Por Andrew Graham-Yooll

Las reglas que están en los libros de leyes parecen las de una sociedad organizada, pero han sido rotas por la guerra santa contra “el enemigo”. La lucha contra la guerrilla y el terrorismo se transformó en excusa para el contra-terrorismo y la barbarie de los miembros de las fuerzas de seguridad, que apenas se disfrazan para cometer sus tropelías -.saqueos, secuestros, torturas y asesinatos de “enemigos”-. y que aunque no son abiertamente alentados por el gobierno, jamás son condenados mientras las víctimas sean “del otro bando”.
La prensa, que trata de mantenerse a media agua, inevitablemente es atacada en esta situación. A la libertad de prensa no le ha ido muy bien desde el golpe del 24 de marzo.
La censura previa fue impuesta para el día del golpe, porque el plan de toma del poder preveía medidas duras y se esperaba resistencia armada. Pero se la levantó cuando resultó innecesaria. En todo caso, había resultado “inoperativa” cuando se encontró que los censores oficiales cortaban los cables de la misma agencia oficial, Telam.
El 25 de marzo, los editores de todos los periódicos recibieron una copia de los “Principios y procedimientos para los medios de comunicación de masas”, una guía de autocensura que en sí no tenía mayor significado pero podía ser invocada para cualquier propósito. Muy pocos, dentro o fuera de la prensa, podían saber realmente qué era publicable y qué no. Los diarios fueron atosigados de textos de leyes, decretos y comunicados militares a ser publicados sin comentarios ni análisis. Resultó más que difícil enterarse de quién era arrestado, quién huía y qué nos deparará el futuro. El gobierno sólo repetía que los corruptos y los subversivos eran los únicos que tenían algo que temer.
Pero pronto emergió un patrón, y era uno viejo y conocido. Los militares no entienden cómo funciona la prensa y no ven la necesidad de que sea libre más que en términos remotos y teóricos.

El 22 de abril hubo dos extraños eventos. Clarín publicó un artículo de página entera anunciando que todas las restricciones a la prensa habían sido levantadas. La noche del mismo día, los editores de periódicosrecibieron en la Secretaría de Información Pública -.un nombre digno de Orwell para un departamenteo de prensa– unas pequeñas hojas sin membrete ni firma que decían que desde esa fecha los periódicos tenían prohibido “informar, comentar o hacer referencia a eventos subversivos, a la aparición de cuerpos, la muerte de elementos subversivos y/o miembros de las fuerzas de seguridad, a menos que sean informados por autoridades competentes. Esto incluye casos de secuestro y desapariciones”. Dos diarios, La Prensa y el Buenos Aires Herald, publicaron la nueva regla, pero los demás callaron. La cobertura de muertes políticas ya había desaparecido de los diarios hacía días. Los funcionarios que repartían las nuevas instrucciones las explicaban como una manera de cerrar toda forma de difusión a la guerrilla y ese argumento censor fue repetido por muchos periodistas como forma de evitar cuestionamientos: se invocaba “acuerdos tácitos” con el gobierno para omitir asuntos irritantes. Al momento de la prohibición, en las dos o tres incompletas listas de muertes que se llevaban en las redacciones se contaban 157 nombres desde el golpe, 321 desde el primero de enero. El gobierno no daba información, como no comentaba sobre arrestos o desapariciones. Se sabe que las muertes son muchas más por los indicios de las acciones de grupos paramilitares de derecha, grupos que claramente son compuestos por policías y personal militar y que llevan adelante su guerra santa contra la izquierda sin restricciones por parte del gobierno.

El intento de suprimir las noticias hizo sospechar a todos que los anuncios oficiales de enfrentamientos en realidad ocultaban ejecuciones de prisioneros en venganza por acciones guerrilleras.
El gobierno continúa diciendo que no existe la censura, pero el regimiento de paracaidistas de Córdoba mostró la realidad el 29 de abril al organizar una quema de “literatura subversiva”. Parte de lo quemado realmente tenía el copyright de alguna organización guerrillera, pero la mayoría provenía de las estanterías de las librerías locales. Este Auto de Fe causó una verdadera piromanía en la población general: no hay día en que una mujer, un hombre, una pareja, un muchacho, solos con sus miedos, no queme cada libro, panfleto o publicación que pueda remotamente conectarse con el marxismo, por temor a un allanamiento.
En los diarios la fuerza de la autocensura, siempre cercana en la prensa argentina, puede ser apreciada por lo que ocurrió el 5 de mayo, cuando una bomba montonera cortó un ferrocarril. Crónica reportó la interrupción del servicio sin explicar qué lo causó, La Nación habló de una baja de tensión.
Ese mismo día fue secuestrado en su casa el escritor Haroldo Conti, de simpatías izquierdistas y ganador del premio Casa de Las Américas. En junio se informó extraoficialmente que estaba detenido en un centro no identificado. Con su secuestro nos enteramos de una nueva manera de allanar: se robaban los efectos personales, de joyas y dinero, a máquinas de escribir y muebles. A los mal pagos agentes de seguridad se les permite mejorar sus ingresos saqueando a sus víctimas. El 18 de mayo, el ex senador uruguayo Zelmar Michelini, exiliado en Buenos Aires trabajando como redactor de internacionales de La Opinión, fue secuestrado. El 21, el gobierno anunció que estaba investigando, preocupado por este tipo de eventos. Pocas horas después se encontró el cuerpo del senador, junto al de su colega Héctor Gutiérrez Ruiz y los de la joven pareja uruguaya Rosario Barredo y Willian Whitelaw Blanco. Los tres hijos de la pareja habían desaparecido pero fueron encontrados por la campaña montada por el Buenos Aires Herald, que molestó a las autoridades.
El 31 de mayo, el periodista de izquierda Miguel Angel Bustos y el cineasta Raymundo Gleyzer fueron secuestrados y sus casas saqueadas. El 4de junio, el gobierno prohibió la publicación de noticias de cualquier grupo político, incluidos los que eran legales antes del golpe.
En junio, la revista Cuestionario, un mensuario intelectual y político, anunció que cesaba su publicación por razones económicas. Pero su editorial continúa operando. Las razones son políticas, no económicas.

Las listas de muertes que no se pueden publicar o el ocultamiento de las apariciones de cuerpos no son lo peor. Tampoco la quema de libros, pública o privada. Lo peor son las atrocidades que no se reportan. Algunas historias son publicadas en el extranjero (en el New York Times o el Washington Post). Personas que son ejecutadas en un lugar son arrojadas en otro y presentadas como muertas en enfrentamientos. Se arrojan cuerpos en el río de la Plata. Se tortura hasta la desfiguración, se arresta en centros de detención por largos períodos de tiempo sin proceso ni cortes. A hombres bajo tortura se le han quemado los testículos hasta dejarlos transformados en restos carbonizados. A mujeres se les han introducido objetos en la vagina para causarles hemorragias e infecciones (no hablamos de violaciones porque ya son rutina, casi “normales”). Todas las víctimas son sospechados de ser guerrilleros o “simpatizantes”. Hay poca o ninguna reacción de los sectores “decentes”. El antisemitismo está creciendo: aparecen nuevas publicaciones neonazis mostrando a Hitler besando chicos y afirmando que los asesinatos masivos de judíos son una mentira.

(Publicado en Index On Censhorship, Winter 1976, Vol. 5 Number 4, en julio de 1976).

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