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La
Legislatura porteña se aprestaba a aprobar esta madrugada la disolución
de los Tribunales Municipales de Faltas y su reemplazo por un cuerpo de
verificadores o controladores de infracciones. Todo indicaba, al cierre
de esta edición, que el proyecto enviado por el jefe de Gobierno,
Aníbal Ibarra, sería aprobado por una mayoría ajustada
y con algunas modificaciones. La más importante: los controladores
–funcionarios encargados de determinar la validez de las actas de
infracción– serán designados transitoriamente por tres
años, para luego ser nombrados por concurso. Para una futura sesión
quedaron los otros dos proyectos que reforman el régimen de faltas
porteño en materia de tránsito: el que aumenta las velocidades
máximas en algunas calles y avenidas, y el que recorta los montos
de algunas multas.
El debate legislativo, previsto en principio para las 12, se inició
seis horas después, producto de las negociaciones y modificaciones
al texto original. Aunque ninguno de los proyectos en discusión
alude al sistema de multas fotográficas, el tema surcó el
discurso de casi todos los expositores, estuvieran a favor o en contra
de la disolución de la Justicia de Faltas.
La Alianza había conseguido los votos de los diputados cavallistas
(Acción por la República), de algunos justicialistas como
Juliana Marino y Alicia Pierini, entre otros, y de los bloques unipersonales
de Julio Crespo Campos, Ricardo Busacca y Jorge Giorno. En cambio, se
opusieron los diputados de Encuentro por la Ciudad, la mayoría
del Frente Justicialista y los diputados de la izquierda.
La ley que se aprobaba esta madrugada dispone el cese de la Justicia Municipal
de Faltas y de los jueces de primera y segunda instancia que allí
se desempeñan, que serán indemnizados o reubicados en otras
funciones dentro del gobierno porteño, según lo disponga
el Ejecutivo.
En su reemplazo, se pone en funcionamiento una Unidad Administrativa de
Control de Faltas, un cuerpo integrado por abogados que tendrán
la función de declarar la validez o no de las actas y determinar
el monto y la forma de pago de la multa, que podrá hacerse en cuotas.
Esta instancia es previa a la intervención de la Justicia Contravencional
y de Faltas, a la que podrá recurrir el infractor que no acuerde
con la pena impuesta.
“Los controladores serán abogados con cuatro años de
ejercicio, que en principio serán designados por el Ejecutivo pero
con la intervención de veedores externos, para garantizar la transparencia.
Durarán un plazo máximo de tres años y luego se designarán
por concurso”, explicó a Página/12 la diputada Vilma
Ibarra (Alianza). “Nuestra propuesta es que estos controles funcionen
de manera descentralizada, en los barrios, para que la gente no se tenga
que trasladar al centro”, agregó la legisladora.
Mientras se conforma esta Unidad, habrá un período de gracia
de 30 días, prorrogable por otros 15, en el que quedará
suspendido el tratamiento de las faltas: en ese lapso sólo se admite
el pago voluntario, salvo para casos de violación de luz roja o
exceso de velocidad que supere en un 50 por ciento el límite máximo.
El que quiera protestar una multa deberá esperar la constitución
del nuevo organismo.
Como en la actualidad la Justicia Contravencional está conformada
sólo por cuatro jueces de primera instancia y cuatro camaristas
en comisión, el cuello de botella podría ser mayor allí
que el que se produce actualmente en los 17 juzgados de Faltas. El oficialismo
confía, sin embargo, en que la designación de 30 nuevos
jueces Contravencionales y de Faltas, prevista para octubre, llegue a
tiempo para resolver el conflicto.
En principio, el bloque de Encuentro por la Ciudad intentó discutir
la reformulación del sistema de multas fotográficas, pero
no lo consiguió. Luego, se opuso a la disolución del tribunal
de Faltas por considerar esa medida “como una represalia contra los
jueces que dictaron un fallo en contra del gobierno”, según
argumentó Lucio Ponsa Gandulfo. Se refería al fallo de la
Cámara de Faltas, que hace dos semanas declaró nulas las
actas fotográficas. Idéntica posición expresó
el titular del Bloque Justicialista, Eduardo Valdés: “Hace
unos meses, el gobierno quería nombrar más jueces de Faltas
y ahora los deja cesantes. Si dicen que están sospechados de irregularidades
¿por qué no les iniciaron un sumario administrativo?”.
Desde el oficialismo, el diputado Roque Bellomo argumentó que la
creación del nuevo cuerpo “va a contribuir a agilizar la atención
de la gente y, a la vez, le va a dar mayor certeza jurídica al
sistema”.
Los diputados de la Izquierda se opusieron al proyecto al interpretar
que “lo que está en juego no es el ordenamiento del tránsito
sino un negocio privado con participación en las ganancias de la
ciudad”, según expresó Echegaray.
Un párrafo aparte merece el voto de la justicialista Alicia Pierini:
pese a que cuestionó duramente al gobierno por no prever el colapso
de la Justicia de Faltas, “a la que se convalidó durante cinco
años”, se hizo cargo del ambiguo destino otorgado a esos jueces
por la Asamblea Constituyente y la Legislatura, que la legisladora integró.
“Apoyo la solución elegida por el gobierno, haciendo las críticas
que corresponden”, concluyó.
DESCONCIERTO
DE LOS INFRACTORES EN EL TRIBUNAL
“Mejor
venga en treinta días”
 No
sólo había terminado el horario de atención,
algunas de las informaciones (de pasillo) lo habían decretado
muerto. “Le digo que vuelva en treinta días”,
le sugería una empleada al infractor emperrado en el mostrador
del juzgado. “Pero a mí esto me vence mañana”,
imploraba él cada vez más desesperado ante los rumores
del cierre del Tribunal de Faltas porteño. Ni el joven
infractor, ni la mujer ni los jueces consultados por este diario
sabían hasta cuándo iban a seguir atendiendo o acudiendo
a las ventanillas por infracciones del tránsito. Mientras
en la Legislatura discutían el cierre, la trasformación
y la eventual feria de treinta días para la reestructuración
del sistema, en los pasillos del tribunal los más combativos
pensaban estrategias para sumarle hasta un recurso de amparo que
demore la intrincada agonía de la justicia de Falta.
Las sugerencias de la empleada se extendieron a lo largo de diez
minutos. Primero recomendó la espera de treinta días.
Más tarde explicó las ventajas: “Porque a lo
mejor –le decía– resulta que sacan la multa para
esa infracción”. El sujeto no entendía, y desconfiaba:
“Acá dice que me ponen el cien por ciento de aumento
si lo pago vencido”. Ante la obstinación, ella desafió:
“Mirá, si vas a pagar ahora te lo van a cobrar: acá
cada juez tiene su librito”.
Probablemente, el joven no lo sabía pero en esos momentos
comenzaba a discutirse en la Legislatura la eliminación
del Tribunal y el cambio de las multas e infracciones por exceso
de velocidad. La empleada le explicó algo de eso hasta
que, una vez más, el joven volvió a interrumpirla.
Esta vez preguntaba si la nueva disposición tendría
carácter retroactivo: “¡A mí ya me condenaron!”,
insistía.
Lo cierto es que buena parte de estas preguntas, volvieron a repetirse
en los despachos de los jueces y frente a las ventanillas de pago.
Mientras algunos iban directamente al pago voluntario, otros se
preguntaban qué pasaría si en los próximos
treinta días de feria, alguien necesitara, por ejemplo,
un libre deuda para un trámite. “Eso mismo nos preguntamos
nosotros”, terminó replicando uno de los funcionarios
más antiguos del Tribunal. Con más de treinta años
allí adentro, tradujo rápidamente la sensación
general: “Bronca, eso tenemos, bronca –repetía-:
yo no sé dónde voy a ir mañana, ni pasado”.
Aunque no sabe hasta cuándo podrá entrar a su oficina,
al menos prefiere no darle trascendencia a lo que va recogiendo
en los pasillos. “El viernes cuando nos íbamos dijeron
que hoy (por ayer) no entrábamos: iban a cambiar todas
las cerraduras de las puertas”. No sólo entraron,
además atendieron, cobraron y, muchos, perdonaron buena
parte de las multas de los que fueron a reclamar. “Si vienen
con unas cinco que suman mil pesos, terminamos cobrándoles
una o dos”, explicaba dando cuenta del criterio seguido por
una fracción de los jueces, aunque no de todos.
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UN
DEBATE SOBRE LOS CAMBIOS EN LAS MULTAS
¿Un
beneficio al infractor?
Por
Pedro Lipcovich
“El
proyecto de cambiar el régimen de faltas de tránsito en
la Ciudad de Buenos Aires sólo beneficia a los infractores”,
según un experto en seguridad vial. En cambio, para la directora
de Seguridad Vial del Gobierno de la Ciudad, “los conductores, ante
la decisión del Gobierno de controlar y hacer efectivas las multas,
empiezan a respetar las normas”. Este intercambio de ideas se da
sobre un fondo bien real: 300 muertos por año en accidentes de
tránsito, de los cuales, según la propia autoridad comunal,
más de 200 salvarían sus vidas si el nivel de seguridad
vial fuese equivalente al de otras capitales. Esta masacre silenciosa
configura una “situación de emergencia” y muestra que
“somos una sociedad caníbal”, según admitió
la responsable del área.
“Hemos caído en legislar para beneficiar al infractor”,
sostuvo Eduardo Bertotti, titular del Instituto de Seguridad y Educación
Vial (ISEV). El especialista no acuerda con el aumento de la velocidad
máxima permitida en autopistas y avenidas: “Una velocidad
de 60 kilómetros por hora equivale a 16,6 metros por segundo; 70
por hora son ya 19 metros por segundo, demasiado para los tiempos de reacción
del conductor y las propiedades de frenado del vehículo. En Nueva
York, París, Madrid, en ninguna ciudad importante se admiten máximas
superiores a 60 por hora en avenidas”.
El titular del ISEV tampoco acuerda con la reducción de los montos
de las multas: “Es darle a la sociedad un contramensaje: ‘Viole
las normas, porque las multas son más baratas’. A su juicio,
“la legislación propuesta se basa en escuchar una voz muy
parcial, que es la del infractor. El ciudadano común no se ha podido
expresar. Los ciudadanos que veíamos protestando por la tele estaban
en la cola de infractores, ellos se quejaban pero ¿habían
cometido o no la infracción?”.
Es que, según Bertotti, “esta tendencia responde a una especie
de discurso social histérico: cuando se difunden muertes por accidentes
de tránsito, se eleva un clamor para que haya más sanciones,
más rigor; pero cuando efectivamente, con todos los errores que
puedan producirse, se intenta un mayor rigor, pareciera que la sociedad
pide lo contrario”.
Para Bertotti “lo más riesgoso de la legislación propuesta
es que, en caso de pago voluntario y para ciertas faltas, no quedan registrados
antecedentes para el infractor: si se reducen las multas, si se facilita
la comodidad en el pago y si se eliminan los antecedentes, el infractor
que esté en buena posición económica prácticamente
no tendrá sanción. Se pierde la función preventiva
y disuasoria de la multa y se genera, ahora sí, un sistema netamente
recaudador”.
En cambio Leticia Piris, directora de Seguridad Vial de la Ciudad de Buenos
Aires, aseguró que “los cambios propuestos no están
pensados para beneficiar al infractor”. El aumento en las velocidades
máximas “obedece a estudios de flujo y frecuencia del tránsito,
a partir de quejas de los usuarios”. En cuanto a la reducción
en los valores de las multas, se justificaría “porque la gente,
ante la decisión del gobierno de controlar y hacer realmente efectivas
las multas, empezó a acostumbrarse a circular respetando las normas.
Hay un mínimo porcentaje que desafía la norma, y para que
sea cada vez menor hay que seguir con el control y la educación”.
–Pero, ¿el comportamiento vial de la mayoría de los
conductores porteños es suficientemente responsable? –preguntó
Página/12 a la funcionaria.
–En la Ciudad de Buenos Aires, el perfil del conductor es trasgresor;
hay poco apego al cumplimiento de la norma y descreimiento en la autoridad
del organismo a cargo de aplicarla, la Policía Federal; a partir
de una historia donde se suponía que no hay riesgo en incumplir
la norma porque son escasas las posibilidades de una sanción efectiva,
pasó a regir la ley del más fuerte. Actualmente estamos
en una situación de emergencia: matamos 300 personas por año
en accidentes de tránsito. Con la misma superficie y la misma proporción
de vehículos que Roma, matamos cuatroveces más gente. En
materia de tránsito, somos una sociedad caníbal -admitió
la directora de Seguridad Vial porteña.
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