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Por
Felipe Yapur
 “La
comisión Pou está en un freezer, al menos hasta la semana
que viene”, confiaron a Página/12 dos de los cinco legisladores
que conforman la comisión bicameral especial que evalúa
la gestión del titular del Banco Central. Varias son las razones
que blanden para justificar la constante postergación, entre ellas
–obviamente– está la crisis que vivió el Gobierno
que provocaron los constantes cambios en el staff de ministros que acompañan
al Presidente y las interminables sesiones del Congreso que necesitaron
para poder aprobar los poderes especiales para el ministro de Economía,
Domingo Cavallo.
Pero más allá de los justificativos, el último que
enarbolaron fue la mora de la Corte Suprema de Justicia en enviar las
causas que pesan sobre el presidente del Central, lo cierto es que Pedro
Pou dejó de estar en el centro del debate parlamentario. Es más,
participó –como si nada hubiera sucedido– en el juramento
de Ricardo López Murphy primero y luego en el de Cavallo, quien
le brindó un tibio apoyo, pero respaldo al fin.
No lo reconocen abiertamente, pero la incorporación de Cavallo
en el Gobierno ha modificado el escenario que existía cuando la
comisión comenzó a funcionar en febrero. Y es por ello que,
a casi veinte días del testimonio que prestó Pou ante la
comisión, los legisladores que decían que ya estaba todo
listo para dictaminar, ahora sostienen que “tenemos que leer, estudiar,
analizar y chequear todo el material recolectado”. Otro, algo más
sincero, dijo que “tenemos que ser muy cautelosos. No podemos dejar
nada librado al azar. Si recomendamos remoción es preciso que el
dictamen no tenga fisuras. De lo contrario, los que perdemos somos nosotros”.
“Motivos para removerlo hay. Existió falta de control, negligencia
y una marcada preferencia por el Banco República”, dijo uno
de los legisladores quien hasta hace unos días era uno de los más
duros contra el funcionario, pero en consonancia con sus pares agregó:
“Tenemos que ser muy estrictos en nuestros conceptos, por eso demoramos”,
advirtió.
Hasta que llegó el frío la comisión venía
trabajando con cierto entusiasmo. Se habían organizado de tal forma
que cada uno se había “especializado” en algún
tema. Por ejemplo, Raúl Baglini se concentró en lavado de
dinero y Víctor Peláez, en los procesos de cierre de los
bancos Patricios, Mayo y República. Cada uno tenía el compromiso
de hacer una síntesis de lo investigado. Algunos de ellos ya cumplieron;
otros no lo hicieron por diversos motivos. Baglini, por caso, vio demorada
su tarea debido al necesario protagonismo que tuvo durante la defensa
de la ley que le otorgó poderes especiales al ministro Cavallo,
el hombre con quien se enfrenta en al menos cuatro causas en la Justicia.
En cuanto a quién será el responsable de la redacción
final, hay dos versiones. Una de ellas dice que la redactará la
comisión en su conjunto. Pero es poco probable, ya que todo indica
que no habrá dictamen único. Para los miembros radicales
de la comisión es casi un hecho que el único justicialista
que participa, el senador Carlos Verna, no acompañará un
dictamen de remoción. La otra versión dice que el encargado
de redactar el dictamen por la mayoría sería un jurista
y operador político de extrema confianza del titular de la UCR,
Raúl Alfonsín, y que ya tiene en su poder con los primeros
escritos.
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