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 El
Gobierno dio a conocer a través de la ministra de Trabajo, Patricia
Bullrich, la aplicación de la polémica Ley de Reforma Laboral
que promueve el fin de la vigencia indefinida de los convenios colectivos
de trabajo, lo que se conoce como ultraactividad. El anuncio se produce
mientras todavía se debate la crítica situación de
Aerolíneas Argentinas, el encarcelamiento de Carlos Menem y el
estado de salud del Presidente. En tanto, para el secretario de Prensa
de la CGT rebelde, Julio Piumato, la iniciativa oficial “es una respuesta
al paro nacional” del viernes pasado, pero que además busca
“reducir los salarios y precarizar aún más las condiciones
laborales”.
La ministra presentó la iniciativa como parte de la estrategia
del presidente Fernando de la Rúa para acelerar el proceso de reactivación
económica y se tradujo en la resolución 309 de la cartera
que ella conduce. De esta forma la Alianza convoca a discutir nuevas pautas
laborales que tendrán que acordarse entre el 23 de julio y el 31
de diciembre de este año, y comprende a cerca de 400 convenios.
Sólo siete artículos tiene la resolución y establece
que el 25 de junio próximo se deberá publicar el cronograma
de convocatorias a negociaciones. A partir de ese día, gremios
y empresas tendrán dos años para alcanzar un acuerdo. Al
decir de la ministra, los trabajadores y empleadores podrán adecuar
las normas convencionales, “no sólo al sector geográfico,
sino también a las características de la actividad industrial
o la empresa donde se desarrolle”.
Piumato interpretó que el anuncio de Bullrich “tiene otro
objetivo y es desviar la atención a un tema mucho más importante
y que atañe a su cartera que son las cifras de desocupación
que hay en el país y la ausencia de políticas que debería
implementar la ministra para disminuir este flagelo”.
Pero a este punto el dirigente del gremio judicial le agrega un detalle
más y tiene que ver con la ley a la que hace referencia la resolución
ministerial: la Reforma Laboral. “Esta ley es nula y anticonstitucional.
Fue aprobada gracias a los sobornos por lo que está en tela de
juicio la capacidad de los legisladores que la votaron”.
Un razonamiento similar realiza el asesor legal de la CTA, Horacio Meguira,
quien recuerda que Reforma Laboral –a la que denomina “ley Banelco”
por aquella frase que se le atribuye al entonces ministro de Trabajo Alberto
Flamarique– “tiende a la rebaja salarial”.
El asesor de la central que conduce Víctor De Gennaro sostiene
que el esquema por el que se provoca la caída del salario es “sutil”
porque obliga a los sindicatos a negociar ya que en caso contrario el
convenio cae. Y si durante las discusiones no hay acuerdo, cualquiera
de las partes –a diferencia de los actuales convenios colectivos–
podrá pedir el arbitraje del ministerio, lo que se conoce como
el “Servicio Federal de Mediación y Arbitraje”.
En cuanto a este servicio de mediación, Meguira advierte que es
posible que el Ministerio se tope con una dificultad para aplicarlo y
que será la constitución de la comisión negociadora:
“Muchas de las cámaras empresarias que firmaron los convenios
anteriores han desaparecidos o están inactivas fruto de la crisis
económica de tantos años”.
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