María Julia Alsogaray puede ser la próxima. Este jueves el juez Jorge Urso, el mismo que ordenó la prisión de Carlos Menem, indagará a la ex polifuncionaria que se encargó de privatizar los teléfonos y Somisa y terminó ocupando la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente Humano.
Urso tiene en su poder dos causas que involucran a María Julia. En una es sospechosa del pago de sobreprecios millonarios a proveedores cuando era interventora de ENTeL. En esa causa los cargos son administración fraudulenta y malversación de fondos, y María Julia carga con altas probabilidades de ser procesada. En la misma causa, el fiscal Carlos Cearras la acusó de liderar una asociación ilícita, otro delito que la podría llevar directamente a la cárcel. Este mes, además, la Cámara Federal confirmaría su procesamiento por enriquecimiento ilícito.
En otra causa, el magistrado también evalúa la responsabilidad de María Julia en el pago de hasta el 6.000 por ciento de más en la organización de la Cuarta Conferencia sobre Cambio Climático, en 1998.
La ex secretaria de Recursos Naturales ya fue acusada por el juez Juan José Galeano de haber aumentado su patrimonio con maniobras ilegales en al menos dos millones de dólares mientras ocupó distintos cargos durante el gobierno de Menem. Y por ese motivo, tiene prohibido salir del país sin pedir permiso a su señoría. Urso y Cearras investigan uno de los casos que más podrían comprometerla y agregarle otro procesamiento: el supuesto sobrepago de unos 100 millones de dólares a proveedores de la ex ENTeL.
El expediente de la vieja empresa de telecomunicaciones empezó con la detección, en 1992, de un pago cercano a los 10 millones de más de la ex ENTeL a la empresa Pecom-Nec que, de hecho, la firma tuvo que devolver al Estado. El fiscal Cearras pidió hace ya tres años por primera vez la indagatoria de Alsogaray y, en su última insistencia ante el juez, sostuvo que había pruebas para interrogarla como sospechosa de asociación ilícita, el mismo delito por el que fueron presos Menem, su cuñado Emir Yoma, el ex ministro Erman González y el ex jefe del Ejército Martín Balza.
Una de las hipótesis de la fiscalía es que habría existido un mecanismo por el cual un mismo pagaré su usaba varias veces para pagar a un mismo proveedor mucho más de lo pactado. Una parte del dinero extra posiblemente se hayan derivado a coimas destinadas a los funcionarios, entre ellos los que estaban ligados a la privatización telefónica. También podía ocurrir que un mismo pagaré se usara para abonar a distintas empresas. Cearras apoyó su acusación especialmente en un análisis contable dirigido por el decano del cuerpo de peritos contadores de la Corte Suprema, Alfredo Peralta. Al analizar el caso de Pecom-Nec, del grupo Perez Companc, los peritos los peritos señalaron que efectivamente había pagos “sin causa” hechos por ENTeL en 1991. El propio Peralta declaró en la causa, y profundizó sus conclusiones al respecto.
La causa sobre la conferencia sobre clima comenzó con una denuncia de la Oficina Anticorrupción (OA) que señaló al juez que aunque el costo del evento había sido calculado en un comienzo en 4.018.807 dólares finalmente costó 12.763.709. Por ejemplo, por la coordinación del evento se pagaron 300 mil dólares aunque es un servicio que sin mucho regateo podía costar 4.800, según estimaron en la OA. El alquiler de mesas y sillas costó más que comprarlas. El comité organizador estaba presidido por María Julia y por Santiago Bignoli, el ingeniero a quien ella le encomendó la remodelación del petit hotel donde vive, disparador de la pesquisa por enriquecimiento ilícito en su contra.
Urso citó a María Julia a comienzos de marzo y desde ese entonces la ingeniera afila las garras. Cuando renunció a los servicios de los abogados Oscar Rabinobich y Roberto Eliosoff, creyó que podría defenderse sola pero los jueces que tienen causas en su contra la obligaron a tener un defensor oficial. Le tocó contar con los servicios de Perla Martínez de Buck, la misma que defiende en la causa por la venta ilegal de armas al ex titular de Fabricaciones Militares, Luis Sarlenga, y que tuvo que asistir ante la Justicia al genocida Alfredo Astiz. A través de su letrada, hace diez días Alsogaray hizo una presentación espontánea ante el juzgado en la que intenta demostrar que ella, a pesar de su rol de interventora de ENTeL, no fue responsable por los sobrepagos a los proveedores. Dice, por ejemplo, que el síndico de aquel entonces era quien certificaban todos esos desembolsos, según explicaron a este diario en la Defensoría General de la Nación.
A simple vista, ese argumento no alcanza para explicar qué hacía a mediados del año 2000 una parva de pagarés originales por más de 20 millones de dólares, que había pagado ENTeL a cinco proveedores, en una caja de seguridad en la sede central del Banco Nación que sólo tenían autorización para abrir María Julia y uno de sus colaboradores. Dos nuevos misterios se abrieron ante el hallazgo para los investigadores: ¿por qué la caja llevaba cinco años cerrada? y ¿para qué María Julia tenía esa caja si la ex ENTel tenía dos cajas propias en su sede de San Martín 320?
Ese descubrimiento accidental de uno de los auditores de ENTel residual estaba en sintonía con un informe que venía elaborando la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y que fue entregado a Cearras a comienzos de enero de este año. El fiscal ya estaba investigando mecanismos de sobrepago similares al del caso de Pecom-Nec pero en relación con las empresas Siemens, Sade, Pirelli y Telettra. En la caja fuerte del Nación había pagarés a favor de todas ellas.
En una análisis de varios casos juntos la Sigen, que conduce Rafael Bielsa, advirtió que entre los papeles de la ex ENTeL, había 6.000 pagarés por un valor estimado 400 millones de dólares sin ningún tipo de respaldo contable, 17 cheques originales por 90 mil dólares para ENTeL que María Julia había endosado pero que nunca fueron depositados, pagarés mellizos y una liquidación de una deuda a favor de Meller S.A por una suma 142 por ciento superior a la deuda real por un aparente error en el cálculo de intereses, entre otras cosas.
Si Urso indagará a María Julia por este tipo de manejos sospechosos, puede encuadrarlos en principio en dos delitos –defraudación y malversación de fondos– que son excarcelables. De todos modos, la investigación del fiscal fue más allá y nada impide que Urso, si cree conveniente, cambien la calificación. Si la acusaran de comandar una asociación ilícita, iría presa como algunos de sus ex compañeros de gestión. Pero tampoco dormirá tranquila si eso no sucede. Si un tribunal oral la condena por enriquecimiento ilícito y también va a juicio por esta historia de los super sobrepagos a las empresas amigas quizá el trámite demore más pero también puede terminar presa.

LA POLIFUNCIONARIA PREDILECTA DE CARLOS MENEM
Apogeo y decadencia de Alsogaray (h)
Por Luis Bruschtein

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