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Por Javier Lorca
 Los rectores dieron ayer su
primer y demorado paso hacia la definición de una cuestión
que están discutiendo desde 1992: el establecimiento de criterios
objetivos para distribuir el presupuesto entre las universidades públicas.
En un plenario del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), ratificaron
que sólo aplicarán nuevos parámetros de reparto si
antes se produce un aumento presupuestario. Y acordaron que esas pautas
se basarán en cuatro ejes principales: la magnitud de las universidades
(si son grandes, medianas o pequeñas), los índices de rendimiento
académico, el porcentaje de recursos que destinan a pagar salarios,
y las actividades de investigación, posgrado y extensión.
Hoy, las 37 universidades nacionales disponen de un presupuesto anual
de 1800 millones de pesos. Desde que asumió el Gobierno, la Alianza
puso la cuestión de la distribución presupuestaria en la
agenda de las universidades y, este año, la cartera que conduce
Andrés Delich casi que fijó un ultimátum. El acuerdo
alcanzado ayer, según confió un rector, es “un híbrido
de una propuesta hecha por el Ministerio de Educación y de un proyecto
presentado por la Universidad de Río Cuarto”.
Pese al avance, los rectores se plantaron en una vieja convicción.
“Estamos de acuerdo en que los nuevos criterios se van a aplicar
sobre cualquier aumento que haya sobre el presupuesto del 2001”,
explicó a este diario el rector de la Universidad de Buenos Aires,
Oscar Shuberoff. Consultado por Página/12, el rector de la Universidad
de San Martín, Daniel Malcolm, consideró que, de todos modos,
“se trata de un avance muy positivo de las universidades en la búsqueda
de mayor eficacia en el uso de sus recursos”. Y agregó: “Además,
si no hay nuevas pautas y criterios objetivos de distribución,
va a ser mucho más difícil que haya aumentos de presupuesto”.
Concretamente, la resolución indica: “Se propone que los componentes
de un sistema de distribución sean los siguientes, entendiendo
que serán aplicados al 100 por ciento de los incrementos presupuestarios
que se alcancen”. Luego detalla esos componentes. El primer criterio
apuntará a que “todas las universidades nacionales, previa
justificación de sus realidades y necesidades, se puedan acercar
a un determinado porcentaje en el inciso 1” (el inciso destinado
al pago de salarios). El acuerdo sugiere que ese porcentaje podría
ser del 82 por ciento, cuando en la actualidad la mayoría de las
instituciones supera holgadamente esa cifra. El segundo parámetro
se derivará “en función del tamaño de cada universidad,
los factores de economía de escala, como así también
el índice de rendimiento y la complejidad de la oferta académica”:
se tendrán en cuenta la cantidad de alumnos y de recursos que manejan,
el rendimiento académico, la deserción, la retención
y el tipo de carreras dictadas. “Hay carreras que tienen más
insumos que otras. Algunas requieren solamente aulas y otras necesitan
también laboratorios. El costo por alumno es muy diferente entre
Derecho y Ciencias Exactas”, explicó Malcolm. La última
variable a tener cuenta será si las instituciones realizan proyectos
de investigación, dictan cursos de posgrado y organizan actividades
de extensión. En las próximas semanas, los rectores se abocarán
a definir cómo se ponderará cada criterio y con qué
índices se los medirá.
Además del acuerdo –un claro gesto de los rectores para el
ministro Delich, que reabrió el debate sobre el financiamiento–,
el CIN reclamó los fondos recortados en 1999 y 2000; “la equiparación
con las universidades privadas con respecto a la reducción en el
pago de aportes patronales”; y solicitó que se dé prioridad
a las universidades como consultoras del Gobierno; entre otros puntos.
Consulta
y marcha nacional
La
Federación Universitaria Argentina realizará hoy y mañana
una consulta nacional estudiantil para que los universitarios opinen
sobre la propuesta oficial de aumentar el impuesto a las ganancias
que pagan los padres de los alumnos. “Es necesario rechazar toda
maniobra que, detrás del maquillaje de la `equidad’ pretenda
recaudar fondos con un impuesto a la educación”, señaló
el titular de la federación, Manuel Terrádez (Franja
Morada). Con el mismo objetivo, la FUA convocó a todas las
federaciones regionales a participar de una movilización nacional,
que se realizará pasado mañana. La concentración
comenzará a las 18, en Córdoba y Junín, desde
donde se marchará hasta la sede del Ministerio de Educación. |
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Para
el tiempo libre... (si queda)
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Teatro.
Dentro del ciclo Teatro por la Identidad, se exhibirá Las
letras de mi nombre. Mañana, a las 19, en Económicas
(UBA), Uriburu 763. Gratis.
Artes. Escultura, talla de madera, pintura y dibujo son algunos
de los cursos abiertos que da el IUNA, en la Prilidiano Pueyrredón.
Informes: 4812-6787, extensioncultural\uol.com.ar.
Paz. Del jueves al sábado, un equipo de Poder Ciudadano
capacitará a maestros y padres para resolver conflictos pacíficamente.
En la Escuela 64 de Las Heras (Santa Cruz). Informes: 4375-4925,
[email protected].
Video. La Utpba inscribe en el taller Introducción al lenguaje
audiovisual. En Alsina 779, 4343-1135/45.
Taller. El Centro Alpha dará el taller “Herramientas
para justificar la corrección de la producción escrita”.
El jueves, a las 18.30, en Córdoba 991, 2º “A”,
4322-8932.
Jornadas. Hoy y mañana se harán las quintas
Jornadas Universitarias de Publicidad de la UP. Informes: Mario
Bravo 1050, piso 1º, 4964-4646.
Español. Del Sur, escuela de español, inscribe
para sus cursos de capacitación. En Bernardo de Irigoyen
668, piso 1º, 4334-1487; [email protected].
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OPINION
Por
Hernán Rossi *
Sobretasa, arancel y cupos
La propuesta
de aplicar una sobretasa en el impuesto a las Ganancias a los padres
de los estudiantes universitarios con ingresos mayores de 2 mil
pesos mensuales no resulta una alternativa al arancel. Es arancelamiento
puro: rompe con la tradición que estableció en la
Argentina que la educación no es base imponible, por ser
un derecho de todos los ciudadanos. Sería, además,
un nuevo golpe al bolsillo de la clase media que, ahora sí,
debería discutir seriamente la posibilidad de que sus hijos
concurran o no a la universidad. También desconoce intencionalmente
que la educación superior en la Argentina no es gratuita,
es no arancelada, ya que los estudiantes (y sus familias) tienen
que sostener el costo de los estudios (transporte, vivienda, libros,
etc.).
Financiamiento, ingreso y egreso. Arancel, cupos y títulos
habilitantes. Allí empieza y finaliza el debate que nos proponen
a dúo el ministro y su antecesor. Pobre debate en un país
cuya única salida parece ser cada vez más la universalización
de la educación. Al respecto, y para los que hacen de la
comparación de sistemas su caballito de batalla, decimos
que, por ejemplo, en Alemania el Estado está planteando que
hoy el país posee un déficit de 250 mil graduados
para cubrir la demanda de su sistema productivo. Un estudio reciente
de la Comunidad Económica Europea arriba a conclusiones similares.
El debate es entonces claramente ideológico, de modelo productivo
y modelo de país. La Comisión para el Mejoramiento
de la Educación Superior (la Comisión Juri) inició
su accionar como era previsible: poco debate y mucho circo. Lo más
grave reside en las verdaderas intenciones que su creación
desnuda: legitimar propuestas (el proyecto Petrei es sólo
una) elaboradas hace tiempo por técnicos y burócratas
enemigos de la universidad que son, fueron y serán rechazadas
por la comunidad universitaria.
Franja Morada no va a rehusar el debate. Queremos discutir el problema
del financiamiento desde el rol indelegable del Estado y la gratuidad,
pero también desde la necesidad de transparencia en el uso
de los recursos. Además insistimos en la insuficiencia presupuestaria
que hoy sufren las casas de estudios. Por eso, y porque no desconocemos
la delicada situación del país, proponemos buscar
paliativos que refuercen el financiamiento directo sin afectar la
gratuidad, como la contribución solidaria de los graduados
en base a la renta diferencial, o el papel de las universidades
como consultoras del Estado. Sin embargo vamos a ser más
contundentes que nunca: debatir el financiamiento de la educación
superior es debatir el financiamiento del Estado, es decir la forma
en que se distribuyen los recursos de la Argentina.
* Secretario general de la Mesa Nacional de Franja Morada. También
firman los adjuntos Mariano Sein y Marcelo Guouman.
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