Por Andrés Osojnik

Hugo Cabrera estuvo preso tres meses por robo de auto. María Florentín tuvo una causa por contrabando de esmeraldas. A Nancy Azcarraga la detuvieron con tres kilos y medio de cocaína. Walter Benítez y Jorge Franco pasaron siete meses y 19 días tras las rejas como cómplices del robo de un local de lotería. Pero en todos los casos, la Justicia demostró que eran inocentes: todos fueron víctimas de operativos truchos armados por policías de la Federal. Los cuatro casos forman parte de un extenso informe de la Procuración General de la Nación que documentó 55 hechos de esa naturaleza en los últimos seis años. Los cuatro mencionados (más otros dos) ocurrieron durante la actual jefatura de Rubén Santos, pese a su explicación de que eran hechos de gestiones anteriores. Es más: según consta en el informe, la mayoría de los policías involucrados sigue en actividad y muchos fueron ascendidos. Con el informe en la mano, dos funcionarios de la Procuración se presentarán hoy en la Cámara de Diputados para advertirles a los legisladores que si concretan el proyectado aumento de las facultades policiales, también se incrementará este tipo de irregularidades.
La embestida de la Procuración General se puso en marcha en paralelo a la anunciada iniciativa del Gobierno para que la Policía Federal pueda interrogar en el lugar del hecho a un sospechoso y hacer requisas sin orden judicial. El PJ agregó al paquete que se elimine la exigencia de que esos procedimientos se hagan con testigos ajenos a la Policía.
El proyecto se discutirá hoy en la comisión de Legislación Penal y todo indica que mañana llegará al recinto. Precisamente, a la reunión de la comisión asistirán los dos representantes de la Procuración: el fiscal general de Política Criminal, Maximiliano Rusconi, y el subdirector Daniel Rafecas.
Ambos integran una comisión especial formada en junio del año pasado por el procurador Nicolás Becerra para investigar la aparición de causas armadas por miembros de la Federal. El resultado del trabajo es el informe en el que se documentan 55 de esos hechos, ocurridos todos con una matriz calcada: personas humildes engañadas por una persona vinculada a la Policía que terminan acusadas de los más diversos delitos. A los procedimientos en los que son detenidos acuden muchos medios, avisados por la propia policía. El objetivo del fraude es mejorar la imagen policial.
En diálogo con este diario, Rusconi explicó que el motivo de su visita a Diputados será advertir a los legisladores sobre los riesgos de que la policía tenga más poder: “En muchos casos –explicó–, las irregularidades pudieron ser detectadas gracias a la presencia de los dos testigos que la policía está obligada a poner en los procedimientos. Si se eliminan esos testigos y además la policía tiene capacidad autónoma para interrogar y requisar, las condiciones para fraguar causas se acrecentarán”.
Cuando el tema de las causas truchas salió a luz, el jefe de la Federal, Rubén Santos, se defendió diciendo que se trataba de hechos ocurridos antes de su gestión. Ahora, el documento –al que tuvo acceso este diario- refuta aquel argumento: seis de los 55 casos detectados ocurrieron luego de su asunción en la Jefatura, en enero de 2000. A continuación, los detalles de los cuatro casos que mejor ilustran el sistemático método de inventar causas y llevar a prisión a inocentes para mejorar estadísticas, lograr apariciones en los medios y, en última instancia, lograr ascensos en la estructura policial. Los cuatro son de la gestión Santos.
- Esmeraldas. El 21 de junio de 2000, el hotel Libertador, de Córdoba y Maipú, fue un escándalo: cuatro personas (María Florentín, Ernesto Albornoz, Daniel Regúnaga y Daniel Silva) fueron detenidas, acusadas del contrabando de piedras preciosas. El procedimiento fue presentado como el contrabando del siglo: los acusados fueron mostrados ante cámaras esposados y encapuchados en el hotel. El botín en cuestión eran 132 piezas de esmeralda. Los cuatro fueron incomunicados y encarcelados. Pero el 7 dediciembre, el juez Jorge Brugo los sobreseyó. Las pericias demostraron que las 132 piezas eran en realidad piedras vulgares. Y que todo el operativo fue una puesta en escena. El 6 de abril quedó radicada la denuncia contra los cuatro policías de Delitos Federales que intervinieron en el hecho.
- Robo. Según la versión policial, el 4 de febrero del año pasado, tres efectivos de la 45ª notaron sospechoso el movimiento de un Fiat Uno frente a un restaurante de Segurola y Nogoyá. Hicieron sonar la sirena del patrullero y hubo un intento de fuga, pero el auto se subió a la vereda. El que conducía salió a los tiros y los policías respondieron tirando al aire. El acompañante, Hugo Cabrera, no pudo salir porque la puerta quedó atascada. El auto era robado y el hombre fue apresado, acusado de robo con armas: su familia se enteró de la detención por televisión. Pero la investigación demostró que Cabrera, un changarín de 32 años, había sido “contratado” por el conductor del Fiat Uno para trabajar en una mudanza. Hacia ella se dirigían, supuestamente, cuando ocurrió el hecho: el conductor no era otra cosa que cómplice de los policías. El 25 de abril pasado, el juez Larrain sobreseyó a Cabrera y mandó a investigar a los policías.
- Cocaína. La droga “plantada” a inocentes es un clásico de las causas fraudulentas. Nancy Azcarraga y Adid Gutiérrez Pardo son bolivianos. Ella, una doméstica con 200 pesos de sueldo; él, un albañil desocupado. El 3 de mayo de 2000, seis policías de Delitos Federales los detuvieron en Bartolomé Mitre y Azcuénaga, en un operativo iniciado por “olfato” policial y culminado con la profusa presencia de medios. La causa llegó a juicio oral el mes pasado: el tribunal absolvió a los imputados y ordenó investigar a los policías, a los que acusó de montar una misse en scène.
- Asalto. Walter Benítez y Jorge Franco son dos desocupados que viven en un refugio para desempleados en Virrey Ceballos 715. El 27 de abril de 2000 llegó allí una mujer que pedía dos personas para trabajar de changarines en una mudanza. Con ella fueron en un taxi. Los hizo bajar en 24 de Noviembre e Yrigoyen. Justo en ese momento, asaltaban un local de lotería en Yrigoyen 3120. Y dos policías de la División Leyes Especiales, que también estaban justo allí, los detuvieron. La mujer escapó. El juicio oral del 15 de diciembre determinó que la mujer era la “carnada” que mordieron los inocentes. Estuvieron presos siete meses y 19 días.

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