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Por
Laura Vales
 La
investigación sobre los planes Nuevos Roles Laborales que terminaron
en manos de dirigentes y militantes de Franja Morada provocó ayer
la primera renuncia. El funcionario del Ministerio de Trabajo Marcelo
Di Stéfano dejó su cargo entre amargas quejas de haber sido
“objeto de una operación política”. Di Stéfano,
un abogado treintañero y ex militante de Franja Morada, no corre
ningún peligro de convertirse en un desocupado: todo indica que
volverá a ocupar una oficina como empleado jerárquico de
la Universidad de Buenos Aires, donde gozaba de licencia. En el Gobierno
dicen que su apartamiento no va a ser el único. Un alto funcionario
de la Ciudad de Buenos Aires y otro de Nación dijeron a este diario
que la continuidad de Rafael Veljanovich como subsecretario de Promoción
Social porteño también quedó en la cuerda floja por
el avance de la pesquisa, y que su alejamiento de la función pública
sería “cuestión de horas”.
La situación de Di Stéfano era particular. Fue nombrado
en enero pasado como Director Nacional de Capacitación Laboral,
cargo que lo colocó al frente de un área que maneja planes
similares a los Nuevos Roles Laborales, pero dentro del ministerio nacional
que conduce Patricia Bullrich.
Los Nuevos Roles no pertenecen al ámbito de la Nación sino
al municipal. Pero Di Stéfano quedó ligado al escándalo
por otros factores; el principal es que fue abogado representante de Amigos
de los Espacios Verdes, una de las ONG más beneficiadas por el
programa bajo investigación y en la que ya se descubrieron gravísimas
anomalías.
En segundo lugar, casi toda su familia apareció mencionada en la
denuncia judicial. Su padre Carlos, por ejemplo, que era asesor de Rafael
Veljanovich, fue señalado como quien conseguía personas
que no eran desocupadas (pero fingieron serlo) para inscribirlas como
beneficiarios de planes de 200 pesos mensuales. Ese fue el caso de Natalia
Gutenmayer, la joven (ex) jefa de prensa de Veljanovich que se convirtió
en la primera beneficiaria trucha en contar cómo se había
armado el negocio.
Para las ONG, dicen los investigadores, la ganancia mayor provenía
del dinero que la municipalidad les entregaba para ejecutar cada programa
de capacitación, es decir para pagar a los docentes y cubrir gastos
varios. La sospecha es que muchos de estos cursos en realidad nunca se
hicieron y algunas de las personas que fueron inscriptas en ellos ya revelaron
que la ONG se quedaba con una parte de los 200 pesos que les correspondían
como asistencia por estar desempleados.
Además del rol cumplido por el padre de Di Stéfano, tres
de los hermanos de Marcelo se anotaron y cobraron estos programas, a pesar
de que estaban lejos de pertenecer de una familia “en situación
de vulnerabilidad”, y de que la ley prohíbe que se nombre
a más de un integrante de un mismo grupo familiar como beneficiario.
Ayer, en la carta de renuncia que le escribió a Patricia Bullrich,
el (ex) funcionario admitió haber sido abogado de Amigos de los
Espacios Verdes y dio a entender que desconocía lo que hicieron
sus familiares directos. Intentó mostrarse como “objeto de
una operación política” y subrayó que tiene
la “certeza” de que no pesa sobre él ninguna “imputación
jurídica”.
Pero fuentes judiciales confirmaron que es uno de los “involucrados”
en la causa. “Su grado de participación en los hechos todavía
no está definido, pero sin duda está bajo investigación”,
resumió a Página/12 un funcionario con acceso al expediente.
Simultáneamente a la renuncia de Di Stéfano, los principales
dirigentes de Franja Morada hicieron declaraciones públicas de
contenido notablemente diferente a la reacción que habían
tenido tras la difusión pública de la denuncia penal, cuando
repudiaron a su autora, la defensora del Pueblo Alicia Oliveira, por haber
vinculado el nombre de la FUBA a las maniobras detectadas. Entre otras
cosas, las principales cabezas de Franja informaron que pidieron la renuncia
de todos los integrantes de su agrupación involucrados en el caso
(ver aparte). También admitieron, por primera vez, la necesidad
de “asumir el debate de cómo se financia la actividad política”.
La autocrítica no refleja una posición monolítica
dentro de la fuerza universitaria, sino que sale de los dirigentes universitarios
de mayor peso y a la vez distanciados del liderazgo de Rafael Veljanovich.
El actual subsecretario de Promoción Social porteño fue
presidente de la FUBA y de la FUA antes de convertirse en funcionario.
Los militantes de Franja con cargos en el gobierno de la Universidad a
quienes se descubrió como beneficiarios del Nuevos Roles pertenecían,
en su gran mayoría, a su corriente interna.
Los
pobres de Arroyo
Guillermo
De Maya fue presidente de la Federación Universitaria de Buenos
Aires (FUBA) durante el año pasado y es uno de los dirigentes
de Franja Morada que aparecen vinculados al manejo irregular del Plan
Nuevos Roles Laborales. En su caso, es uno de los socios fundadores
de una de las ONG favorecidas con un alto número de programas.
Ayer De Maya admitió que “por supuesto” conoce a
las personas denunciadas por haber recibido los planes destinados
a familias carenciadas y reveló incluso que “en el listado
hay gente que vive en la calle Arroyo, tercer piso a la calle”,
es decir en una zona de alto poder adquisitivo. En declaraciones radiales,
De Maya aseguró que Franja ya “expulsó e inhabilitó
a todos aquellos que tuvieron beneficios”. |
OPINION
Que
se investigue a fondo
Por
Franja Morada (Mesa Nacional) (*)
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La Franja
Morada es una agrupación estudiantil que desde hace más
de treinta años viene realizando su aporte en la defensa
y consolidación de la Universidad Pública en la Argentina.
Desde siempre inspiró su accionar en la Reforma Universitaria
de 1918, que liberó a los claustros de la vieja tradición
monástica y los abrió a las nuevas mayorías,
así como en los valores éticos y republicanos del
partido radical. En los años setenta, junto a la Juventud
Radical alzó su voz en defensa de la paz, la vida y la democracia.
En las postrimerías de la dictadura inició la reconstrucción
del movimiento estudiantil. Ya en democracia, impulsó la
normalización de las universidades, la revisión de
los concursos docentes de la dictadura y la lucha por los derechos
humanos. Desde entonces preside por decisión de los estudiantes
la Federación Universitaria Argentina, habiendo conducido
con éxito al movimiento estudiantil durante la década
de resistencia al menemismo.
La Franja Morada es, sin riesgo a equivocarnos, una de las organizaciones
políticas juveniles más importantes del mundo; por
su extensión geográfica, por su permanencia en el
tiempo, por la coherencia de su accionar. En cada ciudad del país
en la cual hay universidad pública hay Franja Morada, de
Ushuaia a La Quiaca, de la cordillera hasta el mar. Donde hay Franja
Morada hay estudiantes aferrados a la utopía de la universidad
del pueblo, sólo realizable en un país pensado para
todos.
Que la política estudiantil no insume millones es un secreto
a voces. Que nuestra agrupación se financia, cuando no del
bolsillo de sus militantes, de su vínculo orgánico
con la Unión Cívica Radical (y por lo tanto de sus
aportes legales), tampoco. Sin embargo ello no nos exime de la posibilidad
de acciones individuales que no sólo provocan nuestro repudio,
sino que además desmerecen el esfuerzo desinteresado de cientos
de militantes de todo el país.
Cuando escuchamos denuncias que involucran a integrantes de nuestra
agrupación, sólo podemos reclamar que se investigue
a fondo hasta el total esclarecimiento de los hechos. Y como siempre
brindarle nuestro apoyo y respeto a quienes tienen la obligación
de investigar y hacer justicia. Solo así podremos continuar
con nuestra lucha de todos los días, en cada aula, en cada
universidad, en los centros, en los consejos, junto a los estudiantes
y junto al pueblo. Somos conscientes además que en un país
agobiado por una crisis política y social sin precedentes,
la juventud se transforma muchas veces en la reserva ética
y moral de la sociedad, en la esperanza de un futuro mejor. Pedimos
disculpas a la gente por poner en duda esa ilusión y nos
comprometemos a apartar de nuestra agrupación a quienes resulten
responsables.
Creemos en la política como herramienta de transformación
social y estamos convencidos de la necesidad de su transparencia.
Creemos por ello que hay que dar una batalla sin cuartel al flagelo
de la corrupción que carcome nuestras instituciones. La corrupción
siempre es inmoral, pero lo es aún más cuando se utilizan
planes destinados a personas de bajos recursos. Ante esta situación,
el rol de una Justicia independiente resulta fundamental aunque
no único. Es necesario además dar un debate a fondo
sobre el financiamiento transparente de la política a partir
de la reivindicación de ésta y no en su detrimento.
A lo largo y a lo ancho del país, éste también
es nuestro compromiso.
* Hernán
Rossi (secretario General) Mariano Sein y Marcelo Guouman (secretarios
Adjuntos)
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