Por Adriana Meyer

Antonio Erman González, Guido Di Tella y Oscar Camilión, los tres ex ministros de Carlos Menem, además del general Martín Balza y otros ex funcionarios están muy cerca del juicio oral y público por su responsabilidad en el escándalo de la venta ilegal de armas a Croacia y Ecuador. La Cámara Federal confirmó ayer los procesamientos que había dictado el juez federal Jorge Urso. Pero además agravó la situación de Balza y, debido a que le dictó falta de mérito, el juez deberá seguir investigándolo como presunto jefe de una asociación ilícita. También empeoró la posición de Camilión y Di Tella. Los camaristas de la sala II afirmaron que “el origen de las maniobras en cuestión no habría sido Fabricaciones Militares (FM) sino que las decisiones habrían partido desde niveles superiores del Estado” y ordenaron al juez Jorge Urso que llame a declaración indagatoria a “los funcionarios responsables de tomar tales determinaciones” bajo el cargo de asociación ilícita. Menem y Domingo Cavallo, también firmantes de los decretos secretos que posibilitaron la maniobra, habían quedado afuera del caso, hasta ahora.
Como lo habían hecho en 1998, los camaristas insistieron en que la investigación debe encaminarse “hacia aquellos sujetos con nivel decisorio capaz para organizar y ejecutar cuestiones de esta trascendencia”, ya que “resulta difícil aceptar que hayan ocurrido merced a la grosera impericia de ciertos funcionarios públicos”. Y sugirieron que Urso profundice la pesquisa en torno del empresario Emir Yoma y del traficante de armas sirio Monzer Al Kassar. Consultado por Página/12, Ricardo Monner Sans, autor de la denuncia que originó el caso, opinó que “los camaristas Horacio Cattani, Martín Irurzun y Eduardo Luraschi volvieron a darle aire a esta causa que parecía terminar en personajes menores, y abren la esperanza de profundizar la investigación y llegar a la indagatoria de Menem y Cavallo”. El abogado consideró que la resolución “tiene una lectura política muy dura que agravó la situación de los imputados”.
Según el fiscal Carlos Stornelli, el general Martín Balza encabezó una asociación ilícita entre miembros del Ejército y del gobierno de Carlos Menem para permitir la salida de 6500 toneladas de armas y municiones a Ecuador y Croacia entre 1991 y 1995. En la banda estarían incluidos el ex interventor de Fabricaciones Militares Luis Sarlenga y su mano derecha, el coronel Edberto González de la Vega. Ayer la sala II los procesó por ese delito junto a los ex funcionarios de FM Teresa Irañeta de Canterino, Carlos Franke y Jorge Cornejo Torino. Pero a Balza le dictó la falta de mérito.
“No puede sostenerse que tanto Balza como (el ex jefe del Estado Mayor del Ejército Raúl) Gómez Sabaini ignoraran las gestiones que se estaban llevando a cabo en el ministerio del cual dependían, más aún teniendo en cuenta que el Ejército había ya tenido noticias sobre la presencia de armas argentinas en Croacia”, indicaron los camaristas. Según ellos, Balza también participó en la falsificación del convenio entre FM y el Ejército para intercambio de material bélico porque, si bien no lo firmó, su intervención se encuentra probada a partir de las declaraciones de Camilión. “Lo suscribieron Sarlenga y Gómez Sabaini y yo le presté conformidad a solicitud del general Balza”, declaró el ex ministro.
Di Tella estaba procesado por ocultar a la Justicia un cable del embajador argentino en Perú quien, en febrero de 1995, había recibido una advertencia peruana sobre el desvío de armas a Ecuador. La Cámara complicó su situación al procesarlo por su participación en la falsedad ideológica de los decretos 1697/91, 2283/91, 103/95, “que sirvieron de cobertura para las ilegales exportaciones de material bélico” y autorizaron envíos a Panamá y Venezuela cuando el verdadero destino fue Croacia y Ecuador. “Ninguna explicación ha logrado esclarecer por qué, en un período de tres meses, Di Tella avaló las ventas de armamento a un país ocupado militarmente por los Estados Unidos desde 1989”, indicó el tribunal enreferencia al caso Panamá. Destacó, además, la “trascendencia internacional que las ventas de armas implicaban”, ya que fueron enviadas a Ecuador y Croacia, en abierta violación a los embargos dispuestos por la ONU.
Erman González estaba procesado por falsear el contenido de los decretos que en 1991 pusieron en marcha la maniobra. Para la Cámara es “inadmisible que el ex ministro haya permanecido ajeno a todos los detalles de los trámites que se fueron gestando”. Sin embargo, el ex funcionario se mostró feliz porque consideró que el fallo mejora su situación al dictarle la falta de mérito respecto al decreto de venta de armas a Bolivia. Su sucesor, Oscar Camilión, ya estaba procesado por incumplimientos de los deberes de funcionario y ahora lo está por falsedad ideológica.
Urso deberá analizar con más detalle el aspecto económico del caso. En la resolución los camaristas ordenaron “profundizar la pesquisa” en torno de la “vinculación existente entre (la empresa fantasma) Daforel y Elthan Trading Co”, especialmente porque Muhammad Yalal Nacrach, sobrino de Emir Yoma “era el presidente y único director de la sociedad durante el período” en que se produjeron los envíos de armamento. Por eso, pidieron una ampliación de la declaración de Nacrach. Y encomendaron a Urso “extremar recaudos” para corroborar, a través de su colega suizo Laurent Kasper Asserment, la afirmación de un testigo que sindicó al sirio Monzer Al Kassar como “eslabón principal de la venta ilegal de armamentos”. Y dispuso intimar al Banco Central a aportar información vinculada a los movimientos de dinero detectados en las operaciones.

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