|
 La jueza María Servini
de Cubría dispuso ayer la detención del capitán de
fragata Jorge Luis Magnacco, por su presunta responsabilidad en el robo
del nieto de Rosa Roisimblit, vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo.
Magnacco trabajó como ginecólogo en la ESMA durante la última
dictadura militar y fue denunciado por las Abuelas por haber asistido
en el parto a Patricia Roisimblit, hija de Rosa, el 15 de noviembre de
1978. El bebé fue entregado al integrante de un “grupo de
tareas” de la Fuerza Aérea que actualmente está preso
junto a su esposa. Ayer fue el turno de Magnacco. “Me parece muy
justo que aquel que cometió un delito sea juzgado. Es una oportunidad
que ellos tienen y que nuestros hijos no tuvieron”, dijo a Página/12
Roisimblit.
Jorge Luis Magnacco fue detenido ayer luego de declarar ante Servini de
Cubría, quien lo indagó bajo cargos de sustracción
y ocultamiento de menor, supresión de estado civil y falsificación
de documento público. Según revelaron fuentes judiciales,
Magnacco reconoció haber atendido a prisioneras de la dictadura
en la maternidad de la ESMA. Después de declarar, Magnacco fue
trasladado a la Prefectura Naval, donde quedó detenido.
Patricia Julia Roisimblit y José Manuel Pérez Rojo estaban
casados. José fue secuestrado en un comercio de Martínez
el 6 de octubre de 1978 por un grupo de personas que dijeron pertenecer
a la división “defraudación y estafa”. Ese mismo
día, los represores se llevaron de su casa a Patricia, que estaba
embarazada de ocho meses. La hija mayor del matrimonio, Mariana, que tenía
15 meses, fue entregada a una familia paterna.
En 1981, la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo se contactó
en Ginebra con ex detenidas de la ESMA que tenían datos sobre quince
partos clandestinos ocurridos en aquel centro de detención. Sus
testimonios permitieron acreditar que su hija Patricia había dado
a luz el 15 de noviembre de 1978, asistida por Magnacco.
Rodolfo Fernando Pérez Rojo, el chico nacido en cautiverio, tiene
hoy 22 años y pudo conocer a Roisimblit y a su otra abuela, Argentina
Pérez, después de que en abril del año pasado un
llamado anónimo a la sede de Abuelas se refirió a la participación
de Francisco Gómez, el apropiador, en un grupo de tareas de inteligencia
de la Fuerza Aérea y en los vuelos de la muerte, y de su supuesto
hijo, que en realidad era hijo de una mujer a la que habían secuestrado
y matado. Quien recibió la denuncia fue Mariana, la otra hija del
matrimonio desaparecido. El análisis de ADN determinó que
el chico era hijo de Patricia Roisimblit y José Pérez Rojo
y sus apropiadores se encuentran hasta hoy detenidos.
Ayer fue el turno de Magnacco, quien antes de quedar preso declaró
varias horas frente a Servini de Cubría. Según revelaron
fuentes judiciales, reconoció que él atendió unos
quince partos en la ESMA y que entregó a los bebés. Servini
ordenó su detención en el marco de la causa en la que se
investiga el plan sistemático de robo de bebés que operó
durante la última dictadura militar. En esa época, Magnacco
se desempeñaba como ginecólogo en la ESMA, pero no fue el
único que presenció el parto de Patricia: estuvo también
el ex capitán de corbeta Jorge Eduardo “El Tigre” Acosta,
quien también fue acusado de la apropiación de bebés.
Hasta ayer, Magnacco trabajaba sin culpas en el Hospital Naval. Hoy no
podrá, como hacía todos los días, a acercarse hasta
el edificio de Parque Centenario.
EL
GOBIERNO RECHAZO UN PEDIDO DE ALEMANIA
Contra la justicia universal
El principio de territorialidad
ha sido adoptado en el ordenamiento interno. Ello implica que las autoridades
judiciales argentinas son las competentes para pronunciarse respecto de
los delitos cometidos en su territorio.” Con estos argumentos el
gobierno argentino expresó que está dispuesto a defender
a los militares acusados de violaciones a los derechos humanos en base
a un supuesto principio “de soberanía”. El Ministerio
de Relaciones Exteriores fijó su posición en una respuesta
a la embajada alemana, que pidió colaboración en el juicio
por los desaparecidos de ese origen.
La fiscalía de Nuremberg, a través de la embajada, había
solicitado al Gobierno argentino asistencia jurídica para investigar
la desaparición de Pablo Armando Lepíscolo y el secuestro
de Betina Ruth Erenhaus, quien fue liberada de la Escuela de Mecánica
de la Armada dos días después de su detención, luego
de haber sido sometida a torturas. La intención de los fiscales
alemanes era interrogar a una docena de sospechosos.
El Gobierno utilizó como argumentos para rechazar la solicitud
de Alemania el hecho de que los casos fueron tenidos en cuenta en el juicio
a las Juntas y en que existen los Juicios por la Verdad. Pero. sobre todo,
hizo hincapié en “la aplicación del principio de territorialidad”
como “expresión de soberanía”. Así, abandonó
las ambigüedades que había utilizado al desestimar las órdenes
de detención contra los 48 militares ordenadas por el juez español
Baltasar Garzón.
Rodolfo Yanzón, abogado de los familiares de los desaparecidos
alemanes, aseguró que está evaluando “denunciar al
Gobierno en el plano internacional por la persistente violación
a principios elementales de justicia en perjuicio de las víctimas
y sus familiares”. Yanzón rebatió los argumentos oficiales
al explicar que en el juicio a las Juntas sólo fueron enjuiciados
los ex Comandantes mientras que en Alemania podrían ser juzgados
los represores de la ESMA que fueron autores materiales y encubridores
del secuestro. “El alegado derecho a la Verdad resulta inconsistente
ya que el pedido de colaboración es a los fines de persecución
penal y, por ende, hace el derecho a la protección judicial y a
garantías judiciales contemplados en la Declaración Americana
de los derechos y Deberes del Hombre y la Convención Americana”,
afirmó el abogado. Desde Alemania, el ministro de Justicia de Baviera,
Manfred Weiss, calificó la decisión como un “revés”
y manifestó que “la Fiscalía de Nuremberg precisa de
la ayuda de las autoridades argentinas”. Y se esperanzó con
que el rechazo “no haya sido la última palabra”.
|
