Universidad
de Misiones. El CIN, además de apoyar la reacción de los
estudiantes, decidió iniciar “acciones conjuntas con todos
los sectores afectados por las medidas. Hicimos un llamado internacional
a todos los rectores del mundo para que muestren su apoyo a la universidad
pública argentina”, dijo Martín.
Al mediodía, los rectores esperaban ansiosos la llegada del ¿ex?
ministro de Educación, Hugo Juri. Lo habían invitado para
pedirle que permaneciera como garantía de que el reclamo sería
escuchado. Pero se quedaron con las ganas. Juri sólo pasó
15 minutos, se reunió con el comité ejecutivo, confirmó
lo “indeclinable” de su renuncia y partió raudo, rumbo
a Córdoba, su provincia. Dejó la promesa de que tanto su
secretario de Educación Básica, Andrés Delich, como
el secretario de Educación Superior, Juan Carlos Gottifredi (ambos
con renuncia presentada), permanecían “para no cerrar todos
los puentes del diálogo”.
Mientras Gottifredi seguía atrincherado en su despacho sin saber,
incluso, si su secretaría existía, Delich optó, desde
el sábado, por encabezar las negociaciones. Sus propuestas incluyen
una compensación del recorte con un impuesto a los grandes contribuyentes
o una suerte de impuesto a los padres de los estudiantes. Pero la misma
cercanía al Gobierno divide aguas. “Decían que si se
bajaba a 500 millones para toda Educación, él seguía”,
desconfiaba un dirigente docente frepasista. “Delich está
comprometido con su militancia estudiantil y está buscando alternativas
de financiamiento universitario con recursos públicos y sin arancel”,
defendió Terrádez de la FUA. “Si no hay marcha atrás
o si no se logra compensar, se va”, dijeron, tajantes, fuentes del
ministerio. Ante la ausencia de certezas, docentes, estudiantes y rectores
levantan la misma bandera: “Hasta tanto el recorte no se revierta,
no hay ninguna posibilidad de hablar absolutamente de nada. López
Murphy firmó el certificado de defunción de la universidad
pública, y con eso no se negocia”, dijo Jorge Rabassa, rector
del Comahue. “Esto sólo se detiene cuando De la Rúa,
el ministro de Economía o el jefe de Gabinete hagan el anuncio
oficial”, coincidían.
La inclusión de Cavallo en un posible gobierno de unidad no despertó
ninguna ilusión. “¿Qué Cavallo, ¿el de
la reactivación o el del arancel? Si ni siquiera se sabe quién
está gobernando: De la Rúa, López Murphy o él”,
chicaneó un rector peronista. Anoche, con petitorio en mano, los
rectores llegaron a una desierta Casa de Gobierno. Exigieron una audiencia
urgente con De la Rúa. El pedido quedó en mesa de entradas.
opinion
Por Norberto Alayón *
El
negocio de la educación
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La educación,
como la salud, es un bien público que no debe quedar sometida
a la cruda lógica del mercado, ni tampoco a los intereses
particulares de determinados grupos.
Las universidades privadas –en su enorme mayoría–
representan los intereses particulares de grupos religiosos, de
grupos ideológicopolíticos o directamente de grupos
empresariales.
A su vez, la universidad pública está orientada por
el interés de la sociedad en su conjunto, de donde deriva
su carácter universalista y, por ende, esencialmente democrático.
El necesario sustento económico estatal a la educación
universitaria se justifica por la obligación que le cabe
al Estado de responder a los intereses de la Nación y de
la comunidad que la conforma.
La tracción que ejercen los grupos privados para que el Estado
proteja sus intereses específicos (en desmedro de los del
conjunto) no es nueva. Pero ahora el avance sobre la anhelada rentabilidad
de la educación paga se muestra extremadamente voraz y a
cara descubierta.
FIEL, la fundación que orientan López Murphy, Artana,
Solanet, Teijeiro y entre cuyos vocales y consejeros directivos
participan Alchouron, Crotto, Soldati, Aguado, Bulgheroni y Amalia
Lacroze de Fortabat, postula con convicción que “el
objetivo básico de esta propuesta es crear un contexto competitivo
en educación superior...”. “Un elemento esencial
de una competencia justa es que las instituciones privadas y estatales
enfrenten condiciones similares. Una política esencial para
ello es la eliminación de subsidios a las universidades nacionales
y la instauración de un sistema de préstamos y becas
disponibles tanto para estudiantes de instituciones privadas como
de las públicas. Existe también otro privilegio de
las universidades estatales que debe ser removido: la ausencia de
un costo de alquiler sobre las propiedades usufructuadas por las
universidades públicas.”
La falacia de estos argumentos radica en que colocan en el mismo
plano a instituciones de diferente naturaleza. Las empresas educativas,
como cualquier empresa, compiten en el mercado; mientras que la
universidad pública es una institución cuyo fin es
contribuir al desarrollo social y moral de la sociedad. La Universidad
no presta un servicio a individuos particulares; aporta al mejoramiento
de la comunidad que conforma la Nación. Al mismo tiempo,
las condiciones de acceso a la educación superior comunes
para todos (cualquiera sea la capacidad adquisitiva de cada uno)
tienden a favorecer la igualdad, no sólo en el ingreso sino
también en la convivencia cotidiana.
Una propuesta que reduce la sociedad y la política a la mera
competencia en el mercado es una expresión reduccionista
y empobrecida, aún de los principios más básicos
de la democracia moderna y tiende a afectar la calidad de la participación
social y política.
Lo que se evidencia, tras las propuestas de recortes al presupuesto
universitario, es la renovada presión de ciertos grupos económicos
y políticos para que el Estado resigne la defensa de los
intereses del conjunto a favor de intereses sectoriales.
A pesar del avance del fundamentalismo neoliberal, aún no
se han podido apropiar del llamado “negocio de la educación”.
Este es el principal objetivo de los embates contra la universidad
pública. Lisa y llanamente, aspiran a transformar la educación
en mercancía. Por eso hoy atacan tan fuertemente el financiamiento
estatal del sector universitario.
Resistirse ante este nuevo ataque a la universidad pública
constituye una contribución profundamente democrática,
tendiente a la realización de una sociedad más plena
e igualitaria.
* Vicedecano
Facultad de Ciencias Sociales (UBA)
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