Por Horacio Verbitsky

Hicieron falta veinticinco años para que el Ejército reconociera que en Margarita Belén sus tropas produjeron un alevoso fusilamiento de detenidos políticos. Lo hizo a través de su Jefe de Estado Mayor, Ricardo Brinzoni, en un reportaje publicado en el diario Norte de Resistencia, la capital del Chaco. Brinzoni también admitió la responsabilidad del Ejército en el terrorismo de Estado que rigió a partir del golpe militar de 1976. “Aquel hecho de Margarita Belén es uno de los muchos episodios penosos y lamentables frente a los cuales la institución va a asumir la responsabilidad que le compete”, dijo.
Una lectura rápida podría adscribir su confesión a la línea iniciada por su antecesor Martín Balza. La diferencia es que Balza nunca fue imputado por ningún acto de la guerra sucia. Brinzoni, en cambio, era secretario general de la gobernación del Chaco cuando ocurrió lo que ahora define como “un fusilamiento encubierto” y el Centro de Estudios Legales y Sociales ha anunciado que prepara una denuncia que presentará ante la justicia federal de Resistencia.
Brinzoni dijo que durante años creyó en la versión oficial, hasta que en 1980 escuchó “comentarios sobre lo realmente ocurrido”, inició una investigación privada y descubrió que “aquello fue un fusilamiento encubierto de detenidos que estaban en la U.7, los que fueron disimuladamente trasladados y eliminados durante el viaje”. Por cierto se abstuvo de comunicar en qué consistió esa indagación personal, quiénes fueron los responsables que identificó y qué actitud siguió una vez establecida la verdad.
Esto es así porque más que conducir al Ejército, Brinzoni se dedica a preparar su defensa personal. Numerosos testimonios de funcionarios y empleados del gobierno chaqueño indican que el mismo día de la masacre ni los ministros civiles ni los militares de la guarnición ignoraban lo que Brinzoni dice haber descubierto mucho después. Su notable reportaje equivale a una confesión de que acompañó al coronel Oscar José Zucconi, que comandaba el Grupo de Artillería 7, en el preciso momento en que se elaboró el engaño a la sociedad. Brinzoni dijo que si la Justicia lo cita va a concurrir”para aportar todos los datos que tenga”. Cada vez que habla, complica más su situación. Como mínimo es la de un encubridor que sabía y calló pero tal vez también sea la de un partícipe, en grado que la Justicia deberá determinar. Cuando el día llegue, tendrá que buscar mejor asesoramiento.
Sobre sus funciones de entonces dijo que habían sido “netamente administrativas y estrictamente pasivas” y “al margen de las responsabilidades militares”, por lo cual no fue mencionado en las investigaciones legislativas y judiciales. Las pruebas que el CELS ha recogido y aportará a la causa demostrarán la inconsistencia de esta pretensión. Además, ya como Jefe de Estado Mayor, y según su propia aritmética diez años después de haber conocido la verdad, Brinzoni insistió ante el Senado para que aprobara el ascenso del teniente coronel Aldo Héctor Martínez Segón, alias Chancaca, quien fue procesado por su intervención en la masacre y quedó en libertad sólo gracias a la ley de obediencia debida. Le otorgó así la protección del cómplice.
Según Brinzoni, las denuncias del CELS, que atribuye a inquina de su presidente, obedecen a que “aquel discreto capitán de 1976 hoy es el jefe del Ejército Argentino. Me atacan solamente por la posición que ocupo hoy y no por otra causa”. Brinzoni sabe mejor que nadie que eso no es cierto, porque el CELS se lo dijo en la respuesta al recurso de hábeas data. El facsímil que se reproduce en esta página corresponde a una publicación del diario «La Razón» del 28 de diciembre de 1984. En ella el presidente fundador del CELS, Emilio Mignone dice que los tenientes coroneles Oscar Angel Bianchi y Athos Gustavo Renes y el mayor Ricardo Guillermo Brinzoni«participaron directamente en la masacre, ya que formaban parte del grupo que trasladó a los detenidos desde la cárcel de Resistencia para llevarlos, supuestamente a la Unidad 7 de Formosa, pero como se sabe nunca llegaron». Brinzoni era entonces un ilustre desconocido, lo cual descalifica su interpretación, que le hizo repetir al ministro de Defensa, cuando Horacio Jaunarena aún no conocía este antecedente. Es improbable que el ministro le agradezca ese innecesario paso en falso.
Pese a sus protestas de acatamiento a la Justicia, Brinzoni no se privó de cuestionar una vez más la nulidad de las leyes de punto final y de obediencia debida dispuesta por el juez federal Gabriel Cavallo. “Hay quienes desafortunadamente quieren seguir viviendo anclados en el pasado. ¿Por qué seguir insistiendo en cargar con mochilas del pasado?Cargar con culpas del pasado nos tira hacia atrás, nos lleva permanentemente a mirar hacia aquellos años tan lamentablemente vividos y nos quita fuerzas para encarar el futuro. Hay otra cosa: de ese pasado todos somos de alguna manera responsables y copartícipes”.
El Jefe de Estado Mayor no ha advertido que él es la insoportable mochila que pesa en la espalda de los jóvenes oficiales del Ejército, que no fueron ni responsables ni copartícipes de aquellos hechos horrendos que él protagonizó. Es Brinzoni quien no tiene fuerza para mirar el futuro, porque sus pies están hundidos en aquel fangal. En sus ansiosos movimientos por impedir que lo trague intenta arrastrar a todos los oficiales detrás de sí. Por eso volvió a insistir con la creación de un foro o un espacio de diálogo “donde todo aquel que tenga algo que decir sobre el tema de los desaparecidos y violaciones a los derechos humanos lo diga con tranquilidad, sin temores, sin pasiones y con objetividad”. Para ello haría falta que no hubiera condena social ni castigo penal, agregó. Es otra falacia: desde el indulto de 1990, la posibilidad de persecución penal estuvo cerrada y, sin embargo, nadie del Ejército aportó un solo dato útil, ni siquiera cuando Balza les prometió en 1995 que podrían hacerlo en forma confidencial. Y cuando el juez Adolfo Bagnasco y el fiscal Miguel Osorio allanaron el Estado Mayor y de acuerdo con el plano que les entregué llegaron a la cintoteca de inteligencia, el Ejército se rehusó a facilitar los códigos que hubieran permitido leer la información sobre los desaparecidos que contenía.
Rechazada por los organismos de derechos humanos y sin el respaldo del gobierno nacional, que no desea involucrarse en esta jugada privada de Brinzoni, la mesa de diálogo con la que el jefe del Ejército intenta sustituir la acción de la Justicia sólo cuenta con un guiño de aprobación de algunos legisladores justicialistas, como Miguel Toma, Alicia Pierini y Mario Cafiero, y de los restos de la desprestigiada conducción montonera que por esa vía aspiran a una nueva edición de los quince minutos de fama de la metáfora de Andy Warhol.
El molde hipócrita y santurrón que produjo al ex dictador Jorge Videla sigue en uso. Si el discreto y pasivo Brinzoni, con sus buenos modales y su tono de violencia apenas contenida quisiera entablar en serio alguna forma de diálogo con la sociedad, podría empezar por decir de qué modo el apoderado del partido nazi Nuevo Triunfo, Juan Enrique Torres Bande, llegó a ser su abogado de confianza, quiénes son los oficiales que lo introdujeron en el Ejército y qué sanciones se les aplicaron. Para seguir debería explicar por qué promovió al puesto más alto del escalafón profesional de Sanidad al general Félix Juan Domínguez, quien tuvo a su cargo a partir de 1978 el sector de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo, donde las mujeres detenidas-desaparecidas esperaban maniatadas y encapuchadas el momento de parir hijos que serían entregados a familias militares según una lista de espera, mientras ellas eran asesinadas. Ya no importa demasiado lo que el Jefe de Estado Mayor diga sobre estos hechos porque será la Justicia la que se encargue deDomínguez, y de él mismo, por más que Brinzoni dialogue con las mesas, que es lo único que va quedando de su plan.

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